|
En Antioquia particularmente, la Dirección Seccional
de Salud -DSSA- debe sumas considerables a hospitales y clínicas
de segundo y tercer nivel que prestan atenciones no cubiertas
por el Plan Obligatorio de Salud -POS-, por lo que éstas
están asumiendo las responsabilidades de la cobertura
que el Departamento de Antioquia no asume por falta de recursos.
Para el director seccional de salud, Carlos Mario Montoya,
las fallas que tienen en entredicho la implementación
de la cobertura universal provienen de su concepción
inicial, donde no se consideró que mayor aseguramiento
iba a generar mayor demanda, iba a incrementar la identificación
de patologías, y a su vez, la demanda de atenciones
de mayor nivel de complejidad no cubiertas por el POS. Esto
tiene consecuencias económicas, porque las atenciones
no POS corren por cuenta del Departamento; o consecuencias
jurídicas, porque muchas reclamaciones terminan en
tutelas que también las paga el Departamento. De hecho,
en 2006 la DSSA tuvo una facturación por $190.000 millones,
de los cuales el 45% eran atenciones no POS subsidiadas, cuando
antes sólo llegaban al 20%.
Además, mientras la bolsa de recursos destinada a población
pobre no asegurada y atenciones no POS disminuyó, la
demanda de servicios aumentó, generando un déficit
para la DSSA. Con la cobertura universal esa bolsa tuvo que
dividirse en dos, para garantizar el régimen subsidiado
junto con los municipios y la Nación, y para los vinculados
y atenciones no POS.
Se calcula que este año la DSSA terminará con
un déficit de $100.000 millones: $80.000 millones del
valor trasladado a cobertura universal y $20.000 millones
del déficit de años anteriores. Déficit
que significa cobros jurídicos, demandas y cierre de
servicios por parte de hospitales y clínicas a los
que la DSAA adeuda altas sumas de dinero.
Recursos no fluyen
La cobertura universal fue estructurada para recibir
recursos de la Nación en un 70%, del Departamento 15%
y otro 15% de los municipios. El municipio y el departamento
destinan recursos de rentas propias y del Sistema General
de Participaciones -SGP-, y la Nación de Fidufosyga
y SGP.
En la forma como fluyen estos recursos en el Sistema está
otro escollo que afecta la implementación de la cobertura
universal, sostuvo Carlos Mario Montoya, debido a que los
tres entes de acuerdo con el número de personas identificadas
tienen que destinar los recursos, pero la Nación retiene
dineros si su base de datos no concuerda con la del asegurador.
“La Nación manda un porcentaje por anticipado
para la contratación y el otro cuando cruza la base
de datos de las personas afiliadas con la base de la Nación;
si ambas no coinciden, retiene en el Fidufosyga la plata que
debía enviar; entretanto, las personas bajadas de la
base de datos porque no coincide su nombre, su número
de identificación o aparecen duplicados, siguen teniendo
problemas de salud y solicitando el servicio”, explicó
Montoya.
No obstante, aparezca o no la persona en la base de datos,
si se enferma hay que prestarle el servicio, facturado al
municipio o al departamento, aunque éstos ya hayan
destinado recursos para asegurar esa persona. Una razón
más para que el director seccional de salud de Antioquia
afirme que es urgente hacer ajustes, para que el municipio
devuelva la plata de los que no afilió, y si la Nación
no envió los recursos pero una persona requirió
el servicio, los reembolse al departamento y municipio, y
estos a su vez puedan pagar a clínicas y hospitales.
Ajustes en proceso
Algunas estrategias vienen desarrollando las autoridades
departamentales para contrarrestar las consecuencias negativas
de la cobertura. Montoya enumera que la principal es contener
la demanda en el primer nivel, para que al segundo y tercero
lleguen sólo los casos realmente necesitados de tales
atenciones.
Asimismo, fortalecer el segundo nivel en los municipios para
que contengan la demanda y se descongestionen las IPS en Medellín.
También se están negociando tarifas con IPS
del tercer nivel y se busca recursos para pagarles a través
del Ministerio de la Protección Social, para que además
de los recursos que les debe la Gobernación, se les
entregue sumas que departamentos como el Chocó y entidades
como Caprecom les adeudan.
Nada de vigilancia en Huila
En el Huila la cobertura universal puso de manifiesto
la falta de vigilancia y control, ya que las Empresas Promotoras
de Salud -EPS- del régimen subsidiado no quieren contratar
con hospitales de 2 y 3 nivel como el Universitario de Neiva,
que viene aumentando sus gastos en procedimientos no incluidos
en el POS y atención a personas pobres.
Por esta razón también están en desequilibrio
los hospitales de Pitalito, Garzón y La Plata, únicos
que prestan servicios de mediana complejidad y cubren el 80%
de las camas en la provincia. Estos hospitales aún
no están en déficit, pero sólo el de
Garzón está dejando de percibir $80 millones
mensuales, $1.000 millones al año.
En la esperada intervención de la Supersalud, se ha
pedido a los alcaldes que revisen la oferta de servicios e
inicien investigaciones. De hecho, una EPS que no podía
garantizar la red fue multada por $150 millones, pero sigue
operando igual porque recibe utilidades anuales de $3.000
millones.
Otro es el caso del primer nivel, porque los 37 municipios
del Huila son descentralizados y cada uno hace sus contratos
e invierte en sus propios hospitales. Los municipios no tienen
deudas con las EPS y estas han sido presionadas por los mismos
alcaldes para que paguen a los hospitales, gracias al trabajo
realizado por la Seccional de Salud buscando que las EPS que
no estuvieran al día no pudieran contratar en abril
pasado.
Según evaluaciones de la Seccional, el primer nivel
estaría sobre-financiado, pero se busca acordar los
porcentajes de capitación por niveles, para que no
haya excesos en el primer nivel y se balancee entre los niveles
2 y 4.
En cuanto a la Dirección Seccional, asegura García,
aunque tiene muy aumentado el gasto no tiene grandes deudas
por prestación de servicios, las cuales puede manejar
con los recursos de regalías que recibe por ese concepto
y por ampliación de cobertura.
Falta infraestructura
Aún con las dificultades existentes, para el
Huila tener la cobertura universal es el logro social más
grande en mucho tiempo, porque pasó de tener 338.000
afiliados en el subsidiado a 715.000 a fines de 2006.
En general, el proceso generó un incremento sustancial
en las atenciones de 1, 2 y 3 nivel, en los procedimientos
no incluidos en el POS, y en las remisiones en servicios que
no presta el Huila, como transporte aéreo de pacientes,
trasplantes y quemados. El departamento no posee la infraestructura
para atender estos casos y la provincia tampoco cuenta con
médicos especializados, porque no quieren trasladarse
aunque se les ofrecen sueldos jugosos. No obstante, de departamentos
vecinos como Tolima, Putumayo, Caquetá y Cauca están
migrando al Huila, pensando encontrar servicios de salud.
Arauca marcha, a ritmo de regalías
La situación de Arauca difiere de Antioquia y Huila,
en cuanto los recursos que percibe por regalías le
permiten estar al día con las IPS; además, su
población de 289.000 personas es considerablemente
más reducida. Sin embargo, hay un incremento de servicios
de alto costo prestados a personas que llegan de Venezuela,
Boyacá, Santander, Cesar, Casanare y Vichada, asumidos
todos por la Unidad de Salud.
Si bien no ha alcanzado cobertura del total de la población,
Arauca avanza en el proceso y no reporta problemas con los
envíos de la Nación, afirma Alberto Fernando
Castro, director de la Unidad de Salud de Arauca. Y la Secretaría
de Salud municipal de Arauca fue pionera al implementar la
cobertura universal a través de regalías, sin
cofinanciación con el departamento, mientras los demás
municipios si establecieron este convenio.
Hasta ahora, la mayor dificultad es el incumplimiento de las
EPS del régimen subsidiado que constantemente devuelven
y no atienden las personas, campesinos en su mayoría,
aduciendo que el servicio o medicamento que requieren no está
en el POS. “Es un problema que tiene todo el país,
y mientras no ponga en cintura a las EPS del esfuerzo de la
Nación y los departamentos, no habrá resultados”,
asegura Castro, quien se plantea otro dilema sobre el futuro
de la contratación de 2008, “porque debe haber
recursos estipulados en los presupuestos y se desconocen las
intenciones de los próximos gobernantes, que podrían
excluir del sistema de salud a los beneficiarios incluidos”.
Casanare adolece de primer nivel
En este departamento de 300.385 personas, donde 244.100
pertenecen al nivel 1 y 2 del Sisbén, la cobertura
universal llegó para constatar que desde el primer
nivel de atención se presentan las fallas más
grandes del sistema de salud.
Según el Director de Seguridad Social del departamento,
Rafael Garizábal Gómez, la red pública
de 16 hospitales de primer nivel adolece de servicios de calidad,
de profesionales con especialidades propias de ese nivel y
de dotación, caso de los hospitales de Paz de Ariporo,
Villanueva y Yopal. Afirma que no poseen recursos propios
en los municipios, porque la población es pequeña
y la venta de servicios no da para mantener los hospitales
y pagar al personal.
Sin embargo, están buscando que la Ley de Regalías
les permita transferir un porcentaje al primer nivel y realizar
actividades de promoción y prevención que no
pueden ejecutar por falta de dinero, como la vacunación
de población indígena que está muy dispersa
y hay que buscarla en avioneta.
Entre tanto, el hospital de segundo nivel de Yopal, centro
de referencia para Arauca, Meta y Vichada, con una sola Unidad
de Cuidados Intermedios, vive congestionado porque llegan
todas las personas que en el primer nivel no encuentran alivio
a sus problemas. Muchas, según la urgencia, tienen
que remitirse a Bogotá en avión, ya que por
carretera tardarían 7 u 8 horas. Estas remisiones le
cuestan al departamento, a un ritmo de 3 viajes cada semana,
$1.800 millones al año, que podrían dejar de
pagarse a empresas privadas de trasporte y destinarse a cualificar
los agonizantes hospitales de primer nivel.
Casanare invirtió en 2006 en cobertura universal $4.951
millones por concepto de regalías y cero pesos de recursos
propios de los municipios. Y en 2007 invirtió alrededor
de $8.131 millones por concepto de regalías.
|
