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Falta coherencia
del gobierno
Olga
Lucia Muñoz López - Periodista -
elpulso@elhospital.org.co
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| En el
Boletín del Observatorio del Mercado de Trabajo
y la Seguridad Social No.10 (octubre de 2007) de la Universidad
Externado de Colombia, se concluye que ante la problemática
del cooperativismo de trabajo asociado, la acción
del gobierno frente a las CTA ha sido ambigua. Por un lado estimula
su creación, especialmente en el sector de la salud y
en empresas reestructuradas del sector público, y por
el otro su lucha contra los abusos se ha limitado a disposiciones
en materia de seguridad social y a gestiones para obligar a
las CTA a pagar los aportes parafiscales. Es decir, el gobierno
ha intentado reducir los incentivos económicos a la utilización
de la mano de obra cooperada, pero no ha apuntado a lo esencial:
a verificar el respeto de los principios básicos del
cooperativismo, cuales, por ejemplo, la propiedad de los medios
de producción, la estabilidad laboral o el fortalecimiento
patrimonial. Es más, es muy probable que, gracias a las
nuevas disposiciones en materia de liquidación de los
aportes a la seguridad social, haya logrado un efecto contrario,
abaratando aun más el costo total de los servicios de
trabajo asociado. El país está en mora de una
reforma normativa que haga justicia con las verdaderas CTA y
con el sector asociativo en general. Dicha reforma deberá
necesariamente fundamentarse en la Declaración Mundial
sobre cooperativismo de trabajo asociado aprobada en 2003 por
el Comité Ejecutivo de la Organización Internacional
de Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y
de Servicios (CICOPA) y en la Recomendación No 193 de
2002 de la OIT. |
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