MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 10    No. 111  DICIEMBRE DEL AÑO 2007    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Para iniciar, una referencia al concepto de conciencia. Se entiende por conciencia el juicio íntimo y racional, más o menos sistemático o intuitivo, realizado por una persona autónoma sobre una acción u omisión, ejecutada o a ejecutar, y que la lleva a considerar que está de acuerdo con sus valores, principios y convicciones morales, producto de la formación recibida, o es contraria a ellos. “Los moralistas llaman a la conciencia la norma subjetiva de moralidad, en oposición a otros criterios, llamados normas objetivas” (1).
Para el Cardenal Elio Sgreccia, Secretario del Pontificio Consejo para la Familia y Vicepresidente de la Pontificia Academia para la Vida, “la conciencia es el marco de referencia moral propio de la persona y presente en ella cuando va a actuar.

No es un sentimiento ni una emoción, aún cuando tales reacciones intra-subjetivas pueden ser concomitantes, sino un juicio de la razón en relación con la idea del bien y del mal, referido al hecho concreto llevado a cabo por la persona que juzga. La conciencia es la actitud y el acto de conocimiento y discernimiento que tiene por finalidad la evaluación de las acciones, en relación con los valores, los principios y las normas morales...” (2).
Una moral laica y racional, propia de una sociedad pluralista y no confesional, no concibe la conciencia como un ente misterioso dentro de la persona que le dice si una conducta es buena o mala; no es la voz de Dios, sino el propio entendimiento en cuanto se ocupa de juzgar racionalmente la bondad o maldad de su conducta. Por ello, decir que “la voz de mi conciencia me dice”, significa que yo juzgo que ésta o aquella acción u omisión es buena o mala según mis valores y convicciones morales, pues sólo cada persona sabe si obra u obrará de acuerdo con su convicción moral, valores y principios, o si los está traicionando.
El aforismo “nadie sabe lo de nadie” invita a abstenernos de juzgar negativa y ligeramente la conducta de los demás, a ser tolerantes y comprensivos, aceptando que, en última instancia, el único juez justo es la propia conciencia. Lo más íntimo e individual de toda persona es su conciencia, y su juicio moral es un acto vital de libertad y responsabilidad.
Derecho fundamental a la objeción de conciencia
El artículo 53 de la Constitución de 1886 consagró la libertad de conciencia, pero reducida a la conciencia religiosa; en ese sentido no contemplaba la libertad de conciencia civil o laica. No obstante ello, a partir de 1969 la Corte Suprema de Justicia empezó a interpretar dicho artículo en un sentido amplio y reconoció la libertad de conciencia no sólo en materia religiosa sino también relacionada con la libertad de pensamiento y de opinión.

En principio, todo médico y enfermera puede negarse legítimamente a practicar un aborto o a participar en él, en las circunstancias establecidas, invocando sin formalismos, pero oportuna y razonadamente, el derecho fundamental a la “objeción de conciencia”.
La Constitución Política de 1991 en su artículo 18 consagra la libertad de conciencia como un derecho fundamental, con independencia de la libertad de cultos, hecho de trascendental importancia, como destaca el constituyente Manuel José Cepeda: “Establecer la libertad de conciencia como una libertad separada e independiente de la de religión y cultos, garantizada en el art. 19, es un avance frente a la filosofía del art. 53 de la antigua Constitución. Así se reconoció que el ámbito de cada libertad era diferente y que la libertad de conciencia no se reduce a proteger exclusivamente convicciones o creencias religiosas... contribuyendo a ampliar el camino de la tolerancia, fundamental en toda sociedad democrática, pues sólo si las personas toman por norma de conducta respetar las ideas y opiniones de los demás, aunque no las compartan, se promoverá el pluralismo ideológico indispensable para alcanzar una democracia participativa” (3).
La objeción de conciencia es la negativa de una persona natural a cumplir una obligación o deber jurídico, originado en una relación laboral, pública o privada, o una norma legal, por considerarla contraria a sus convicciones morales. Más: “La negativa a cumplir un deber no se puede fundamentar en un capricho o en consideraciones de utilidad personal, sino en razones de conciencia... Debe exigirse que las razones morales que fundamentan la objeción sean de cierta importancia y vayan dirigidas directamente contra el deber jurídico que se objeta... La acción que impone el deber ha de ser susceptible de generar un conflicto moral, por lo que habrá de excluirse tanto la objeción de aquellos deberes que claramente carecen de trascendencia moral (que son la gran mayoría), como la objeción a todo el ordenamiento jurídico, pues éste contiene normas muy diversas...” (4).
En la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Constitución de 1991 se debatió la posibilidad de consagrar expresamente el derecho a la objeción de conciencia, pero “después de estudiar varias alternativas se prefirió dejar a los principios generales la resolución de este punto, siguiendo la tendencia general de las constituciones modernas, de las cuales solamente la alemana, la brasileña, la española y la portuguesa se refieren expresamente al tema”, más sólo en relación con el servicio militar obligatorio (5).
Las personas jurídicas no tienen 'conciencia', pues éste es un atributo exclusivo de la persona natural: por ello, las IPS privadas no son titulares del derecho fundamental a la objeción de conciencia. Pero si las IPS privadas tienen su propia orientación religiosa o política, en nuestro Estado de derecho, laico y pluralista, se debe respetar su decisión de no practicar abortos y los principios religiosos en que se fundamenta, y reconocer a aquéllas una exención análoga al derecho a la objeción de conciencia, excepto en caso de urgencia o de estado de necesidad.
El derecho a la “objeción de conciencia” no está entonces expresamente consagrado y reglamentado en el ordenamiento jurídico colombiano en ninguna modalidad: a la utilización de anticonceptivos, a la práctica del aborto, a la ayuda al buen morir, a la prestación del servicio militar, al porte de armas, a participar en una guerra, etc. Pero, en general, como derecho de toda persona a observar una conducta externa consecuente con sus convicciones internas, a no ser obligada a actuar en contra de éstas y a no ser discriminada o perseguida por ello, tiene fundamento jurídico en el art. 18 de la Constitución de 1991, que establece: “Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia”.
Y específicamente, como derecho de los médicos, encuentra respaldo en el artículo 6 de la Ley 23 de 1981, inadecuadamente llamada Ley de Ética Médica, que dispone: “El médico rehusará la prestación de sus servicios para actos que sean contrarios a la moral...”. Aunque este artículo no se refiere, a “la conciencia moral del médico”, a “su conciencia”, sino a “la” moral -que en esa época era “la moral católica”, pues estaba vigente la Constitución de 1886 que en su Preámbulo proclamaba: ”...la religión católica, apostólica y romana es la de la Nación”, y en el art. 53 sólo garantizaba la libertad de cultos no contrarios a “la moral cristiana...”-, según la Constitución de 1991 debe entenderse que se refiere aquél a actos contrarios a la moral del médico, sea laica o religiosa, no a la moral cristiana que oriente la prestación de los servicios en la institución de salud a la cual está vinculado laboralmente.
Tal derecho también se fundamenta en los artículos 1 y 16 de la Constitución, que consagran el respeto por la dignidad de la persona humana como fundamentos de nuestro Estado Social y democrático de derecho, y el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad o a la autonomía. En efecto, si la dignidad implica el derecho de toda persona a ser tratada como un fin en sí misma, no como un objeto utilizable para el provecho de otro, y el derecho a decidir autónomamente en todo a lo que sólo a ella la afecte y especialmente en cuestiones morales, “es claro que la dignidad humana impide que alguien pueda verse obligado a realizar acciones contrarias a sus convicciones más íntimas, que configuran los rasgos esenciales de su personalidad moral...” (6)...
Al ocuparse del conflicto entre los intereses vitales de la mujer embarazada y los de la criatura por nacer y del dilema de decidir si el embarazo debe o no ser voluntariamente interrumpido, que ese conflicto crea, la Declaración de Oslo o “Postulado sobre el aborto terapéutico”, adoptada por la 24ª Asamblea Médica Mundial en Oslo, Noruega, en 1970, en su numeral 3, reconoce que “ésta es una cuestión de convicción y conciencia individuales que debe ser respetada”. Y en el numeral 6, establece: “Si un médico estima que sus convicciones no le permiten aconsejar o practicar un aborto, él puede retirarse siempre que garantice que un colega calificado continuará dando la asistencia médica”.
De acuerdo con las normas constitucionales y legales y la Declaración citadas, en Colombia toda persona y en particular todo médico y enfermera, tiene derecho a negarse a cumplir deberes legales que razonadamente considere contrarios a su conciencia o convicciones morales, religiosas o laicas, aún cuando el derecho fundamental a objeción de conciencia no esté expresamente consagrado y reglamentado. La Constitución es el núcleo de nuestro sistema jurídico, la Ley Fundamental, y, como tal, aplicable directa y obligatoriamente por todos los poderes públicos.
En consecuencia, conforme con lo expuesto y salvo disposición legal en contrario, a partir del 10 de mayo/06, cuando la Corte Constitucional expidió la Sentencia C-355 que despenalizó el aborto voluntario en 3 extremas circunstancias (Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer; cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida; y cuando el embarazo sea resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento o abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto), en principio, todo médico y enfermera puede negarse legítimamente a practicar un aborto o a participar en él, en las circunstancias establecidas, invocando sin formalismos, pero oportuna y razonadamente, el derecho fundamental a la “objeción de conciencia”.
Aunque este derecho no está legalmente reglamentado en Colombia, puede invocarse en forma verbal y razonada y en tiempo oportuno, ante el inmediato superior o el director de la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) a la cual se está vinculado. Pero por seguridad jurídica es aconsejable que su invocación se haga por escrito, al suscribirse el contrato de prestación de servicios con la institución de salud o al ser requerido para practicar una suspensión voluntaria de embarazo, en las indicaciones no constitutivas del delito de aborto según la citada sentencia, o para participar en ella.
Derecho a la objeción de conciencia e IPS privadas
Cuando se expidió la Sentencia C-355/06, con fuerte oposición de las iglesias católica y evangélicas (7), directivos de clínicas y hospitales privados de instituciones religiosas o de esa orientación, invocando el derecho a la “objeción de conciencia”, manifestaron que no acatarían la Sentencia y que en esas IPS no se practicaría “ningún aborto”, pues éste es contrario a los valores y principios que orientan sus servicios. En relación con dicha posición debo anotar que, como las personas jurídicas no tienen conciencia (8), pues es un atributo exclusivo de la persona natural, las IPS privadas no son titulares del derecho fundamental a la objeción de conciencia, que es subjetivo e individual.
Pero como esas IPS si pueden tener su orientación religiosa o política, unos valores y principios diferentes a los reivindicados en la sentencia, en nuestro Estado democrático de derecho, laico y pluralista, se debería respetar esa decisión y los principios religiosos en que se fundamenta -según artículo 18 de la Constitución que garantiza libertad de cultos-, y reconocer a aquéllas una exención análoga al derecho a objeción de conciencia, excepto en caso de urgencia o de estado de necesidad (cuando por indicación médica la inmediata interrupción del embarazo es el único medio para proteger la vida de la mujer).
Esa análoga exención la establece el artículo 9º de la Ley italiana 194/78, reglamentaria del aborto, que lo despenalizó en las indicaciones médicas, éticas, eugenésicas y socio-económicas, para instituciones sanitarias dependientes de entidades religiosas (9).
Proceder en la forma sugerida es expresión de tolerancia y pluralismo, y, además, es lo más práctico y conveniente, pues el interés de la mujer embarazada es ser atendida en forma adecuada, oportuna, idónea y respetuosa, y, en principio, le es indiferente cuál IPS o entidad de salud le prestará el servicio de aborto y que médico realizará la intervención.
Enfrentar instituciones de salud que se niegan a acatar dicha sentencia, sostener con sus directivos una interminable polémica sobre la legitimidad de su posición y pretender obligarlas a hacer abortos en circunstancias despenalizadas, en contra de su orientación religiosa, argumentando que hacen parte del Sistema de Seguridad Social y mediante un decreto reglamentario de tal sentencia por el Ministerio de la Protección Social, resultaría infructuoso e incontrolable. Además, si en esas condiciones la solicitante del servicio lograra ser atendida en una IPS remisa, recurriendo a una acción de tutela, podría recibir un servicio sin calidad, atentatorio contra su dignidad, y peligroso para su vida y su salud 6
Referencias
(1) Andrew C. Varga. “Bioética. Principales problemas”. Bogotá, 1994, pág. 28.
(2) “Manual de Bioética”. Méjico, 1994, pág. 140.
(3) Manuel José Cepeda. “Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991”. Bogotá, 1992, pág. 163.
(4) Guillermo Escobar Roca. “La objeción de conciencia del personal sanitario”, en: “Bioética, derecho y sociedad”. Madrid, 1998, pág.133.
(5). Manuel José Cepeda, obra citada, pág. 168.
(6) Guillermo Escobar Roca, obra citada, pág. 136.
(7) Informes “La nueva revolución femenina. El fallo de la Corte sobre el aborto fue valeroso y la reacción de la Iglesia, desproporcionada”, Revista Semana, No. 1254, mayo 15 de 2006, pág. 40. Y “Un asunto del alma. El debate sobre la objeción de conciencia, encendido por la sentencia del aborto, demuestra que la separación de la Iglesia y el Estado todavía es una ficción”, revista Semana, No. 1271, septiembre 11 de 2006, pág. 72.
(8) Así lo dejó establecido la Corte Constitucional en la citada sentencia y lo reiteró el Magistrado Manuel José Cepeda al sostener que: “No hay un solo escrito de derecho constitucional en el mundo que sostenga que una persona jurídica tiene conciencia. La conciencia es un atributo exclusivo de la persona natural”. Revista Semana, No. 1271, septiembre 11 de 2006, pág. 72.
(9) Elio Sgreccia, obra citada, pág. 379.
 
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