MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 11    No. 138  MARZO DEL AÑO 2010    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


Varias opciones
contra la emergencia

Hernando Guzmán Paniagua - Periodista - elpulso@elhospital.org.co

“Hay varias opciones jurídicas para desmontar la emergencia social y sus decretos, ninguna de ellas descartable”, planteó Carlos Ballesteros, abogado especialista en seguridad social y concejal de Medellín. Y precisó: “Primera, por una ley ordinaria del Congreso de la República, que derogue el decreto 4975/09 y los expedidos con base en él, o que el gobierno convoque unas sesiones extraordinarias con el mismo fin. Tercera vía: un fallo de la Corte Constitucional, que acepte nuestros razonamientos. Cuarta, el referendo derogatorio, toda una empresa, con la ventaja de ser impulsada por la misma ciudadanía inconforme, pero necesita un liderazgo, implica tiempo, recoger firmas en todo el país, ir a la Registraduría.
Y la quinta, que el mismo gobierno nacional declare otra emergencia social para desmontar la primera. Yo confío en la Corte Constitucional. Y hay que presionar a los congresistas, que vean un clamor popular evidente y se comprometan con esta causa”.
El jurista señaló que el 4975 y los decretos dictados a su amparo violentan el bloque de constitucionalidad, conformado por las normas constitucionales y por los convenios internacionales que regulan la materia; violan tratados en materia de progresividad, en especial el Pacto de San José de Costa Rica que consigna la obligación de los Estados signatarios, a incrementar los beneficios de seguridad social y nunca menguarlos. Explicó: “Al contrario, el decreto 135/10 viola esa progresividad, y también la Ley 50/90 que obliga a depositar las cesantías en fondos privados para los propósitos de vivienda y educación”. Señaló que el Presidente de la República sustituye al legislador en la expedición de decretos-leyes, el decreto 126 limita completamente la autonomía médica y su decreto reglamentario lo contradice, el decreto 358 contradice el decreto-ley 131, pues éste dice que los estándares son “obligatorios” mientras que el reglamentario dice que son “indicativos” y el decreto que propicia la tercerización de las Empresas Sociales del Estado -ESE-, suprime la participación de la comunidad en sus juntas directivas.
 
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