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Con tantas promesas en lista
de espera, cuando se expida en Colombia un manual tarifario
para el sector de la salud, probablemente nadie va a creerlo.
Ahora vuelve y juega: el gobierno nacional incluyó la
iniciativa en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, y la
idea tiene amigos fervientes y enemigos enconados. En tanto,
el mercado de los servicios de salud, con más vendedores
que compradores, es manzana de la discordia entre los bandos
de la regulación del mercado y la guerra de precios.
No pocos intentos fallidos registra el anhelado manual tarifario.
El presidente Uribe prometió en el punto 56 de su Manifiesto
Democrático incluir ese manual -concebido como “garantía
de tarifas equitativas para médicos y profesionales afines”-,
en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 y se comprometió
a sacarlo adelante con la asesoría de la Asociación
Colombiana de Hospitales y Clínicas -ACHC-.
El manual propuesto por esta asociación recogía
el acuerdo suscrito en Bogotá en 1999 por el Ministerio
de Salud, la ACHC, el ISS y Acemi, para implementar un manual
tarifario con base en CUPS (Clasificación Única
de Procedimientos en Salud), pero ese trabajo quedó atrapado
en el Ministerio de Hacienda y no fue adoptado por el gobierno.
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En febrero de 2005,
el entonces viceministro de Salud, Eduardo Alvarado, aseguró
en Medellín que al mes siguiente se estrenaría
ese instrumento que señaló como urgente para “regular,
dar un margen razonable para que la gente pueda escoger una
mejor opción de mejor calidad”, como catalizador
del equilibrio entre aseguradores y prestadores, y como control
a los abusos de sectores dominantes atrincherados en su poder
de contratar inmensos volúmenes de servicios. Menos mal
que era “urgente”...
El manual de tarifas mínimo revivió en el Plan
de Desarrollo 2006-2010, ya que en el artículo 42 se
corrige el defecto normativo del artículo 41 del anterior
Plan de Desarrollo (2002-2006), declarado inexequible por la
Corte Constitucional porque “no especificaba entre qué
actores de la seguridad social eran las tarifas mínimas”.
Ahora el artículo 46 del nuevo Plan reza: “El gobierno
nacional establecerá un manual de tarifas mínimas
de obligatoria aplicación para las Empresas Administradoras
de Planes de Beneficios y los prestadores de servicios de salud
públicos y privados, para la compra y venta de actividades,
intervenciones, procedimientos en salud y servicios hospitalarios,
contenidos en el Plan Obligatorio de Salud del régimen
contributivo y el régimen subsidiado / Parágrafo:
Las tarifas mínimas serán fijadas en salarios
mínimos diarios vigentes, y deberán ser expedidas
a mas tardar a los 6 meses de expedida la presente ley”.
Además, en la Ley 1122, el artículo 7 revivió
el manual como una función de la Comisión de Regulación
en Salud -CRES-: “Establecer y actualizar un sistema de
tarifas que debe contener entre otros componentes, un manual
de tarifas mínimas que será revisado cada año,
incluyendo los honorarios profesionales. En caso de no revisarse
el mismo, será indexado con la inflación causada”.
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“Infortunadamente,
se llega a las guerras de
precios donde lo único que importa es el precioal cual
se venda un servicio, por encima de la calidad”:
Elmer Gaviria.
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Minprotección:
“Hay que esperar y mirar…”
Ante inquietudes periodísticas por la suerte
del Manual, el ministro de la Protección Social, Diego
Palacio, declaró poco antes del Consejo Comunitario del
presidente Uribe en Medellín el pasado 22 de septiembre:
“Yo no creo que el problema sea tanto por personas que
lo hayan obstaculizado sino, por ejemplo, que la Corte Constitucional
declaró inexequibles leyes anteriores por la forma como
había sido ordenado el manual tarifario. Ese es un tema
muy complejo, muy difícil, en el cual se está
trabajando. Hay que esperar y mirar, se está trabajando
con el Ministerio de Hacienda y algunos actores del sector,
para ver cómo se puede avanzar. Con el manual tarifario,
el objetivo del gobierno es buscar instrumentos que permitan
mejorar la calidad y la oportunidad de la atención”.
Clínicas y hospitales: “Es
decisión del gobierno”
Juan Carlos Giraldo Valencia, presidente de la Asociación
Colombiana de Hospitales y Clìnicas (ACHC), devolvió
la pelota al campo del gobierno: “Eso es una promesa del
presidente Uribe, es una política suya, él fue
quien pidió que se hiciera ese trabajo, él se
lo prometió a los profesionales y a las instituciones.
Nosotros simplemente ayudamos con unos insumos técnicos
que entregamos al Ministerio de Salud hace más de 3 años,
casi 4. Ya será una decisión del gobierno; que
haga los cálculos y diga si lo va a hacer o no, porque
ya no está en manos nuestras, pero no creo que el sector
salud pueda seguir esperando dilaciones de este asunto. Y otra
cosa que no se puede seguir tolerando en el sistema: que entidades
como el Ministerio de Hacienda y su Dirección de Seguridad
Social sean los que tomen unas decisiones, aduzcan que tienen
unos motivos pero no muestren las cifras. Uno lo que espera
de un gobierno decente es que tenga transparencia y que haya
una rendición de cuentas; ninguna de estas condiciones
se está cumpliendo acá porque no se están
mostrando las cifras. Y es una cosa en materia grave, porque
estamos hablando de las frecuencias de uso”.
Agregó Giraldo Valencia que ”la doctora encargada
de este asunto, en reuniones públicas con la presencia
del hoy ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, ha
dicho que efectivamente tiene unas cifras y no las revela. Esa
es una circunstancia que todo el sector debe conocer y censurar”. |
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“Si se establece
un control de
precios en el sistema de salud, las EPS
van a dejar de ser aseguradoras”.
Acemi.
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EPS
reiteran oposición
Juan Manuel Díaz-Granados, presidente de Acemi
-gremio que agrupa a las EPS-, reiteró la oposición
al manual tarifario: “Las aseguradoras tradicionales no
pueden definir el precio, porque la UPC también la establece
el Estado; no pueden hacer selección de riesgos, ni terminar
las relaciones con los afiliados ni establecer copagos porque
todos estos elementos están predefinidos por el Estado.
Un asegurador tradicional, ¿qué tiene dentro de
su ámbito de gestión? No tiene la posibilidad
de incidir sobre productos, precios, suscripción, selección
de riesgos, terminación de contratos, franquicias ni
deducciones. ¿Qué queda entonces a una EPS para
efectos de ser un asegurador, para asumir la cobertura del Plan
Obligatorio de Salud, y demás prescripciones? Básicamente
gestión de la enfermedad, gestión de la red prestadora
y gestión del costo. El manual tarifario significa la
anulación de la posibilidad de que la aseguradora haga
gestión de costos. En este orden de ideas, si se cambian
las reglas del juego, y se establece un control de precios en
el sistema de salud, las EPS van a dejar de ser aseguradoras,
se les quita su posibilidad de operación en el mercado
y terminarán convirtiéndose en administradores
delegados; eso implicaría un cambio sustancial en su
naturaleza y función, lo cual terminaría desdibujando
al sistema”.
Anotó Díaz-Granados: “Mirando las cifras,
quienes obtienen mayores utilidades son las clínicas
privadas y las públicas, con mejores rendimientos que
las EPS; nosotros no vemos ningún desequilibrio en el
Sistema en contra de clínicas y hospitales. Las cifras
de la ANDI muestran que el año pasado las clínicas
privadas obtuvieron utilidades por más de $370.000 millones;
las clínicas públicas según información
de la Contaduría General de la Nación tuvieron
utilidades por más de $320.000 millones. Quiere decir
que entre IPS públicas y privadas, sin estar completa
la muestra, los rendimientos fueron más de $700.000 millones.
¿Cuánto se ganaron todas las EPS juntas? Ganaron
$14.000 millones y este año van perdiendo $24.000 millones.
¿Un manual tarifario para proteger a quién? ¿A
quien hoy está percibiendo las utilidades, que son las
clínicas y los hospitales? De acuerdo con el estudio
que hizo Acemi sobre la rentabilidad en la seguridad social
y en el sistema de salud, la rentabilidad sobre patrimonio de
las clínicas privadas y hospitales públicos es
superior al 10%, y la rentabilidad de las EPS es de 2% sobre
patrimonio. Hay que ver si hay o no un problema. Hay que diagnosticar
el problema para poderlo corregir adecuadamente. ¿Es
un problema de remuneración al médico? O, ¿el
problema es que las clínicas requieren más utilidades
que los $700.000 millones que se ganaron el año pasado?
Si uno no tiene claro el problema real, no es capaz de resolverlo”,
concluyó el presidente de Acemi.
De tiempo atrás, la Sociedad Colombiana de Patología
Clínica sostiene que con el manual quedaría por
fuera 55% de la oferta del laboratorio clínico en Colombia
y propone incluir en la regulación su Manual de codificación,
nomenclatura y valores de exámenes de laboratorio clínico
2007. Otro argumento realista sobre un manual regulatorio es
el expuesto hace tiempo por el doctor Fernando Ruiz, director
del Cendex de la Universidad Javeriana, quien concluyó
que no existe política capaz de soportar artificialmente
la presión de la sobreoferta de capacidad instalada hospitalaria,
ambulatoria y de recursos humanos, a más de la posición
dominante de los compradores. |
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“Con el manual
tarifario, el objetivo del gobierno
es buscar instrumentos que permitan mejorar
la calidad y la oportunidad de la atención”.
Ministro Diego Palacio.
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Universidad
de Antioquia: la calidad primero
Elmer Gaviria, decano de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Antioquia defendió los criterios científicos
y académicos del debate: “Ese es un tema que se
ha discutido bastante; es importante de todas maneras tener
una regulación de tipo gubernamental desde el punto de
vista de las tarifas, porque al igual cuando analizamos específicamente
los trasplantes, sabemos que son procedimientos de un alto costo
y en muchas oportunidades hay, digámoslo así,
enemigos de su realización cuando en la comunidad se
necesita otro tipo de intervenciones. Soy un convencido de que
son importantes las regulaciones, de que se deben tener análisis
claros de los costos en salud y en algunas acciones benefician
a una población muy numerosa, pero igualmente en el nivel
individual tendremos que desarrollar estrategias para darle
atención a estos pacientes. Es muy importante sentarse
en forma desprevenida a negociar, ha sido muy difícil
la concreción de esta idea, pero llegará el momento
en que se defina, si bien la libre competencia es otro de los
factores que tiene que permitirse. Pero sí estoy convencido
de que no puede interpretarse en salud la parte económica
como el único elemento en la discusión. Yo creo
que por encima de la parte económica está la discusión
académica, científica y la parte de calidad en
la prestación del servicio que necesita un paciente,
porque infortunadamente, se llega a las guerras de precios donde
lo único que importa es el precio al cual se venda un
servicio, por encima de la calidad y los tiempos que se deben
dedicar a los pacientes para su atención”, expresó
el doctor Gaviria.
En éste como en otros tópicos, es imposible dar
gusto a tirios y troyanos. Para algo tan complejo como el mercado
de los servicios de salud en Colombia, cualquier norma regulatoria
queda corta. Como lo expresó hace dos años el
entonces presidente de la Asociación de Profesionales
de la Salud, Ignacio Ruiz, “el manual no será lo
ideal ni dejará a todo el mundo contento, pero sí
evitará que se contraten especialistas a $12.000 y $10.000
por hora”.
De todas maneras, con o sin manual tarifario, es todo el entorno
económico y político del Sistema General de Seguridad
Social en Salud el que necesita una revisión total para
llegar a un mercado con calidad y equidad. |
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