Emergencia social: la salud en estado de sitio Olga Lucia Muñoz López Periodista - elpulso@elhospital.org.co La declaratoria de emergencia social y la expedición de decretos con fuerza de ley, propiciaron reacciones unánimes entre la población, profesionales de la salud y algunos gremios, respecto de la inconveniencia de estas medidas, su carácter inconsulto y poco técnico, y la incertidumbre entre los ciudadanos ante el temor de perder sus derechos a la atención en salud, y entre médicos y profesionales que sienten amenazado su ejercicio profesional. Fue tan generalizado el cuestionamiento, que el presidente Uribe emprendió una maratón mediática para defender y hacer didáctica sobre los efectos, considerando que los decretos tenían problemas de redacción y de interpretación. Luego de que la Procuraduría dijera el 7 de febrero que el Presidente no podía usar el Canal Institucional para explicar los decretos por prohibición de Ley de Garantías, se programaron eventos públicos, Consejos Comunales y entrevistas a medios de comunicación de todo el país, para la defensa de la emergencia. Y en reuniones en el Palacio de Nariño con expertos y actores del sector salud, el presidente promovió la acogida a las medidas, además de que se expidieron dos nuevos decretos para “reversar” algunas de las más controvertidas. El decreto 358 (febrero 4), estableció que los estándares serán referentes 'indicativos' para el ejercicio de las profesiones médica y odontológica, y sólo serán obligatorios cuando, en ejercicio de su autonomía, así lo definan la Academia Nacional de Medicina y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, y la Federación Odontológica Colombiana. Cuando se determine su obligatoriedad se aplicarán al médico u odontólogo, quienes se podrán apartar de los mismos con base en su conocimiento, experiencia y criterio. El decreto señala además que para aplicar sanciones, deberán configurarse los dos supuestos: 1) Apartarse sin justificación aceptable de una recomendación incluida en un estándar obligatorio. 2) Que tal situación ocasione un daño económico al sistema de salud. Si existe solo uno de los supuestos, no habrá lugar a la responsabilidad ético-disciplinaria, ni a la imposición de la multa. Los Tribunales de Ética Médica y Odontológica designarán pares calificados para que emitan concepto sobre la configuración de los supuestos, el cual será requisito para la determinación de responsabilidad ético disciplinaria y de eventuales sanciones. En suma: las sanciones quedan vigentes. Y con el decreto 398 (febrero 5), se reiteró que la base para la actualización de los Planes Obligatorios de Salud -POS- contributivo y subsidiado, serán los planes de beneficios vigentes a la fecha de publicación del decreto 131/10, conforme a los Acuerdos de la CRES. En consecuencia, se garantiza a toda la población afiliada al sistema, el acceso a los servicios de baja, mediana y alta complejidad según los planes de beneficios. El 5 de febrero, se anunció: "Frente a la posibilidad de utilizar cesantías para la salud, el Presidente de la República se permite comunicar: Solamente los sectores pudientes, estratos 5 y 6, podrán gastar cesantías en salud, nunca los ciudadanos pobres o de ingresos medios. Si esto no es así, es preferible que el Congreso derogue el decreto". El 12 de febrero, el presidente Uribe enumeró los principales beneficios de la emergencia: 1) Un billón de pesos para atender enfermedades no incluidas en el POS. 2) Sostener financieramente el servicio a 41 millones de asegurados gobierno -al inicio de este gobierno eran 23 millones-. 3) En próximos meses se igualará el plan de beneficios del subsidiado con el del contributivo (esto se hará por mandato de la Sentencia T-760). 4) Desde el 1º de abril, los casi 22 millones de afiliados al régimen subsidiado se atenderán en cualquier parte del país. 5) Giro directo del gobierno nacional a departamentos, hospitales, municipios y EPS, para evitar intermediación que demora el flujo de recursos. 6) Supersalud intervendrá casos de abusos. 7) Guías y estándares no provendrán de EPS, sino de sociedades científicas de los médicos. 8) No se desmejorará el POS. 9) Normas para evitar la corrupción. 10) Seguro de accidentes de tránsito simplificado y aumento de coberturas. 11) Programas para prevención de drogadicción y rehabilitación de drogadictos. Luego, el martes 16 de febrero, el presidente Uribe respondió inquietudes y dudas sobre la emergencia social, sus logros y retos, a través del Call Center de la Supersalud. El sábado 20 y domingo 21 de febrero, hizo lo mismo a través de call center, emisoras, canales privados y todos los medios de información puestos a su disposición, dado que no podía utilizar espacios públicos por Ley de Garantías. Y en la semana siguiente, todos los días en la mañana, el presidente Uribe continuó esta labor en los medios, mientras en las tardes asistía a reuniones con diversos actores del sistema de salud en todo el país. Escándalo por contratos y control político El candidato a la Presidencia, Germán Vargas Lleras, denunció el pasado 10 de febrero que el Ministerio de la Protección Social suscribió un contrato (640 de diciembre 29/09) con la Asociación Centro de Gestión Hospitalaria por $725 millones, para elaboración de los decretos de la emergencia social, y que el Centro de Gestión a su vez sub-contrató con personas que tienen vínculos con EPS (beneficiadas o perjudicadas con las normas), como Julio Portocarrero (miembro de la Junta Directiva de Colpatria, grupo empresarial que tiene EPS), Augusto Galán (ex presidente de Acemi, gremio de EPS), y una miembro de la junta de la Nueva EPS en la que el Estado colombiano es socio: Teresa Tono. Luego denunció que esta última persona también suscribió un contrato con el Centro de Gestión Hospitalaria por $1.200 millones en 2008, para brindarle asesoría profesional al Ministerio, y a la vez ese consorcio la contrató como asesora (configurando carrusel de contratos); luego denunció un tercer contrato por asesorías para elaborar los decretos de emergencia social por 63 millones de dólares (más de $125.000 millones). En respuesta a las denuncias y después de enfrentamientos verbales, el ministro Palacio publicó en la web del ministerio los contratos celebrados dentro de la emergencia social o para cumplir la Sentencia T- 760/08, y pidió a la Contraloría y a la Procuraduría que los revisen. Vale anotar que en reunión a fines de febrero en la Procuraduría, los ministros de Hacienda y de la Protección Social entregaron detalles sobre la emergencia social y los alcances de sus decretos. El procurador Alejandro Ordóñez, indicó que a principios de marzo presentaría su concepto sobre la emergencia, luego de la llegada del expediente enviado el 17 de febrero. La Corte Constitucional recibió hasta el pasado 15 de febrero decenas de conceptos favorables a la derogación de la emergencia y de sus decretos. El ministro Diego Palacio, acudió el 18 de febrero a un debate de control político en el Congreso sobre la emergencia social y se anuncia moción de censura en su contra.   Más información... Emergencia social: la salud en estado de sitio La declaratoria de emergencia social y la expedición de decretos con fuerza de ley, propiciaron reacciones unánimes entre la población, profesionales de la salud y algunos gremios, respecto de la inconveniencia ... 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