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Mediante el decreto 3260 del los
ministerios de la Protección Social del 28 de agosto,
ratificado con la resolución 3104 del 6 de septiembre
pasado, el gobierno nacional amnistió a las Empresas
Promotoras de Salud -EPS- del régimen contributivo y
otras entidades por la falta de información sobre sus
afiliados. En virtud de esa amnistía, las EPS recibieron
del Fosyga cerca de $469.000 millones, sin necesidad de la identificación
plena de cada uno de sus afiliados (cotizantes y beneficiarios)
del régimen contributivo, por cuentas con corte al 31
de diciembre pasado.
Con esa decisión, las EPS quedaron eximidas de la obligación
de identificar con claridad a sus afiliados, por los cuales
no habían podido cobrarle al Fosyga la Unidad de Pago
por Capitación (UPC) por cada uno de ellos.
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Esta compensación
excepcional que flexibiliza las exigencias para recibir dineros
del Fosyga, ha sido utilizada en otras 4 ocasiones.
De $468.724 millones girados en virtud de la amnistía
el pasado 11 de septiembre, a la EPS del Seguro Social le correspondió
la mitad (algo más de $236.000 millones), en tanto que
otras 15 EPS recibieron el resto. Saludcoop fue la EPS en recibir
el segundo mayor volumen de recursos: casi $53.340 millones.
Frente a la noticia, la editorial del periódico El Tiempo
del pasado 14 de septiembre, titulada Costoso 'borrón
y cuenta nueva', señaló: Mientras se siguen
descubriendo escandalosas inconsistencias en los registros de
afiliados al sistema de salud en el país, el Ministerio
de la Protección Social anuncia que desembolsará
cerca de medio billón de pesos a las EPS por pagos atrasados
por pacientes del régimen contributivo, cuya existencia
no está plenamente comprobada. ( )
Por otra parte,
no se entiende cómo, en lugar de aplicar todos sus esfuerzos
a aclarar semejante confusión en las afiliaciones, el
Ministerio, por la vía fácil, expide el decreto
3260 para desembolsar, en un proceso de 'compensación
extraordinaria', dentro del régimen contributivo, $481.000
millones a las EPS por afiliados sobre los cuales dista de haber
acuerdo entre sus bases de datos y las del Fosyga. Lo más
escandaloso es no solo que pague a las EPS por beneficiarios
que no han podido demostrar, sino que eso se haga por quinta
vez.
Inclusive, el comentario en el sector salud es que el 'borrón
y cuenta nueva' es producto de la presión de las EPS
privadas al gobierno para mejorar su situación financiera,
ya que éstas afirman que en el primer semestre perdieron
$22.000 millones. |