MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 10    No. 121  OCTUBRE DEL AÑO 2008    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


Reforma a fondo
Iván Darío Arroyave Zuluaga - Docente e investigador universitario - elpulso@elhospital.org.co

La Sentencia T-760 del 31 de julio de 2008 resuelve 22 acciones de tutela en que se solicitaba proteger el derecho a la salud: 20 de ellas presentadas por particulares y las dos restantes por Sanitas EPS. Analizando la Sentencia T-760 de 2008 es claro que, para la salud de los colombianos, el sistema de salud (y por tanto sus actores) no están funcionando como debieran hacerlo, según ordenó la Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993 desde su inicio.
¿Por qué tanto escándalo?
El lenguaje empleado en la Sentencia es inusual: “Cronograma de órdenes”. La Corte reparte órdenes a diestra y siniestra: Al Ministerio de la Protección Social, a sus entidades adscritas (Supersalud, Comisión de Regulación en Salud CRES-), al administrador fiduciario de Fosyga, a las EPS… Hasta a la realidad: Para enero de 2010 deberá existir cobertura universal y sostenible del sistema de salud. Mejor agacharse.Se pueden resumir las órdenes de la Sentencia T-760 de 2008 así: Unificar POS y POS-S (primero en niños); actualizar los POS, y mantenerlos actualizados; facilitar el acceso a prestaciones fuera del POS y del POS-S a través de la gestión de los CTC, de manera que se disminuya la necesidad de incoar tutelas; re-calcular la UPC y la UPC-S; facilitar los recobros que pueden hacer las EPS del Fosyga; identificar los actores (EPS, IPS) que están propiciando las acciones de tutela, y las causas; que las EPS den a los usuarios abundante información previa y posterior a la afiliación, de manera que les facilite la elección de asegurador, de prestador, y la veeduría; al Ministerio de la Protección Social, que adopte las medidas necesarias para asegurar la cobertura universal sostenible del Sistema de Seguridad en la fecha fijada por la Ley (antes de enero de 2010); que los destinatarios de todas las órdenes dadas, informen periódicamente sobre sus acciones.
En realidad, casi todo lo que dice esta Sentencia ya lo decían las normas, sólo que no se cumplió, y no pasaba nada, anota el médico y abogado Carlos Mario Vega M., docente de la Universidad CES. Ahora lo dijo el máximo Juez Constitucional. Si los obligados no lo cumplen, les podrán iniciar un Incidente por Desacato.
Otras consideraciones se refieren a que a los usuarios no se les debe trasladar trámites ni sobre-costos en la provisión de los tratamientos (por ejemplo, el lente intraocular es parte de la cirugía respectiva).
Contra la tutelitas se propone remedio: Cerca de la tercera parte de las acciones de tutela que se interponen, según la Defensoría del Pueblo, son reclamaciones de servicios de salud (610.000 entre 1999 y 2007) y la mitad de éstas son para solicitar servicios, procedimientos y medicamentos contenidos en el POS. A las aseguradoras parece que les resulta ventajoso que el paciente dé curso a las tutelas antes que al Comité Técnico Científico (CTC), en el que le corresponde asumir más de la mitad de los costos; también a los prestadores de mayor complejidad. A raíz de la Sentencia C-463 de 2008 se expidió la resolución 3099/08 que deroga la resolución 2933 de 2006. Es posible que la simplificación del trámite, la ampliación de los beneficios y la presión de la Corte estimule la provisión de servicios de salud No-POS por medio del CTC, en deterioro de la tutela.
Causa y efecto
El Editorial El Tiempo del pasado 26 de agosto, señala como causas de esta sentencia el incumplimiento de las metas de cobertura universal, que hoy mantienen a millones de personas sin servicio; la preocupante situación financiera de algunas EPS y hospitales, y las graves fallas que, en materia de gobernabilidad, inspección, vigilancia y control, han mostrado las instituciones a cargo del manejo del sistema. Y anota: “Infortunadamente, la fragilidad y la falta de capacidad técnica del Ministerio de la Protección Social le han impedido corregir las distorsiones de un sistema en el que los intereses económicos priman sobre la promoción, la prevención y la búsqueda del bienestar colectivo”. De hecho, el pasado 22 de agosto el ministro Diego Palacio dijo que el fallo cuesta por lo menos $6 billones al año; muchos ven venir una reforma tributaria para poder convertir la salud en un derecho en los términos que expresa la Corte. Claro que un gran alivio para esta situación, y para muchas otras, estaría en la generación masiva de empleo formal y de buena calidad, pero eso hay que descartarlo: la globalización, tanto como la estructura semi-feudal de nuestra economía que soportan las élites, hacen inviable esa posibilidad.
¿Co-legisla la Corte?
Muchos especialistas (no todos en voz alta) afirman que la Corte en la Sentencia T-760 como en otras recientes (ver El Pulso, edición 120, debate Sentencia C-463 de 2008) está legislando, lo cual entraña al menos dos grandes contradicciones: La primera, que esto desestabiliza la separación de poderes soñada por Montesquieu, el legislativo y el judicial. La segunda es que los magistrados, que no son elegidos por voto popular, parecen tomarse atribuciones inherentes al poder legislativo, que sí es de elección popular. Con lo desprestigiado que está el Congreso actualmente esto puede parecer una buena obra, pero lo cierto es que no siempre va a ser ahora y la tiranía de las élites (en este caso, y en el caso del Banco de la República, de élites intelectuales) no casa muy bien con nuestro Estado Social de Derecho ni con nuestra concepción de democracia. Siempre es posible que algún día los colombianos elijamos mejor a nuestros representantes, pero no lo podremos hacer nunca con las élites, porque no podemos elegirlas. ¿Qué pasará cuando no nos gusten tanto sus decisiones?
Otra cosa es el mecanismo de "declaratoria de emergencia" en el sistema de salud que el pasado mes de agosto solicitó la Procuraduría a la Corte Constitucional, donde advierte sobre graves fallas en la atención de los colombianos con la finalidad de garantizar los derechos de los usuarios del sistema. Aquí el poder judicial declara un estado de cosas pero no legisla sobre éste, sólo compulsa a los responsables del sistema a que cumpla en que la salud sea un derecho.
Pero eso sí, que con la salud hay un problema grave, lo hay. Y que la visión centrada en el lucro tiene bastante responsabilidad en ello, es casi cínico negarlo. Pero si hemos de usar el retrovisor, que no sea para nostalgias: El antiguo Sistema Nacional de Salud (SNS) también estaba colapsado con su sobrecarga de Estado de Bienestar. Más bien cabría preguntarse: ¿Por qué aquí en Colombia no nos funciona nada?.
Cronograma de òrdenes de la Corte Constitucional
 
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