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'Reforma' a Ley 100:
balanceo, ajuste y pintura.
Faltó la reparación
José
Yesid Carrillo Cantillo - Periodista - elpulso@elhospital.org.co |
Tras dos mensajes
de urgencia, uno de insistencia, proposiciones que van, proposiciones
que vienen, reversazos, conciliaciones, lobby, carreras y pupitrazos,
el Congreso aprobó la 'reforma' a la Ley 100 de 1993,
que a partir del 1° de enero de 2007 introducirá
modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS).
Esta vez la segunda fue la vencida: luego de que la iniciativa
se hundiera en la pasada legislatura con el tristemente célebre
proyecto de ley 052, y en medio del escándalo de la “para-política”,
los congresistas por fin reformaron la Ley 100 en lo que a salud
se refiere, con el fin de corregir y mejorar, después
de 13 años de su implementación, algunos aspectos
del actual SGSSS. Al respecto, el ministro de la Protección
Social, Diego Palacio, señaló que no obstante
que "el proyecto no es perfecto y quedaron temas por desarrollar,
es un buen paso”. Y aclaró: “Lo cierto es que
algunos artículos tomará varios años convertirlos
en realidad”.
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Lo
bueno
A 31 de diciembre de 2009 se lograría -al menos
en teoría- la anhelada cobertura universal en salud,
lo que significa que en los próximos 3 años ingresarán
al régimen subsidiado cerca de 8 millones de personas
de los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén; para ello se requerirán
$6.5 billones anuales que provendrán del gobierno nacional,
Fosyga, los entes territoriales y el aumento del 0,5% de la
cotización en salud a cargo de los empleadores (Ver recuadro).
Una de las modificaciones más importantes en la 'reforma',
es la eliminación de barreras para el acceso a los servicios
de salud. Desaparecen los copagos y cuotas moderadoras para
afiliados al régimen subsidiado pertenecientes al nivel
1 del Sisbén, así como la reducción en
los períodos mínimos de cotización en el
régimen contributivo; en este último caso, el
máximo de semanas exigidas para la atención de
las enfermedades de alto costo será de 26 (hasta ahora
se exigían 52 semanas para algunos casos y 100 para otros).
Asimismo, se aprobó que el Plan Obligatorio de Salud
(POS) será actualizado por lo menos una vez al año,
y progresivamente se buscará que el POS del régimen
subsidiado tenga los mismos beneficios del POS contributivo,
con el fin de buscar la equidad en la prestación de los
servicios de salud.
De igual forma la nueva ley autoriza a los municipios y departamentos
a destinar, por una sola vez, recursos no comprometidos provenientes
del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)
y del Fondo Nacional de Regalías, para el pago de las
deudas con el régimen subsidiado de salud vigentes a
31 de diciembre de 2004, que hayan sido registradas en los estados
financieros de las ARS a diciembre de 2005. Si las ARS (que
a partir de esta ley serán EPS del régimen subsidiado)
con las que se tengan estas cuentas les adeudan a la red de
prestadores, el FAEP y el Fondo Nacional de Regalías
realizarán el giro directo a las Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud (IPS).
Con la nueva ley se fortalece la vigilancia del sector mediante
la creación del Sistema de Inspección, Vigilancia
y Control, que estará en cabeza de la Superintendencia
Nacional de Salud (Supersalud), entidad que vigilará
la generación, flujo, administración y aplicación
de los recursos del sector y velará porque se respeten
los derechos de los usuarios. Para esto se le otorgan funciones
jurisdiccionales a la Supersalud, con lo cual la entidad tendrá
facultades propias de un juez para conocer y fallar en derecho
sobre distintos aspectos que afecten a los afiliados, como cobertura
de servicios, reconocimiento económico de gastos, libre
elección y multi-afiliación. Y el Defensor del
Usuario en Salud, figura nueva que dependerá de la Supersalud,
será el vocero de los afiliados ante las EPS, con el
fin de conocer, gestionar y dar traslado a las instancias competentes
de las quejas sobre prestación de servicios de salud.
La controvertida integración vertical quedó limitada
al 30%, es decir que las EPS no pueden contratar servicios más
allá de este índice con sus propias IPS; aquellas
que superan este límite tendrán un año
para adaptarse a la normativa. Sobre esta disposición,
Edgar Reina, presidente de Acemi, gremio que reúne a
las EPS del país, dijo: "Con esa determinación
se frena la inversión en el sector hospitalario, que
estaba siendo impulsado con fuerza por las EPS que funcionan
en el país".
La 'reforma' establece que habrá libertad para cambiar
de EPS, sin importar el tiempo de permanencia, cuando ésta
no garantice la red de prestadores ofrecida, y que los ciudadanos
que lo requieran podrán cambiarse del régimen
subsidiado al contributivo y viceversa, sin perder antigüedad.
Los desplazados y desmovilizados se afiliarán a una EPS
de cobertura nacional. Se ratifica que todas las EPS estarán
obligadas a atender con prontitud las urgencias de los usuarios,
y que los municipios tendrán que consignar los dineros
de salud en cuentas maestras, que sólo permiten girar
recursos si el destino final son compromisos del sector: así
se protegerán los recursos de la salud. Además,
se garantiza el tratamiento médico y la agilidad de la
atención para casos de enfermedades de alto costo.
La nueva ley ordena además implementar un Plan Nacional
de Salud Pública, que quedará expresado en el
Plan Nacional de Desarrollo. Por último, se instituyó
la Comisión de Regulación en Salud (CRES), organismo
técnico que asumirá la gran mayoría de
funciones que tiene el Consejo Nacional de Seguridad en Salud.
Sobre la CRES, el ministro Palacio afirmó: "En un
sistema que maneja cerca de $15 billones al año, es necesario
que cada vez más las decisiones sean técnicas". |
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0,5% más de aporte a salud
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es inconveniente: ANDI
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| Los
doctores Juan Carlos Madriñán, Rodrigo Arcila
y Carlos Jurado, directores de las Cámaras de Proveedores,
Farmacéutica y Sectorial de la Salud de Andi, respectivamente,
manifestaron a El Pulso lo siguiente sobre el incremento del
0,5% en la cotización de salud a cargo de los empleadores
aprobado en la reforma: “Para la ANDI, la determinación
de sacrificar el aporte de 0,5% del sistema pensional para trasladarlo
a salud fue una decisión inconveniente, pues el Sistema
de Pensiones presenta un desbalance en sus requerimientos de
recursos financieros, como lo demuestra el Presupuesto Nacional
que aprobó el Congreso de la República, el cual
asigna una partida de $18.6 billones para sufragar las mesadas
pensionales en el año 2007. Esta decisión implicará
en pocos años una nueva reforma pensional para buscar
los recursos que se dejaron de percibir. Reconociendo la bondad
de la cobertura universal en salud, meta que acompañamos
en el sector empleador, como Asociación, de la mano las
tres Cámaras de Andi relacionadas con el Sector Salud
propusimos al Gobierno y al Congreso de la República
la obtención de recursos adicionales de otras fuentes,
las cuales no dificultaban avanzar en la política de
formalización laboral de los colombianos ni golpearían
el Sistema Pensional; sin embargo, nuestras propuestas sólo
fueron recogidas para reducir el aporte de 1% a 0,5%. Como sector
empleador comprometido con el Sistema de Salud, además
de cumplir con la obligación propuesta, generaremos constantes
mecanismos para lograr una mayor formalización del empleo
que reduzca las necesidades en el régimen subsidiado,
impulsaremos iniciativas para reducir la evasión de aportes
[proyecto PILA] y contribuiremos con la labor de veeduría
que requiere el gobierno nacional y en particular el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, sobre su compromiso
con los colombianos en torno de realizar los aportes que sean
necesarios para lograr la cobertura universal en el año
2010”. |
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Una reforma
necesaria, pero…
Tan pronto fue aprobada la 'reforma',
comenzaron a escucharse voces que señalan reparos a
la ley. La editorial de El Tiempo del pasado 11 de diciembre,
titulado El Congreso en deuda, señaló: “Entre
los reveses figuran la preservación de la 'integración
vertical' y el mantenimiento de los 4 planes de beneficios
(contributivo, subsidiado, de subsidios parciales y de vinculados),
que equivale a tener afiliados de primera, segunda y tercera
categorías”.
La senadora liberal Cecilia López manifestó:
“La reforma a la Ley 100, pese a los ajustes de la conciliación,
no cambió el carácter de negocio que tiene la
salud en Colombia, al no reconocerla como un bien público,
y menos aún acabó con la terrible premisa de
que la salud es pobre para los pobres, miserable para los
indigentes y rica para los ricos. El gobierno evitó
a toda costa hablar sobre el futuro del Seguro Social o, mejor
aún, de la EPS pública que se considera vital
para controlar el oligopolio de la salud, en tanto que el
sector privado se encargó de evitar el fortalecimiento
del ISS”. Y concluyó: “¡Que lástima,
tanto poder para cambiar tan poco!”.
Y el representante Germán Reyes señaló:
“No hubo consenso y nos corresponde salvar nuestra responsabilidad,
puesto que se dio una ley que nada tiene ver con nuestros
puntos de vista y nuestras propuestas de un cambio estructural
que hiciera posible un nuevo modelo equitativo y solidario,
en donde el derecho a la salud, y no el negocio, fuera su
columna vertebral”. Y sentenció: “El proyecto
triunfante, el del gobierno y sus aliados, se dedicó
a profundizar su modelo de aseguramiento, esta vez a expensas
de lo que pudiera ser más bien un Sistema de Protección
en Salud, y desviar recursos para el sostenimiento de un aseguramiento
de la población pobre, para usufructo de unos cuántos
intermediarios”.
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