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| Es urgente
un cambio de fondo en la visión y en las políticas
para la atención del enorme problema de salud que viene
ocasionado el uso de minas antipersona y la presencia de municiones
sin explotar (MUSE). Todos los días oímos de más
víctimas, y recientemente de municipios sitiados por
las minas, así como de la pérdida progresiva del
territorio para la agricultura. En la actualidad no existe prácticamente
ningún departamento en Colombia que esté libre
de este problema. Entre 1990 y lo corrido de 2008, según
la Vicepresidencia de la República, se registran 5.170
heridos y 1.554 defunciones. Sin embargo, la mayoría
de las víctimas corresponden a los últimos años,
dado el crecimiento exponencial del fenómeno, pues desde
2002 se presentan más de 500 víctimas al año,
y 2006 fue un año negro con 1.167 afectados; asimismo,
ya son 3 los años consecutivos en los que Colombia ocupa
el deshonroso primer puesto de lesionados por las minas anti-persona
en el mundo. |
No
se trata de un problema transitorio ni fácil de solucionar:
Las minas estarán plantadas durante décadas, ocultas,
esperando sus víctimas. Por su parte, los afectados y
sus familias vivirán los efectos de este problema hasta
el final de sus días. A pesar de que el país viene
dándose un nivel creciente de movilización al
respecto, tenemos que admitir que el problema nos desborda,
que se agrava día a día con la degradación
del conflicto, y que ensombrecerá al país durante
décadas.
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Entre
los problemas de inadecuada perspectiva para entender y enfrentar
este problema, quisiera destacar dos: el de creer que este es
un problema esencialmente militar y no de salud, y en segundo
lugar suponer que la rehabilitación se limita a una cuestión
médico-asistencial.
A pesar que las fuerzas militares y los actores armados son
afectados directamente por este problema, los lesionados retornan
rápidamente a la sociedad civil, a sus familias y a sus
comunidades, regreso que frecuentemente se hará a lugares
alejados y rurales en donde se carece de medios de rehabilitación,
sobre todo en el campo psicológico, laboral y social
También son centenares los civiles muertos y heridos,
alcanzando a 2.036 víctimas entre 1990 y 2008, que incluyen
a 638 niños y niñas.
Como se ha dicho, la economía también se ve afectada,
una vez que extensas zonas quedan aisladas o inservibles para
la agricultura, el turismo o el tránsito. Es decir, quienes
piensa que la violencia no es un problema que se deba intervenir
desde el área de la salud, debería recapacitar.
Pensar que el impacto de las minas y las MUSE debe atender principalmente
desde la perspectiva militar, es algo absolutamente equivocado.
Se debe, por ejemplo, revisar la resistencia de algunos expertos
del sector salud para apropiar mayores recursos a la atención
de este problema; un asunto de esta magnitud no puede depender
tanto de recursos de cooperación internacional o caridad,
como hoy sucede. Además, el sector salud debe encargarse
de hacer una vigilancia epidemiológica más enérgica.
Rehabilitación no es sólo
médico-asistencial
En segundo lugar, hasta ahora predomina la visión
de la rehabilitación como un fenómeno puramente
médico-asistencial; bajo esta perspectiva, la solución
depende principalmente de auxilios económicos, atención
médica o prótesis. Sin duda que los auxilios económicos
son esenciales, y la atención médica también,
pero frente a un daño tan devastador y duradero, son
solo pañitos de agua tibia. Para completar, últimamente
se esta acentuando un efecto desolador, que está bien
descrito en la literatura, y es la manera como el minado acaba
con los terrenos cultivables y al final con las posibilidades
de alimentación y sobrevivencia de la misma población. |
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Es necesario ampliar
la visión de la
rehabilitaciónpuramente médico-asistencial.
La atención de las víctimas requiere mucho
más que atenciones asistenciales muy
limitadas del POS, porque el tratamiento
interdisciplinario e intersectorial
es indispensable.
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Como
se sabe, en Colombia es la Vicepresidencia de la República
la que lidera el seguimiento a este problema, con el apoyo técnico
del Ministerio de la Protección Social. Aunque en su
página de Internet y en otros documentos se presentan
datos e información amplia, esta es principalmente descriptiva,
y dedicada a registrar eventos y lugares en los que estos artefactos
lesionan o matan. Es decir, sabemos muy poco sobre lo que le
sucede posteriormente a los afectados por las minas y cuál
es su nivel de rehabilitación social y laboral.
El sistema de seguimiento a los accidentes también tiene
deficiencias, porque la manera cómo se registran e identifican
los casos no tiene la ayuda de un proceso de vigilancia epidemiológica
más fuerte, ni de notificación obligatoria. Debe
advertirse que los lugares en donde explotan las minas suelen
ser muy distintos de los lugares de origen de las víctimas
y de residencia de sus familias; por lo tanto, más tarde
los afectados se movilizarán a otros lugares buscando
apoyo, y sobre todo un espacio propicio para reinsertarse laboral
y familiarmente. Sin embargo, las entidades territoriales pequeñas
y medianas carecen en general de facilidades ó capacidad
para recibir a quien queda discapacitado de manera permanente,
generándose así una problemática nueva,
que no se resuelve con las pensiones de aquellos que las tengan,
y mucho menos para el caso de los desamparados. |
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La notificación
obligatoria de estos eventos
es necesaria para seguir un fenómeno que
atenta contra la salud y el bienestar de manera
grave, para identificar las zonas donde están
plantadas las minas y sobre todo, para dar
seguimiento a la recuperación y rehabilitación
de los pacientes, y conocer los departamentos
y regiones más afectadas como
receptoras de las víctimas.
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En el
caso de los lesionados por minas anti-persona, lo que ofrece
el Plan Obligatorio de Salud es insuficiente, por decirlo de
alguna manera, debido a que el concepto de este plan es asistencial.
Si bien incluye atenciones médicas y se complementa con
auxilios económicos del Fosyga, la atención de
las víctimas requiere mucho más que las atenciones
asistenciales muy limitadas y reglamentadas del POS, enfocadas
en lo biomédico, por lo que el tratamiento interdisciplinario
e intersectorial es indispensable. También se requiere
la intervención del sector agrícola, porque esta
amenaza se cierne sobre las comunicaciones y la producción
de vastas extensiones del país, con el agravante que
las minas permanecerán sin detectar durante décadas.
Un desminado eficaz y real
Una decisión que vale la pena mencionar es la
decisión del ejército colombiano, de hace varios
años, de suspender la colocación de minas y el
retiro de las que tenía instaladas. Pero no puede esperarse
lo mismo de los grupos insurgentes, así lo quisieran
ó así se comprometieran; según se ha conocido,
estas organizaciones no llevan mapas ni registros de las minas
que instalan. La muerte, la clandestinidad ó la simple
desarticulación de sus bandas, no van a dejar ningún
recurso para conocer las áreas minadas. Este es el caso
del ELN, que se han comprometido al desminado, sin que lo hayan
hecho como es de esperarse; una cosa es plantar minas, porque
para eso no se requiere más que indolencia, y otra muy
diferente disponer de la necesaria para el desminado; ubicar
y desactivar las minas enterradas durante años es trabajo
de expertos bien equipados y organizados. Es ingenuo pensar
que los grupos al margen de la ley tienen la gente y la manera
de acometer esa tarea ó que se van a comprometer seriamente
en hacerlo. ¡Qué legado tan triste el que le están
dejando al país, llenándolo de minas, hambre,
muerte y enfermedad! Por eso, sin duda, es el Estado y los colombianos
quienes tendremos que asumir el peso y el dolor de esta tarea
que va a demandar recursos cuantiosos.
Que sean de reporte individual obligatorio
Como decíamos, se requiere además de una
nueva manera de ver este problema, cambios en la manera de actuar.
Es indispensable por ejemplo, que los accidentes ó las
lesiones por minas antipersona y MUSE sean de vigilancia epidemiológica
y de reporte individual obligatorio. No puede ser, por ejemplo,
que se notifiquen los accidentes con pólvora, pero que
las lesiones por minas y MUSE no reciban ese tratamiento. La
notificación obligatoria de estos eventos es necesaria
para seguir un fenómeno que atenta contra la salud y
el bienestar de manera grave, para facilitar la identificación
de zonas donde están plantadas las minas y sobre todo,
para dar seguimiento a la recuperación y rehabilitación
de los pacientes, así como para conocer los departamentos
y las regiones más afectadas como receptoras de las víctimas.
Obsérvese que muchas regiones consideradas menos afectadas
por minas, son el lugar de origen de los muertos o heridos en
otros lugares.
Finalmente, es indispensable asumir una actitud de rechazo absoluto
y más fuerte contra el minado, tanto del sector salud
como de parte de la comunidad y sus gremios y representantes.
Las minas no son más que la siembra de ruina y dolor.
Sabemos muy bien que muchas veces, por ejemplo, la pérdida
económica que dejan enfrentamientos es mucho mayor en
costos de recuperación y atención de salud, que
en perjuicios materiales. Infortunadamente, hablamos de un daño
duradero, que prevalecerá muchos años, incluso
si se logra un acuerdo ó el fin de la guerra. |
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