Emergencia es situación que sobreviene, inesperada y que exige respuestas inmediatas. Algo muy distinto de la crisis profunda, acumulada, tolerada y hasta fomentada en nuestro sistema de salud, por una visión equivocada de la seguridad social, que aparece cada vez más clara en su claudicación ante el interés particular. Una crisis recurrente, mas no insalvable, como quiera que el sistema a pesar de sus cimientos filosóficos contrarios al bienestar general, posee herramientas legales, constitucionales y administrativas capaces de restablecer el equilibrio entre los actores que concurren en su gestión y operación.
El decreto de emergencia social tiene entre sus pocas virtudes, un diagnóstico que si bien no llega a las causas primigenias de la crisis, al menos señala indicadores elocuentes: las cifras económicas que hablan per se de disfuncionales relaciones entre los componentes de la estructura. La cifra más grande es la deuda de $3.57 BILLONES que mantienen EPS del régimen contributivo con hospitales; esto solo sería suficiente para poner en peligro la sostenibilidad financiera de la prestación del servicio. Difícilmente se podría atribuir ese altísimo endeudamiento de las aseguradoras al incumplimiento del Fosyga en sus pagos a EPS, puesto que su gremio cuantifica en $900.000 millones las obligaciones impagadas (cifra muchísimo menor que la deuda con IPS) y aún es dudoso el cálculo, si las cuentas glosadas a EPS según el Ministerio de la Protección, son $500.000 millones.
Si los decretos de emergencia social resisten el examen de constitucionalidad, esta controversia deberá dirimirse con mecanismos de conciliación que prevé el decreto 075. Entonces, ¿de dónde proviene el descomunal endeudamiento con hospitales? Ni el decreto de emergencia lo dice ni el deudor parece interesado en aclararlo. ¿Acaso no tiene el sistema normas suficientemente claras para que sus actores concurrentes honren los compromisos financieros que les atañen? ¿Por qué no se hacen cumplir? Si esa cifra es parte sustancial del hueco financiero del sistema, ¿no se resuelve éste en buena medida con una benéfica negociación entre acreedores y deudores que desemboque en un acuerdo de pagos razonable y restituya confianza entre dos actores que se necesitan mutuamente? Es de suponer que los afectados por este endeudamiento aprovecharán el 075 para conciliar diferencias, si las hay. Si no, Acemi debería instar a sus afiliados a que paguen, pues de milagro sobreviven los centros asistenciales, con tal asfixia financiera.
Encima de esto, el decreto de emergencia denuncia que según investigación de Afidro, en unos casos se altera fraudulentamente el valor y número de medicamentos en recobros. Si el aumento disparado de recobros es un gran indicador de la crisis y la cifra global de esos recobros está inflada, ¿no es claro un componente de estafa en esta explosión de costos? Así se tipifica la defraudación al sistema de salud en el decreto 126 que modifica el Código Penal. Más de un colombiano se pregunta: ¿por qué la emergencia no señala los responsables de esa defraudación ni dice el monto de la misma, cuánto representa en esta corruptela? ¿Cuántos y cuáles procesos se han abierto para enjuiciar los incursos en este delito? Ah, ¿ni siquiera recobrando más de lo justo se tiene disponibilidad financiera para pagarle a los hospitales? ¿Será cierto que ya el aseguramiento en salud no es negocio, o que el sistema tiene que operar con menos EPS? ¿Cómo explicar que algunas figuran entre las sociedades privadas más poderosas?
Colombia no necesita una emergencia social para conjurar la crisis de la salud, porque vivimos una crisis permanente del sistema que puede resolverse con los instrumentos legales y constitucionales vigentes, normas que rigen la financiación, afiliación, el acceso, la satisfacción del derecho a la salud, con el sistema de inspección, vigilancia y control en cabeza de Supersalud y los controles delegados en entes territoriales, veedurías y mecanismos de participación ciudadana, con la infraestructura de los demás organismos de control, el Ministerio Público e instituciones de jerarquía superior como la Contraloría. Ello sin mencionar el ordenamiento jurídico esencial alrededor de la Constitución, leyes orgánicas y otras, el amplísimo catálogo de normas de los ministerios de la Protección Social, Hacienda y organismos autónomos del Estado. Por lo visto, de nada sirve este compendio normativo, frente a la decisión principesca de legislar de ocasión, declarando una emergencia social que no reúne requisitos formales ni sustantivos de los estados de excepción y arremete contra los principios inspiradores de todo Estado Social de Derecho.
La mayoría de normas en los 15 decretos no son congruentes con la situación invocada, ni los efectos esperados prometen conjurar la crisis que la motivó. Además, una emergencia invocada para garantizar la prestación de servicios de salud, la aprovecha el gobierno para emitir medidas contrarias al fin propuesto: con el decreto 128, el Ministerio de la Protección conculca olímpicamente un derecho consagrado en la Constitución, como es la acción de tutela que se supedita a otro copago, mediante “Prestaciones Excepcionales en Salud”, atropello que no merece comentarse. Y el 131 crea el Sistema Técnico Científico en Salud y regula la autonomía profesional, con elementos de dudosa raigambre científica, que ponen en entredicho la dignidad de las profesiones médicas.
Queda la emergencia al juicioso examen de la Corte Constitucional y sobre todo a consideración de los colombianos respetuosos de la ley y la Carta Política, y celosos defensores de sus derechos.