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¿Hacia un colapso en
el
régimen subsidiado de salud?
Iván
Jaramillo Pérez - Consultor ijaramil@cable.net.co -
elpulso@elhospital.org.co
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El 4
de septiembre pasado en la Comisión Séptima del
Senado, el médico guajiro y senador Jorge Ballesteros,
convocó a un importante debate en el cual reveló
que 7.5 millones de afiliados al régimen subsidiado de
salud están en riesgo inminente de quedarse por fuera
del sistema y perder el acceso a los servicios de salud. Y todo,
porque de los 20 millones de afiliados que tienen contratados
los municipios con las EPS, sólo 12.5 millones están
plenamente validados en la Base de Datos del Fosyga (BDUA),
y según lo dispone la resolución 0778 de 2006,
se tenía un plazo perentorio que venció el 31
de marzo de 2007 para poner los datos en orden.
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Como
consecuencia, los giros a los municipios están siendo
recortados en un 38% desde el 31 de julio, y de continuar la
situación se prevé que se acumularían cuentas
por cobrar de los municipios al Fosyga equivalentes a $620.000
millones en los 12 meses siguientes; aún más:
el Conpes que asigna recursos del Sistema General de Participaciones
con base en los afiliados efectivos reportados en el año
anterior, seguramente se vería obligado a recortar los
recursos en $965.000 millones para el año 2008, acumulándose
así recursos no ejecutados o retenidos al régimen
subsidiado de salud por $1,85 billones.
Hasta ahora, los afiliados con carnet de las EPS-S siguen recibiendo
servicios sin problemas, pero con el correr de los meses, cuando
los municipios no tengan con qué pagar en su totalidad
las obligaciones contractuales a las EPS, y éstas a su
turno no tengan con que pagar a las IPS por sus servicios, finalmente
los afiliados no validados en las bases de datos del Fosyga
serán rechazados por los prestadores de servicios. No
se sabe a ciencia cierta quien responderá por la atención
de usuarios glosados sin motivos de fondo ni quien pagará
los costos en que incurran los hospitales atendiendo subsidiados
no validados. Más aún: de no arreglarse el problema,
las EPS tendrían que re-liquidar los contratos que tienen
con los municipios, castigar en un 38% su P y G, y no tendrán
entonces recursos suficientes para responder por sus obligaciones
ante los prestadores.
En resumen: sólo el 62% de los afiliados están
plenamente identificados y un 38% están siendo glosados
o rechazados por el Fosyga. Según reportes de este encargo
fiduciario, dados a conocer por la Supersalud al Congreso, existe
un grupo de al menos el 18% de los afiliados registrados en
forma duplicada dentro del mismo régimen subsidiado y
10% duplicados con afiliación simultánea en el
régimen contributivo y subsidiado. Un 72% de los glosados
tienen diversos problemas de identificación en las bases
de datos, en parte atribuido a problemas con los dígitos
con que expiden las cédulas de ciudadanía y los
registros de los menores y recién nacidos; en otros casos
se trata de inconsistencia en los nombres y apellidos, y en
cerca de 100 causales diferentes.
Problema de tiempo atrás
Pero, ¿cuándo se generó esta situación?
El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, señaló
ante la Comisión que si bien la fotografía al
día de hoy es un tanto preocupante, es mejor ver la película
y mirar como hace unos meses era peor, y hace unos años
antes de 2002, no existía una base datos nacional que
permitiera controlar duplicaciones o personas inexistentes.
La pregunta que surge es: ¿Con qué criterios se
hicieron entonces los giros a las regiones? Y, como bien lo
reconoce hoy en sus respuestas la Contraloría General
de la República y el propio Ministerio de la Protección
Social, de continuar haciendo giros sin bases de datos validadas
que sirvan de soporte, podría interpretarse como un detrimento
patrimonial.
¿Cómo y por qué se gestó esta situación?
El senador Ballesteros señaló que no hay un culpable,
y que la responsabilidad es compartida entre los diferentes
niveles de la administración, e incluso que el problema
es estructural, aunque atizado por intereses perversos y encontrados
entre los actores: Los municipios quieren reportar el máximo
de afiliados por razones políticas y financieras, las
EPS no quieren sacar de sus bases de datos a los duplicados
porque eso les significa pérdida económica, y
el Fosyga como administrador fiduciario en parte no puede y
en parte no quiere girar mucho, pues su negocio complementario
es poner a rendir los recursos mientras no se giren.
De todas maneras, la responsabilidad inicial es de los municipios
que deben conformar estas bases de datos y no tienen el personal
calificado, y en muchos casos el mismo funcionario debe hacer
2 ó 3 funciones: llevar el Sisbén, manejar la
base de datos de los afiliados, contratar con las EPS y dirigir
la salud del municipio, incluyendo los hospitales y la salud
pública. Además, hay una alta rotación
en los puestos de trabajo y estos puestos así como el
régimen subsidiado mismo, se utilizan políticamente;
hay un desconocimiento total o parcial de las normas, además
éstas cambian continuamente, y los tiempos que la normatividad
exige para hacer los cambios sólo se pueden cumplir con
gran premura y dificultad. Pero hay otras instituciones como
la Registraduría Nacional del Estado Civil, que no cumple
oportunamente con los tiempos para documentar la población
y para muchas personas no se tiene claro cuál es el Número
de Identificación Personal -NIP- que le corresponde.
En los municipios faltan equipos de cómputo y además
las bases de datos son muy complejas y se manejan con programas
inadecuados o con simples hojas de cálculo.
Lo más grave es que los municipios no tienen recursos
financieros específicos para gestionar el sistema de
información a su cargo, y la reciente Ley 1122 de 2007
que pretendió ajustar la Ley 100 ignoró la necesidad
de atender las necesidades municipales en materia de sistema
de información. Algo similar le ocurre a los departamentos,
que deberían cumplir funciones de asistencia técnica
a los municipios y que tiene como competencia consolidar y depurar
la base de datos.
Finalmente, el Ministerio de la Protección Social no
previó la importancia de asistir con suficiencia a las
entidades territoriales: se sabe que sólo desarrolló
en forma relativamente profunda una asesoría a un piloto
de 100 municipios. Sin embargo, no tuvo la visión suficiente
para dotar a los municipios de un software y un hardware adecuado
para manejar las bases de datos, dejando a la iniciativa de
los particulares la venta de una variada gama de programas y
asesorías que no logran eficazmente sustituir la obligación
del Estado.
En la cúpula se señala al Fosyga como “el
malo del paseo”, cuando en realidad es un contratista del
Estado que debe cumplir con sus mandatos y aceptar los correctivos
cuando se introducen y se ordenan oportunamente. No se sabe
si cumple o no bien su tarea, hasta que no se conozcan los resultados
de una de las auditorías en proceso.
De todas formas, no se puede exigir al Ministerio y al Fosyga
que giren recursos a los municipios sin el soporte debido, pues
se presume que en muchos casos -tal como lo señaló
el ministro Palacio valientemente-, las base de datos locales
a veces se inflan artificialmente con afiliados duplicados o
inexistentes para canalizar recursos nacionales irregularmente,
y luego se desvían desde los municipios o desde las EPS-S
para la financiación de grupos al margen de la ley.
Algunas propuestas
El debate con carácter preventivo y propositito
-según sus palabras- que citó el Senador Ballesteros,
estuvo orientado a buscar soluciones por vía de la asistencia
técnica a los municipios; la simplificación del
sistema de glosas; la creación de un sistema de administración
de las bases de datos locales más estable y financiado
por el Fosyga; y la conformación de una mesa de trabajo
que permita que entre los diversos actores encuentren soluciones
rápidas y oportunas, para evitar finalmente el colapso
que se avecina en el régimen subsidiado de salud, particularmente
sobre los 7.5 millones de afectados directos, si no se introducen
los correctivos urgentes y necesarios. |
| Estado
de la afiliación al régimen subsidiado de salud
en julio 3 de 2007 |
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| Estado
de la afiliacion al regimen subsidiado de salud en julio 31
de 2007 |
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