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Varias opciones
contra la emergencia
Hernando
Guzmán Paniagua - Periodista -
elpulso@elhospital.org.co
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| Hay varias
opciones jurídicas para desmontar la emergencia social
y sus decretos, ninguna de ellas descartable, planteó
Carlos Ballesteros, abogado especialista en seguridad social
y concejal de Medellín. Y precisó: Primera,
por una ley ordinaria del Congreso de la República, que
derogue el decreto 4975/09 y los expedidos con base en él,
o que el gobierno convoque unas sesiones extraordinarias con
el mismo fin. Tercera vía: un fallo de la Corte Constitucional,
que acepte nuestros razonamientos. Cuarta, el referendo derogatorio,
toda una empresa, con la ventaja de ser impulsada por la misma
ciudadanía inconforme, pero necesita un liderazgo, implica
tiempo, recoger firmas en todo el país, ir a la Registraduría.
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Y la
quinta, que el mismo gobierno nacional declare otra emergencia
social para desmontar la primera. Yo confío en la Corte
Constitucional. Y hay que presionar a los congresistas, que
vean un clamor popular evidente y se comprometan con esta causa.
El jurista señaló que el 4975 y los decretos dictados
a su amparo violentan el bloque de constitucionalidad, conformado
por las normas constitucionales y por los convenios internacionales
que regulan la materia; violan tratados en materia de progresividad,
en especial el Pacto de San José de Costa Rica que consigna
la obligación de los Estados signatarios, a incrementar
los beneficios de seguridad social y nunca menguarlos. Explicó:
Al contrario, el decreto 135/10 viola esa progresividad,
y también la Ley 50/90 que obliga a depositar las cesantías
en fondos privados para los propósitos de vivienda y
educación. Señaló que el Presidente
de la República sustituye al legislador en la expedición
de decretos-leyes, el decreto 126 limita completamente la autonomía
médica y su decreto reglamentario lo contradice, el decreto
358 contradice el decreto-ley 131, pues éste dice que
los estándares son obligatorios mientras
que el reglamentario dice que son indicativos y
el decreto que propicia la tercerización de las Empresas
Sociales del Estado -ESE-, suprime la participación de
la comunidad en sus juntas directivas. |
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