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Hoy más
que nunca urge renovar la gestión del conocimiento en
salud. La masificación de los servicios y la desarticulación
de actores relevantes en este campo, imponen acciones decisivas.
Esa es una conclusión que se repite en las investigaciones
y en los debates que antecedieron las leyes 1164 de talento
humano y 1122 de reforma al sistema de salud.
En Colombia pueden identificarse tres actores clave para la
gestión del conocimiento: la educación superior
y los grupos de investigación, el sector público,
y el subsector prestador ó asegurador; sin embargo, cada
uno anda por su lado. |
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Tres
reinos independientes
Entre los principales roles de la universidad moderna
está la generación del conocimiento. Desde 1810
con la creación de la Universidad de Berlín que
impulsó Guillermo de Humboldt y luego de la universidad
técnica de investigación norteamericana, a principios
del siglo XX, en el mundo desarrollado quedó claro que
la innovación es el motor del progreso y que el conocimiento
es un factor primordial de transformación social. Sucesivamente,
para que la universidad sea generadora de conocimiento, son
necesarios profesores con maestría ó doctorado,
y tiempo dedicado a la producción investigativa original
y pertinente, con la debida infraestructura y pedagogía.
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En Colombia, sin
embargo, continuamos anclados al modelo napoleónico transmisionista,
enfocado en la reproducción masiva de profesionales,
con mínimas competencias investigativas. El conocimiento
se importa, los libros suelen ser recopilaciones de autores
extranjeros, y la actualización depende de enviar profesionales
al exterior. Los profesores carecen de maestría ó
doctorado, siendo de cátedra el 75% en universidades
privadas y 46% en las públicas.
En los años 70's, ante esta situación, se impulsaron
las especializaciones. Una alternativa económica, que
sin formar investigadores, refuerza el aprendizaje memorístico,
suponiendo que la solución radica en rellenar al estudiante
con más información. Es una modalidad con bajo
reconocimiento internacional, que debería revisarse,
y que ni siquiera esfuerzos como el decreto 1001 de 2006, del
Ministerio de Educación, y el endurecimiento del registro
calificado, han logrado transformar en maestrías.
El tema es largo y quedaría mucho por decir, máxime
cuando la educación superior está matizada por
una autonomía mal entendida, como libertad para vender
cualquier programa. En efecto, muchas carreras están
saturadas, como mostraron las investigaciones de Family Health
Foundation, Fedesarrollo, la Universidad Javeriana, con niveles
de desempleo del 30% y hasta el 60%. Naturalmente, hay que preguntar
si es ético reclutar estudiantes para estos programas. |
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En Colombia, sin embargo,
continuamos
'pegados' al modelo napoleónico transmisionista
y masificado, dedicado a la reproducción
de cohortes y cohortes de profesionales,
con mínimas competencias investigativas.
El conocimiento se importa, los libros tienden
a ser recopilaciones de autores extranjeros,
y la actualización depende de enviar
profesionales al exterior.
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El subsector dedicado
a la prestación y el aseguramiento también va
por su cuenta. Prefiere profesionales “eficientes”,
que produzcan rapidito y al corte, sin rechistar. Hace tiempo
que las competencias investigativas, humanísticas y culturales
del profesional de salud pasaron a tercer plano, a favor de
habilidades operativas. De las posibilidades de capacitación
ni hablar, mucho menos para aquellos contratados por cooperativas;
tanto como decir que para conservar su trabajo, estos mismos
profesionales se ven obligados a pagar su reemplazo en caso
de incapacidad por enfermedad. En suma, la visión del
profesional de salud es cada vez más estrecha, dada la
masificación y el racionamiento de servicios, que exponen
a graves riesgos éticos la práctica.
En el sector público, por su parte, el personal técnico
nacional y seccional se ha reducido drásticamente con
la reestructuración del Estado, que avanza desde los
años 80's. Proceso que puso en contraste, dos modelos
de gestión del conocimiento.
Dos modelos agotados
El primero, que podríamos llamar burocrático,
se adoptó con los programas verticales de salud pública
hace 40 años. Consistía en organizar grupos de
investigación en las nóminas públicas.
Es un modelo que se fue agotando a medida que se politizaba,
que no se actualizaban las prioridades ni los profesionales
y que el sector privado ofrecía mejores prerrogativas
a los investigadores. Lo poco que queda de estos grupos de investigación
se viene desarticulado en los últimos 15 años.
De hecho, después de sucesivas reestructuraciones, en
las gobernaciones, alcaldías y en el nivel nacional,
los recursos de investigación son mínimos.
Luego vino la consultoría que sigue siendo un modo preferido
para gestionar el conocimiento. Tiene virtudes y defectos muy
visibles. La asimilación y el aprovechamiento del conocimiento
puede ser precario, se arriesga la autonomía y la independencia
de los investigadores ó de sus resultados, y también
la continuidad de las políticas públicas.
La desarticulación de los centros de innovación
e investigación con el sector productivo y el gobierno
es perjudicial. Conlleva un sistema de salud que no evalúa
resultados, que no diseña modelos lógicos de intervención
para su contexto, y que en general está agobiado por
los costos y el activismo, pero que a su vez no alcanza a solventarse
importando conocimiento y modelos explicativos extranjeros.
La incapacidad del país para actualizar el Plan de Beneficios
en salud y de obtener resultados contundentes en el Plan de
Atención Básica, son algunos efectos de esta condición.
Nuevas oportunidades
A pesar de las dificultades, existen condiciones propicias
para el cambio, distintas de aquellas que conocimos hace 12
años, cuando se implantaba el Sistema General de Seguridad
Social en Salud. Hoy disponemos de grupos de investigación
mejor desarrollados, integrados por personas con maestría
e incluso doctorado, experimentados en generación y difusión
del conocimiento. Asimismo, las tecnologías de comunicación
e información -TICS-, dieron un salto gigantesco.
Puesto que el sector productivo y el gobierno carecen de recursos
y de la dinámica para mantener grupos exclusivos de investigación
altamente capacitados, una opción es fortalecer los grupos
de investigación anidados en las universidades y los
centros de investigación de excelencia, vinculándolos
al Plan Nacional de Salud Pública -PNSP- y a la Comisión
de Regulación -CRES-, creada con la Ley 1122.
Para muchas empresas medianas ó grandes, la posibilidad
de pagar una nómina de investigadores con títulos
de doctorado, por ejemplo, es algo es imposible e ineficiente;
sin embargo si puede ser útil contratar soluciones específicas.
Esto es viable siempre que las universidades asuman la generación
de conocimiento como su responsabilidad, y que los grupos de
investigación se hagan más competitivos y se articulen
al sector productivo ó público. En sentido inverso,
es necesario que se considere la innovación y la investigación
como recursos eficaces de cambio social y desarrollo.
Estas transformaciones pueden hacerse aplicando un esquema de
redes que incorpore los grupos de investigación como
la célula básica de la generación de conocimiento.
Esta alternativa está delineada en el Plan Nacional de
Salud Pública y en la Ley de talento humano en salud:
no obstante, no sólo es una cuestión reglamentaria,
también es de voluntades.
No es casualidad entonces que la Ley 1164 de talento humano,
recién sancionada, insista en mecanismos como el Consejo
Nacional de Talento Humano en Salud para armonizar los programas
educativos y la práctica profesional. Asimismo, tiene
toda pertinencia pedir que las universidades informen mejor
a los aspirantes sobre aspectos como las posibilidades futuras
de empleo ó desarrollo personal; que se cree un “Observatorio”
del talento humano ó que se busque que los programas
educativos correspondan mejor a las competencias profesionales
requeridas. Es decir, que quienes dan empleo a los profesionales
piensen en una formación más amplia, en un individuo
más innovador, competente, humano y recursivo. También
tiene toda sensatez establecer un sistema de recertificación
que no sea de dominio exclusivo de las universidades, sino que
por el contrario sirva para evaluar sus profesionales con la
participación del gobierno y los colegios médicos,
como contraparte que está en ejercicio directo de la
práctica, evitando que quedemos “entre bomberos
que no se pisan las mangueras” . |
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