“La sentencia exige voluntad política” Hernando Guzmán Paniagua Periodista - elpulso@elhospital.org.co “La sentencia es positiva para el sector de la salud y para el país, hace hincapié en los objetivos previstos y no se queda en los instrumentos, rescata la finalidad del sector: el bienestar en los servicios brindados a los ciudadanos”, conceptuó Juan Pablo Uribe, director de la Fundación Santa Fe de Bogotá y quien fuera Especialista Senior en Salud para América Latina, del Banco Mundial. Estimó que “debe ser viable la equiparación de los POS contributivo y subsidiado, es socialmente necesaria, justa y deseable, requiere gran esfuerzo financiero y revisión en detalle de los mecanismos de financiación existentes. Todos los ciudadanos y empresas hacen gran esfuerzo de financiamiento que debería ser retribuido con un plan de beneficios para todos, sin reparo en su capacidad económica”. Puntualizó: “Antes de preguntar cuánta plata hace falta para equiparar los planes, hay que resolver lo del actual POS subsidiado, que por ser una fracción de lo que la gente realmente necesita, encierra en sí mismo un financiamiento que va por otras rutas para que millones de ciudadanos puedan recibir la atención que requieren en el día a día. Parte va por subsidios a la oferta, parte por esfuerzo directo de muchas familias colombianas. Ya hay recursos que deberían estar mejor canalizados hacia un plan igualado. Sabemos de muchas otras fuentes que no apuntan a prioridades sociales que deberían apuntar, hay ineficiencias, desviaciones y pérdida de recursos, como señalan organismos de control. Antes de caer en la fórmula simplista de aumentar contribuciones, ya muy altas, a la economía formal para igualar planes de beneficios, de manera responsable debemos revisar qué tenemos y qué tan bien estamos haciendo lo que hacemos”. Sobre la viabilidad del plazo para los flujos del Fosyga, expresó: “No entiendo por qué no pueda ser viable. La razón de ser del administrador fiduciario es garantizar el flujo de recursos hacia EPS, IPS y en últimas, hacia la atención debida a los ciudadanos, para que no tengan que interponer una tutela para hace valer sus derechos. A las cartas de derechos para los ciudadanos y de desempeño de EPS no les veo ningún obstáculo, si existe voluntad política, compromiso y respaldo institucional a la capacidad de hacer bien las cosas, si creemos en la estructura del sector, que supone ciudadanos informados que escogen autónomamente, en un modelo de competencia abierta. El plazo para actualizar planes de beneficios es técnicamente más complejo y requiere capacidad institucional, que el Ministerio de la Protección Social y entes de rectoría del sistema tengan capacidad para ello. Hoy, 15 años después, me temo que no la tenemos. Y sobre el plazo para la cobertura universal del régimen subsidiado, rápido debemos igualar planes de beneficios y lograr cobertura superior a 90%; pese a las condiciones heterogéneas de Colombia y al difícil acceso a muchas zonas alejadas, la cobertura universal debe buscarse en esa fracción de población con mecanismos más eficientes que el aseguramiento individual”. Dijo: “La Corte no está co-legislando sino cumpliendo su deber, buscando la manera de garantizar los derechos constitucionales de todos los colombianos. Ha sido paciente, se tomó tiempo para revisar en detalle cómo se ejerce el derecho a la salud en un sector complejo e inundado de imperfectos, tutelas, glosas y flujos inútilmente complicados de recursos. Y sin ser complaciente con el status quo del sector, la Corte interviene en su esfera de responsabilidad y hace un llamado de atención a todo el sector, empezando por el Ejecutivo en todos sus niveles, en el sentido de que debemos lograr los objetivos del Sistema y no quedarnos de nuevo dando vueltas, discutiendo y defendiendo instrumentos, medios, actores o intereses que no le llegan a la gente”. Por su parte, el Líder de Desarrollo Humano del Banco Mundial para Colombia y Méjico, Christoph Kurowski, expresó a El Pulso: “La sentencia es una gran oportunidad y un reto para el gobierno y la sociedad colombiana, para acelerar la agenda de regulación y ajustes institucionales, a fin de que el sistema de aseguramiento de salud alcance un nivel mayor de maduración”, e informó que el Banco analiza con el gobierno el alcance de la norma y estudia mejores prácticas internacionales para la garantía efectiva del derecho a la salud, aunado a la sustentabilidad financiera y a la equidad del sistema.   Más información... Reforma a fondo La Sentencia T-760 del 31 de julio de 2008 resuelve 22 acciones de tutela en que se solicitaba proteger el derecho a la salud: 20 de ellas presentadas por particulares y las dos restantes por Sanitas EPS... 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