MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 15    No. 175  ABRIL DEL AÑO 2013    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co

 

Reflexión del mes
“A la vista de una ‘permissive society’ en la que todo parece relativo y en la que se supone que nada es verdadero, todo está permitido y a cualquiera le es lícito hacer lo que le venga en gana, el debate público sobre derechos humanos y valores fundamentales, sobre la moral política y comercial, pública y privada, me enseña: es innegable que existe una nueva necesidad de criterios fiables, normas vinculantes y valores permanentes, esto es, de una orientación ética que, a diferencia de la moral tradicional, no sea represiva y oprimente, sino que tenga un efecto liberador, afirmador de la vida”.
Fragmento de “Lo que yo creo”
Hans Küng (1928). Sacerdote católico, teólogo controvertido y prolífico autor. Desde 1995 es Presidente de la Fundación por una Ética Mundial (Stiftung Weltethos). Küng es "un sacerdote católico en activo", pero el Vaticano anuló su autoridad para enseñar teología católica. Pese a ello permanece en la Universidad de Tübingen como profesor de Teología Ecuménica, donde imparte clases como profesor emérito desde 1996. A pesar de no tener permiso para enseñar teología católica, ni su obispo ni la Santa Sede han revocado sus facultades sacerdotales.
“Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos; porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir”. Isaías 59:14.
“De todas las formas de inequidad, la injusticia en salud es la mas estremecedora e inhumana”. Martin Luther King Jr.
Para contribuir al debate de propuestas del proyecto de ley ordinaria que pretende reformar el sistema creado por la Ley 100/93, presento las siguientes apreciaciones.
Incertidumbre por Salud-Mía
y financiación del sistema
“La crisis del sistema de salud no solo es de sostenibilidad, sino sobre todo de legitimidad, lo cual significa la necesidad sincera de interpretar el sentir ciudadano”. Dr. Alejandro Baena. Foto: Rodrigo Peláez
Lo correcto sería no seguir hablando de “Fondos”, lo moderno en un Estado Social de Derecho sería hablar de una Tesorería General de la Seguridad Social en Salud y no de un nuevo Fosyga. Es necesario comprender que la titularidad de los recursos de salud es pública, incluyendo los de origen parafiscal que no desaparecieron del esquema pese a la creación del impuesto CREE que sustituyó el aporte parafiscal de 8% de empleadores.
Hay incertidumbre sobre la viabilidad financiera del sistema de salud tras la sustitución de fuentes: al deslaboralizar la financiación del régimen contributivo, no se conocen estudios que sustenten esa decisión en un escenario de largo plazo. Dicha decisión obedece más al “salario de eficiencia” de la teoría neo-clásica aplicada al “mercado de trabajo”, pero en la práctica constituye una forma sofisticada de dumping social, al disminuir el salario social y la remuneración del factor trabajo. El Estado colombiano incumplió normas de no regresividad en garantía de derechos fundamentales del trabajo: con la reforma tributaria (Ley 1607/12), hizo reforma laboral y reforma a la Ley 100/93 en financiación del sistema.
Sería importante que el país conozca la verdad sobre el Fosyga, en razón al manejo de su portafolio de inversión, de la rentabilidad y transparencia de sus cuentas. Debe considerarse que Fosyga se maneja como una caja menor de la Tesorería General de la República mediante la colocación de recursos en TES, lo cual genera una situación que no garantiza el adecuado flujo de recursos, supeditando el manejo de caja a decisiones del CONFIS. Otro aspecto crítico es el desastre informático del Fosyga, que generó caos administrativo y contable en el sistema, sin que haya suficiente claridad de lo sucedido. Esto hace preguntar: ¿Cómo será el manejo de la información al crear un super-Fosyga, llamado Salud-Mía? ¿Quién y cómo controlará el manejo de recursos de salud? Hay temor de que el nuevo ente sea capturado por intereses privados o clientelistas.
No tiene presentación seguir
dando a las EPS un salvavidas que seguiría costando
a los colombianos no solo el uso inadecuado de los recursos
en salud, sino la vida y la integridad por la negación
sistemática del Derecho a la Salud.
¿De EPS a gestoras: otro salvavidas del gobierno a las EPS?
Primero presento un balance sucinto de lo que significó la ausencia del Estado en el ejercicio de la función indelegable de inspección, vigilancia y control, con el antecedente del estudio de la Procuraduría que solicitaba declarar Estado de Cosas Inconstitucional en Salud, por la omisión sistemática de las autoridades para garantizar el derecho a la salud:
1) Integración vertical sin control efectivo del Estado. 2) Sobre-facturación de medicamentos (ej.: $825.000 millones sólo en caso SaludCoop. 3) Fraude multi-billonario de recursos públicos de salud, por mayores valores cobrados al incidir en forma fraudulenta en la fijación de la UPC mediante el Consenso de Acemi, y por recobros indebidos de procedimientos ya financiados en el POS. 4) Fijación monopólica de tarifas por debajo de precios de producción de servicios, deteriorando calidad de la atención y vulnerando el derecho al trabajo digno de profesionales de salud. 5) Aumento de carteras vencidas sin soporte y respaldo contable. 6) Cartera de más de $8 billones de EPS con red hospitalaria.
7) Incremento del costo de intermediación por las EPS, estimado en 34% como “costo de transacción” de todas, y de 45% en Caprecom. 8) Catástrofe informática en registros de recobros al Fosyga. 9) Negación sistemática del Derecho a la Salud, que se evidencia en 4 millones de tutelas en los últimos 10 años, la mayoría por servicios del POS. 10) Cartelización del mercado de aseguramiento: colisión para negar servicios y fraude en información para incidir en el valor de la UPC, según sanción de Superindustria.
11) Captura de órganos de control, de órganos legislativos y de justicia (como evidencia ver estudio de Juanita León). 12) Interferencia indebida en la autonomía del acto médico mediante múltiples mecanismos y sofisticados controles, que llevaron a los profesionales de la salud al complejo escenario de doble lealtad, entre cumplir exigencias del pagador o EPS, y la lealtad al Juramento Hipocrático y el deber de actuar con rigor científico y observancia de principios éticos de beneficencia, solidaridad y justicia. Estamos los médicos ante la ruptura del Pacto Social de la medicina y la desprofesionalización
13) La presencia del tercer pagador intermediario financiero llevó a la “deshumanización de la medicina” o despersonalización de la relación medico-paciente, que transformó la medicina de noble profesión en simple oficio técnico al servicio de intereses particulares y/o corporativos; esta transformación genera desconfianza en la relación medico-paciente, insatisfacción profesional, mala calidad y poca efectividad en resultados terapéuticos, y la imposibilidad de garantizar un acceso adecuado a avances científicos y técnicos de manera racional en un ámbito de deliberación y consentimiento informado. Los protocolos y guías clínicas pasaron de ser orientadores de las decisiones, a convertirse en cortapisas y limitantes del método y razonamiento clínico, como parte de mandatos burocráticos de los pagadores (aseguradoras en salud o EPS).
Considerando este balance, no tiene presentación seguir dando a las EPS un salvavidas que seguiría costando a los colombianos no solo el uso inadecuado de los recursos en salud, sino la vida y la integridad por la negación sistemática del Derecho a la Salud.
El punto central es lograr
un gran consenso nacional de que la salud es un
instrumento para garantizar la paz social, política y laboral,
y que se necesita un sistema de salud centrado en la garantía
para el disfrute efectivo del derecho fundamental a la
protección de la salud de los colombianos.
Recobrar relación médico-paciente
En primer lugar, es necesario plantear que no se justifica desde ningún punto de vista, ni financiero, jurídico ni administrativo, que sigan existiendo dos regímenes de seguridad social en salud, uno subsidiado y uno contributivo, máxime si se supone que está “casi universalizado el aseguramiento”, porque no es lo mismo tener un carnet que ser atendido de manera integral en el cuidado de la salud en lo individual y lo colectivo. Es urgente que los congresistas comprendan que la salud está en el núcleo de la democracia moderna y como expresó Alejandro Gaviria en El Espectador al referirse al nuevo sistema sanitario: “Las leyes sobre la seguridad social en general y sobre la salud en particular, son parte esencial de la democracia” (dic. 26/09). Por tanto, no es aceptable que persista esta fragmentación del sistema fundado en la capacidad de pago y no en el derecho fundamental a la salud, como derecho autónomo y parte de la ciudadanía social moderna.
La solución no es seguir manejando la salud como parte de los arreglos políticos de nuestra imperfecta democracia, sino humanizar el sistema, recobrar la relación médico-paciente como “encuentro de una conciencia y una confianza”, buscando la dignificación de ambas partes, asistir con compasión y beneficencia, curar sin maleficencia y asignar los recursos con justicia; todo ello parecerían utopías, pero son los principios básicos de todo sistema humano de salud, que se precie de ser civilizado.
Garantizar derecho fundamental a la salud
La salud como derecho fundamental autónomo se constituye en el núcleo esencial irrenunciable, sobre el cual la delimitación de contenidos tiene que partir de principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos, en especial lo referente a la observación general 14 del CESR (1); los principios universales de Limburg sobre aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; los principios de Siracusa (2) sobre disposiciones de limitación y derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y no puede contravenir las directrices de Maastricht sobre violaciones a los derechos económicos sociales y culturales. Todos estos instrumentos son de carácter vinculante por el principio de bloque de constitucionalidad, y serán fundamentales para garantizar que la pretensión de regular el núcleo esencial del derecho preserve el “coto vedado” para los poderes públicos en la regulación de derechos fundamentales (3).
La crisis del sistema de salud no sólo es de sostenibilidad, sino sobre todo de legitimidad, lo cual significa la necesidad sincera de interpretar el sentir ciudadano; esto señala que hay una crisis de confianza y quizás como lo estableció en su momento la Procuraduría General de la Nación, existe un “Estado de Cosas Inconstitucional" (4).
El punto central es lograr un gran consenso nacional de que la salud es un instrumento para garantizar la paz social, política y laboral, pero eso no se ha entendido en muchos sectores. Se sigue pensando en sostener el modelo mercantil de aseguramiento que fracasó y darle un segundo aire, pero ese modelo fracasó en lo social, sanitario, político, en la generación de confianza. Hay crisis por la defraudación sistémica que no quieren reconocer explícitamente el Congreso, el presidente de la república o el ministro de Salud.
Con todas las evidencias de cómo se manejó el modelo de aseguramiento mercantilizado y degradado, con un POS recortado y una ruptura de la confianza entre todos los actores, el sistema no se resolverá por más plata que le inyecten. El problema no es de recursos solamente, sino de diseño estructural del modelo, y eso es lo que no se quiere reconocer. Le quieren dar una cuarta oportunidad al modelo de salud mercantilizado que rompe todos los parámetros de respeto por la dignidad humana, por la autonomía médica y los derechos del paciente. Reformar con sinceridad el actual sistema implicará generar un consenso social real, en torno de un sistema de salud centrado en la garantía para el disfrute efectivo del derecho fundamental a la protección de la salud de los colombianos 6
Notas:
1. http://www.cetim.ch/es/documents/ codesc-2000-4-esp.pdf
2. http://www1.umn.edu/humanrts/instree/ SMaastrichtguidelines_.html
3. www.cervantesvirtual.com/servlet/ SirveObras/.../Doxa6_12.pdf
4. http://dejusticia.org/interna.php?id_tipo_ publicacion=5&id_publicacion=402
Prestaciones No-POS:
¿peculado por aplicación oficial diferente?

Carlos Ignacio Cuervo Valencia, MD Consultor
Existe en el sector salud un problema estructural que afecta sustancialmente la financiación y la prestación de las coberturas incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS) de los afiliados: son las prestaciones no incluidas en el POS (lo llamado No-POS).
La no previsión desde los inicios de la Ley 100/93 de quién sería el agente pagador y el proceso en prestación de servicios No-POS (medicamentos, insumos, suministros. procedimientos o intervenciones por fuera de los planes de beneficios de los regímenes contributivo y subsidiado), generó barreras de acceso y re-procesos a los pacientes y sus familias, y es motivo de permanentes fricciones, improvisaciones e interpretaciones en actores claves del sistema de salud, como la Corte Constitucional y la rama judicial, EPS, IPS, Ministerio de Salud, entes de inspección, vigilancia y control, y asociaciones de usuarios, entre otros.
Sin pretender afirmar que el modelo de salud sea un contrato de seguros, pero sí aplicando la lógica del modelo de aseguramiento que le inspira, podríamos resaltar que la prima (Unidad de Pago por Capitación -UPC-), no está diseñada o prevista para atender coberturas o constituir reservas distintas a las contempladas en los estudios técnicos-actuariales que le dieron origen. Cuando ello se permite (como en el caso de lo No-POS), además de desfinanciar las propias coberturas del POS (véase el porcentaje de tutelas por prestaciones No-POS que denuncia la Defensoría del Pueblo, siempre por encima del 50%), se incurre en costos adicionales financieros y transaccionales, lo que repercute en serios problemas de liquidez, margen de solvencia y cartera de las EPS con proveedores. Estas reiteradas improvisaciones en materia de lo No-POS, desbarajusta aún más el necesario cierre actuarial que debe tener el modelo de aseguramiento en salud, donde teóricamente mediante una prima o UPC suficiente, se garantizaría la financiación de las prestaciones incluidas en el POS, dados ciertos costos y frecuencias de uso.
Indebida destinación de recursos de aseguramiento
Lo cierto es que hoy existe una sistemática utilización de la UPC para garantizar y pagar coberturas distintas al POS, pre-configurando -en mi concepto- una indebida destinación de los recursos del aseguramiento (así medie después un recobro): Cuando las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios utilizan recursos de la UPC para el pago y posterior recobro de prestaciones no incluidas en el POS, se le da destinación distinta a la estipulada por ley y en consecuencia estaríamos ad portas de una conducta reprochable y tipificada en el Código Penal como “peculado por aplicación oficial diferente”. El artículo 399 de la Ley 599 de 2000 sobre Peculado por Aplicación Oficial Diferente, dice: “El servidor público que dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste, en perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses, multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término”.
Si bien es válida la importancia y
necesidad de prestaciones No-POS para materializar el
derecho fundamental a la salud, y la necesidad de dirimir
entre pares cuando procede o no su autorización,
son muchos los señalamientos a lo No-POS.
El juicio de tipicidad en la nueva normatividad frente a la derogada no sólo exige para el caso en comento, la indebida aplicación, afectación, inversión o utilización de un rubro, sino también la producción de un perjuicio para la inversión social y que fuera realizada por un servidor público. En la primera premisa quedaría claro que si se invierten o utilizan los recursos de la UPC en forma no prevista, con fines distintos al POS (No-POS), se estaría adecuando esa conducta a la tipicidad o adecuabilidad descrita en la primera parte del artículo 399 del Código Penal.
Sobre la segunda premisa, es preciso que se acredite que ésta se ejecutó en perjuicio de la inversión social como efectivamente está ocurriendo, pues al examinar la naturaleza de los bienes públicos involucrados en la financiación de la UPC, con certeza se determina que sí hacen parte de esa especie de destinación con fines sociales que hace el Estado para garantizar el derecho fundamental a la salud de los colombianos. Y en cuanto a la calidad de que sea cometida por un sujeto calificado (servidor público), cabe preguntar si los gerentes de las EPS no públicas ejercen también estas funciones públicas, y como tal serían también ellos objeto de dicha responsabilidad…
Causales de exclusión de responsabilidad
Ahora bien: es preciso hacer unos comentarios relacionados con el hecho de que independientemente de la eventual tipicidad de esta conducta, podríamos también estar frente a una ausencia de anti-juridicidad, en los términos del artículo 32 del Código Penal, principalmente en lo atinente a las causales contenidas en los numerales 7, 3, 5, 4, las que analizo en este orden por considerar que precisamente en dicho orden, proceden en importancia las posibles causales de exclusión de responsabilidad. Estas son:
- Numeral 7: Plantea la ausencia de responsabilidad cuando se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado… Esta causal coincide con algunas de las circunstancias que motivan tanto la acción de tutela como los pronunciamientos de los jueces al concederlas, y son el carácter inminente y actual del peligro para un derecho: para el caso, el derecho fundamental a la salud y la vida.
- Numeral 3: Esta causal contempla que se obre en estricto cumplimiento de un deber legal. Aquí la reflexión recae sobre cuál es en estricto sentido el deber legal atribuido a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), donde existiría un amplio debate de las funciones y alcances de los deberes y obligaciones de éstas.
- Numeral 5. Está referida a que se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Igual que en el caso anterior, hay un espectro amplio de definición de funciones y responsabilidades de estas entidades, para poder enmarcar la responsabilidad y la anti-juridicidad de la conducta.
- Numeral 4: Hace referencia a que se obre en cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente. Existiendo una orden del juez, considerada autoridad competente, se estaría frente a esta causal de justificación. No obstante hay que hacer la reflexión sobre si el alcance de la decisión del juez o si un fallo de tutela puede cambiar el destino de una partida presupuestal, máxime si esta tiene el carácter de parafiscal y no de fiscal como la menciona la Corte y reiteró recientemente la Contraloría General de la Nación. ¿Será que más allá de la naturaleza parafiscal de la partida no habría que detenernos tanto en la formación del presupuesto de los recursos parafiscales, como en la movilidad de las partidas dentro de la misma y su posterior ejecución?
A más de lo interesante de esta última tesis, queda un tema de investigación y estudio que será de gran vigencia en los próximos días, y crucial para resolver muchos temas estructurales del sistema y de los del día a día de prestadores y usuarios del mismo. Claro está que es precisamente la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la república los que tienen la última palabra sobre este espinoso asunto y todas sus colateralidades. Queda abierta la reflexión y el debate antes que ellos se pronuncien…
Lo cierto es que independientemente de la tipicidad o no de carácter penal producto del pago de lo No-POS por EPS del contributivo o del subsidiado, éste debe financiarlo el Fosyga o los entes territoriales, respectivamente, y no con los recursos de la UPC. En este orden de ideas, el cobro de lo No-POS debiera ser directo del prestador al agente pagador arriba descrito, y no vía recobro a menos que el gobierno determine a futuro nuevos agentes pagadores con fuentes de financiación ciertas, estables y suficientes, y con procedimientos expeditos además de la debida caracterización de los responsables en la cadena de autorización, prestación y pago de lo No-POS.
Si bien celebro la importancia y la necesidad de las prestaciones No-POS en el ámbito de la materialización del derecho fundamental a la salud y la necesidad de dirimir entre pares cuando es procedente o no su autorización, son muchos los señalamientos a lo No-POS: Exorbitantes precios de recobro, cuentas no soportadas o doblemente pagadas, no fue prevista su financiación, hay recobros sin mediar previamente el pago correspondiente a las IPS, que por ahí se desconfiguró el cierre actuarial del modelo de aseguramiento, que son una puja por grupos de interés, desmanes y corrupción por algunos agentes de la cadena, que afecta sustancialmente la liquidez y por tanto el margen de solvencia de las EPS, y un sinnúmero de apreciaciones con razón o no, pero yo sí quisiera agregar una más: constituye UN PECULADO POR APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE .
 
“Mi-Gran Hermano” en salud, futuro
cada vez más cercano en Colombia

Conrado Gómez Vélez - Profesor universitario, Exsuperintendente de Salud
Hace poco más de 60 años, George Orwell escribió “1984”, novela en que aparece el “Gran Hermano” o “Hermano Mayor”. Allí describió de forma magistral, un futuro dominado por el gobierno del omnipresente Hermano Mayor, siempre vigilante y entrometido en todo lo que deben hacer y profesar las personas, y ocupado de investigar y castigar a los funcionarios para que fueran útiles y activos en conducir la voluntad de todas las personas.
Aunque parece algo tan literario y lejano, no se puede sentir otra cosa con el enorme avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC's-, cuando sirven como instrumento de quienes amenazan la privacidad y la reputación de las personas y las instituciones. Muy bien por las redes sociales y las TIC's, porque son un mecanismo democrático magnífico, y también de intercambio y desarrollo. No obstante, existen fenómenos de matoneo y difamación cada vez mayores, y más incontrolables a través de las redes, no sólo contra las personas sino también contra instituciones y diversas organizaciones. Hoy es menester en cualquier empresa seria, hacer un análisis cuidadoso de los riesgos y peligros reputacionales en redes, en Internet y en los medios de comunicación, para disponer de mecanismos de prevención, defensa y contingencia.
Fragilidad reputacional del sistema de salud
Recuerdo casos de organizaciones como prestadores de servicios de salud o EPS que fueron objeto de ataques a su reputación, o de ataques jurídicos orquestados con ayuda de videos, mensajes y difamaciones en las redes, que carecían de total fundamento. No obstante, algunos de quienes empleaban estos medios obtuvieron beneficios y servicios que no les correspondían, en la más total impunidad e incapacidad del Estado para actuar, e incluso para informar públicamente lo que ocurría, dada la relatividad de las normas.
En gran medida, la crisis que sufre el sector salud se debe a la fragilidad reputacional del sistema, agravada por la enorme beligerancia de sus organizaciones. El asegurador, institución o prestador, queda indefenso ante cualquier queja que se pueda elevar, y eso se hace muy fácilmente, porque en el medio y en la mentalidad de la población siempre existe la idea de las organizaciones como abusadores potenciales. Una queja
de una madre o un fallecimiento, por ejemplo, en una sala de espera, así sean por causas ajenas a la institución, son prácticamente situaciones inmanejables. Ante el público la institución, llámese aseguradora o clínica, siempre tendrá la culpa. Así de fácil, la reputación construida durante años se va por el abismo o queda gravemente amenazada.
Algo parecido ocurre en medio de las acusaciones permanentes de unas organizaciones frente a otras, en la carrera de demostrar deudas y falta de responsabilidad con los contratos, en dimensiones o maneras que no corresponden con la realidad. Esto sin duda ya le hizo un daño demoledor al sistema de salud. No obstante, por mucho que se haga otra ley, etc., esta amenaza seguirá existiendo, porque es muy fácil utilizar los medios de comunicación para dañar y ensuciar la honra de otros.
Información de salud personal: altamente vulnerable
En datos personales, la situación también es preocupante. Entre las tendencias se destaca la de subirse a “La Nube”, medida que tiene ventajas de accesibilidad, seguridad y costo. No obstante, no deja de ser atemorizante pensar que en este espacio virtual reposan los datos personales, escritos, agenda, contactos, conversaciones e información de cualquiera, fuera de su control, y con posible acceso para terceros. Información que además queda soportada en un servidor inmenso en otro país, con legislación diferente, y que tecnológicamente siempre existe la posibilidad de vulnerar dicha información. La preocupación existe porque si algo han demostrado los Wikileaks, es cómo los correos y las comunicaciones virtuales tienen de todo, menos de personales.
Con “Salud-Mía”, la historia
clínica de los colombianos será de propiedad,
dominio, intercambio y acceso del gobierno y de organizaciones
intermediarias, privadas y públicas, y no reservada y de propiedad
del paciente, por lo que habrá que luchar por la autonomía de
los profesionales y por la privacidad de los pacientes.
Hoy ya están en boga los sistemas de administración hospitalaria “En la Nube”. Son muy eficaces y a bajo costo, y adicionalmente incluyen la historia clínica. Muy pronto podrán compartirse las historias clínicas de los pacientes entre diversas instituciones, y habrá una única historia clínica en la nube, accesible al hospital, al profesional o prestador de servicios autorizados, y por supuesto al gobierno y todas las instancias de control e inteligencia, a organizaciones con ánimo comercial o a organismos de otros países, etc. Pero también, accesibles a las aseguradoras, hackers y a quienes tengan los medios para revisar extensamente la historia clínica de cualquiera, para ver si le aceptan como afiliado, si le admiten en un trabajo por ejemplo, o si le suministran o no un medicamento o tratamiento. También estarán por lo tanto a disposición los patrones, los promedios, estadísticas de la formulación y la estrategia clínica de los profesionales de la salud.
Por añadidura se nos vino encima Salud-Mía, una base de datos que concentrará los datos de todos los colombianos, con lujo de detalles, tratamientos, afiliaciones, familia y demás, y una reforma marcada por el regreso del péndulo a lo público, y en contra de lo privado. En uno de sus artículos, el 27, literal m, se le confieren a los Gestores la función de “Administrar la información clínica de sus usuarios para que esté disponible cuando sea requerida por cualquier Prestador de Servicios de Salud. El gobierno nacional definirá los estándares para su recolección, almacenamiento, seguridad y distribución”.
De esta redacción se lee, de manera muy preocupante, que la historia o la data clínica de los colombianos será de propiedad, dominio, intercambio y acceso del gobierno y de innumerables organizaciones intermediarias, privadas y públicas, y no reservada y de propiedad del paciente, con lo que ahora no habrá únicamente que luchar por la autonomía de los profesionales, sino también por la privacidad de los pacientes. El literal n del mismo artículo resulta más atemorizante; señala como función del Gestor, “Gestionar, garantizar, hacer seguimiento y control de la información de tipo administrativo, financiero, de prestación de servicios, epidemiológico y de calidad que se genere en desarrollo de su actividad y de la de su Red de Prestadores de Servicios de Salud”.
Finalmente es necesario recomendar la lectura y aplicación de la Ley Estatutaria 1581 expedida el pasado 17 de octubre de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”, ley que está en mora de aplicarse por EPS y demás organismos del sector salud. En ella se fijan plazos perentorios para permitir la actualización, corrección e intercambio de los datos personales, y para hacer un manejo autorizado y transparente de la misma, con el consentimiento de sus propietarios que son las personas. En próxima oportunidad ampliaremos este tema.
  Bioética
A partir de la Sentencia C-239 de 1997 que declaró la constitucionalidad del homicidio por piedad, con “la advertencia de que en el caso de los enfermos terminales en que concurra la voluntad libre del sujeto pasivo del acto, no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor, pues la conducta está justificada”, y que exhorta al Congreso a regular el tema, se presentaron varios proyectos de ley; el último de ellos es el Proyecto de Ley Estatutaria 70 de 2012 Senado, “por el cual se reglamentan las prácticas de la eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia”, ya aprobado en primer debate.
Una curiosa coincidencia (¿?) es que, a modo de antesala a la presentación de cada proyecto de ley sobre eutanasia, los medios de comunicación utilizan una de las viejas y conocidas estrategias de manipulación mediática advertidas por Noam Chomsky, que consiste en utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión y el examen imparcial, con lo cual se afecta el análisis racional y crítico de las personas.
Para ello se suelen utilizar palabras talismán e imágenes impactantes que puedan implantarse en el inconsciente, generando miedo, confusión y aceptación de una conducta, que de otro modo no sería aprobada. A ello se suma la desinformación que acompaña a un buen número de comunicadores sociales y periodistas, lo cual parcializa la información, pese al aparente esfuerzo de presentar un trabajo equilibrado.
Antes de la presentación del proyecto de ley en mención, un canal privado de televisión emitió un programa especial sobre la eutanasia, en el cual se contaba la historia de dos pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), uno con evolución avanzada de su enfermedad, en condiciones de atención sanitaria deficiente, sin cuidados paliativos, sin una silla de ruedas que permitiera su movilidad, lo cual necesariamente generaba una reacción emocional en el espectador favorable a la eutanasia, porque el público sólo pudo ver a un ser humano en condiciones difíciles, pero no fue informado de las opciones médicas disponibles en Colombia para que ese paciente no hubiera llegado a ese estado.
Se mostró como única opción para dejar de padecer los fuertes dolores que lo aquejaban, el recurrir a un médico reconocido por ser el autor de varios homicidios por piedad, bajo la modalidad de eutanasia, sin ningún tipo de investigación judicial hasta la fecha, pese a que la Corte Constitucional en la Sentencia C-239 de 1997 ordenó “que mientras se regula el tema, en principio, todo homicidio por piedad de enfermos terminales debe dar lugar a la correspondiente investigación penal, a fin de que en ella, los funcionarios judiciales, tomando en consideración todos los aspectos relevantes para la determinación de la autenticidad y fiabilidad del consentimiento, establezcan si la conducta del médico ha sido o no anti-jurídica, en los términos señalados en esta sentencia”.
Este mandato al parecer lo desconoce el presentador del especial, el canal de televisión, el desprevenido espectador y hasta la misma autoridad competente de hacerlo cumplir. Este médico ha declarado públicamente -incluso con orgullo- en algunos medios de comunicación, que practica la eutanasia "como un acto de amor y no de compasión", y no tuvo ningún problema en aparecer ante las cámaras de televisión aplicando una inyección letal al infortunado paciente, sin que hasta la fecha fuera investigado penalmente por este hecho y los demás que reconoció públicamente, y sin que el canal ni el presentador del programa tuvieran algún requerimiento judicial. Por hechos similares, el estadounidense Jack Kevorkian, conocido como “el Doctor Muerte”, fue sentenciado a prisión. Lo cierto es que se ha manipulado a la opinión pública para que acepte la legalización de la eutanasia.
NOTA: Esta sección es un aporte del Centro Colombiano de Bioética -Cecolbe-.
 

Maestro, ¿qué es eterno?

Los gobernantes mentirosos, pequeño saltamontes. Bush aseguró que Irak tenía armas de destrucción masiva, Maduro dijo que Chávez fue el Espíritu Santo que eligió un Papa argentino, un presidente de Colombia dijo que todo se hizo a sus espaldas, otro negó que se hubiera reunido con Mancuso y éste declaró que sí, y dijo no saber nada de chuzadas, falsos positivos ni de cosas malas del jefe de seguridad de la Presidencia, otro dijo que bajaría el costo de vida al bajar la gasolina, el alcalde de Medellín jura que rebajaron los homicidios y Medicina Legal confirma que subieron… Se sacan un chicharrón de la boca para decir una mentira.

 
 











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