MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 10    No. 121  OCTUBRE DEL AÑO 2008    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


La salud, un
asunto de derechos
Juan Carlos Arboleda Z. - elpulso@elhospital.org.co

Que la salud en Colombia esté judicializada es un hecho con múltiples causas, que según el presidente de Asmedas Antioquia, Carlos Alberto Giraldo, hace parte del absurdo nacional: “Era evidente que quienes decían qué hacer en términos de salud eran los jueces; ahora, después de 15 años del gobierno evadir su obligación de construir una ley sólida y consistente que garantice el derecho a la salud, la Corte Constitucional, con muy buen criterio, le dice al sistema que tiene una obligación que incumple impunemente”.
En los 15 años de Ley 100, la organización gremial planteó la necesidad de que la salud y la seguridad social fueran un derecho fundamental y de obligatorio cumplimiento por el Estado. Por esa razón, el presidente nacional de Asmedas, Pedro Contreras, manifiesta que con la Sentencia 760 debe comenzar a abrirse paso una nueva reglamentación, que permita el real acceso de los ciudadanos a los servicios: “El gobierno siempre ha tenido dos posiciones frente a la salud, que hasta ahora logró materializar: eliminar toda responsabilidad del Estado en la financiación de la prestación de servicios, y convertirla en mercancía sometida a las leyes del mercado. Cuando el Congreso no cumple su función y el Ejecutivo es totalmente contrario a garantizar estos derechos fundamentales, le corresponde al organismo de cierre en defensa de la Constitución, la Corte Constitucional, cumplir una función de guardián último de los derechos. Por eso la Corte trató de resolver el problema a los desplazados y defiende a los afectados con la pérdida de su vivienda. La Corte asume la función que no cumple el Congreso ni el Ejecutivo”.
El doctor Contreras es radical en afirmar que el problema de la prestación de la seguridad social no es económico, ya que anualmente se mueven casi $26 billones, de los cuales el 30% serían ganancias de los intermediarios, a lo cual se suma el hecho que el gobierno a través del Fosyga utiliza recursos del sistema para invertir en TES y resolver problemas fiscales: “El problema es que el derecho es uno solo, y se deben garantizar los servicios de salud a todos los colombianos; es asunto de reordenamiento administrativo y jurídico, para que los recursos dispuestos por empleadores, trabajadores y entes territoriales, sean bien manejados”. El doctor Contreras afirma que organizaciones como Asmedas, la Federación Medica Colombiana y sociedades científicas, deberán vigilar el cumplimiento de la sentencia y presionar al Congreso para que busque caminos legislativos que garanticen que el fallo se materialice en posibilidad real para los colombianos.
 
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