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Son casos todos en
los que pareciera perfilarse el gesto usual del que sale de
un profundo sueño: Es como si los encargados de velar
por el buen manejo de las entidades y los recursos de salud
comenzaran a salir de un largo letargo inercial.
Saludcoop EPS: ¿sin ánimo de lucro?
Este aspecto legal con el cual fue constituida hace una década
la EPS Saludcoop parece estar en entredicho, por lo menos
a juicio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
Dian, organismo que al parecer no está de acuerdo con
la manera en que la EPS levantó reservas patrimoniales
por valor de $78.000 millones entre 2001 y 2002, y sobre las
cuales no pagó al erario público el 20% del
impuesto correspondiente, monto que asciende a los $25.400
millones, no pago que según notificó la entidad
recaudadora genera sanciones por $40.681 millones, lo que
suma un total de $66.081 millones.
Ante los requerimientos emanados de la División de
Fiscalización Tributaria de la Dian, el doctor Carlos
Palacino Antía, presidente de Saludcoop, explicó
por diferentes diarios nacionales (ya que no pudo atender
los contactos de este medio periodístico), que a la
entidad le están aplicando el régimen de renta
y complementarios, impuesto del que está exenta la
EPS por ser una organización del sector cooperativo,
además de que la Dian desconoce dos provisiones que
son de ley y que están reglamentadas por la Supersalud.
Una de éstas es la reserva sobre los gastos médicos
autorizados que al cierre de mes no cuentan con la respectiva
factura, es decir la reserva para riesgos en curso, que es
deducible del impuesto de renta. La otra es la reserva de
pro-tección de cartera, para la cual Saludcoop destinó
$3.000 millones ante los $15.000 millones adeudados por los
municipios dentro del régimen subsidiado.
Aunque los abogados de la empresa aseguran tener la argumentación
legal para reversar las disposiciones de la Dian, habrá
que esperar para saber quién es el que amañadamente
está interpretando la ley, aunque al parecer a las
directivas de Saludcoop no las desvela el hecho de tener que
sacar de sus arcas la módica suma de $66.000 millones:
"Frente a una empresa que mueve $1,46 billones al año
no es una situación preocupante en caso de tener que
pagarse", declaró Palacino a un diario nacional.
Cajanal EPS: ¿Era o
no era?
En un país como el nuestro, donde la tramitología
es uno de los mayores obstáculos para que las disposiciones
de la ley sean acatadas, no es novedad la controversia alrededor
de la suspensión de la licencia de funcionamiento a
Cajanal EPS, decisión tomada por la Superintendencia
Nacional de Salud en la Resolución No. 281 el pasado
1º de marzo, mediante la cual revocó la autorización
para administrar y operar el régimen contributivo del
Sistema General de Seguridad Social en Salud a Cajanal EPS,
y la negativa del presidente de Cajanal S.A EPS, Mario Solano
Calderón, de aceptar dicha decisión.
Y es que mientras la Supersalud presenta una buena cantidad
de motivos para tomar semejante medida, entre ellos las dificultades
patrimoniales y financieras de la entidad y las graves fallas
en la prestación de servicios de salud a sus cerca
de 200.000 afiliados, Solano Calderón sostiene que
la suspensión de la autorización para operar
como EPS recae sobre la empresa antigua, ya que la nueva fue
creada por Decreto-ley 1777 de 2003 y trae consigo la nueva
licencia de funcionamiento, y por lo tanto la sanción
no se le puede aplicar a la nueva Cajanal EPS S.A. que se
creó tras la escisión de la empresa.
La medida, además, parece que tomó por sorpresa
a la nueva Cajanal, pues ésta al momento de ser notificada
estaba adelantando el proceso de reestructuración de
la entidad, reglamentado mediante los decretos 64 y 65 de
enero 15 de 2004, en los cuales se hacían oficiales
los cambios en la planta de personal y el nacimiento de las
dos nuevas empresas: Cajanal S.A EPS encargada de salud y
Cajanal Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE) cuyo
negocio son las pensiones; además, la semana anterior
a la notificación de la Superintendencia, había
sido aprobado en plenaria de la Comisión Séptima
del Senado una propuesta en la que Cajanal con el desarrollo
de un Plan de Desempeño por el resto del año,
ajustaría su estructura para cumplir cabalmente con
la misión de prestar servicios de calidad a sus usuarios
en salud.
Así las cosas, la medida adoptada por la Supersalud
parece el resultado de un trabajo comenzado tiempo atrás,
que hasta ahora, fruto de la justicia colombiana, que según
cuentas cojea pero llega, apenas está ofreciendo resultados,
justo cuando al parecer no existe empresa sobre la cual recaiga
la suspensión.
Sigue en el limbo el rumbo que tomará el controvertido
caso, aunque desde el Senado se está abogando para
que el presidente Álvaro Uribe Vélez intervenga
y se le permita a Cajanal EPS S.A., con una reorganización
y reorientación adecuada, seguir prestando los servicios
de salud a una población vulnerable como la de adultos
mayores afiliados a Cajanal. Y entre trámite y trámite,
los que sufren las peores consecuencias son los usuarios,
pues mientras la Superintendencia los autoriza a cambiar de
EPS, Cajanal manifiesta que seguirá prestando normalmente
sus servicios de salud, entretanto no haya una decisión
definitiva, fallo en el que al parecer tendrá el presidente
Álvaro Uribe la última palabra. Y, ¿pasarán
los años…?
Las ARS Humana Vivir y Salud
Total: en la mira de la Supersalud
Otro aspecto que ha sido objeto de discusión en el
sector salud, es la poca vigilancia y control que se ha ejercido
sobre el manejo del régimen subsidiado, foco constante
de graves problemas de corrupción. Pues bien: ahora
se estudian dos casos que procurarán dar luces sobre
algunas presuntas irregularidades.
Se trata de los casos de ARS Humana Vivir y Salud Total, que
operan en Bogotá, contra las cuales cursa ante la Supersalud
una notificación por presunta actitud insidiosa de
inducir y de quebrar el proceso de libre elección en
el usuario, y ante la Superintendencia de Industria y Comercio
otra notificación por presunta competencia desleal.
Según el Director de Aseguramiento de la Secretaría
Distrital de Salud de Bogotá, Jorge Bernal, las constantes
quejas de los beneficiarios de subsidios de salud contra las
ARS, y en especial contra Humana Vivir y Salud Total ARS,
obligaron a las directivas de esa Secretaría a investigar
el desempeño de estas instituciones a través
de la Unión Temporal Auditar Salud, además de
que contra dichas administradoras cursaba en la Secretaría
una queja interpuesta por 10 ARS en la que se les acusaba
de supuesta competencia desleal en el proceso de afiliación
de usuarios, pues violaban un acuerdo de las ARS firmado el
13 de enero pasado en el que, entre otras cosas, se prohibía
la promoción directa de sus servicios en las filas
de usuarios y en los puntos de afiliación.
Los informes entregados por la firma auditora permitieron
corroborar las quejas interpuestas por la comunidad y las
otras ARS, lo que llevó a la Secretaría a elevar
las respectivas notificaciones. Resta esperar que dichos informes
tomen el rumbo indicado en manos de quienes tienen competencia
de sancionar aquellas acciones que vulneran el derecho a la
salud.
Vale aclarar que El Pulso consultó la versión
de Humana Vivir, pero esta ARS se negó a responder
alegando que solo entrega información con interposición
de derecho de petición.
Benedan: ¿ incumplió
con transferencias a salud?
Con multas entre 8 y 12 millones de pesos deberán responder
ante la Supersalud el actual gerente de la Beneficencia de
Antioquia (Benedán), Javier Ignacio Hurtado, y los
ex gerentes de dicha entidad Adolfo León Palacio Sánchez
y Baltazar Medina, en caso de no tener argumentos válidos
que los exoneren como presuntos responsables de que la salud
en Antioquia dejara de percibir $222.000 millones, déficit
financiero que según los cálculos dejan por
fuera del régimen subsidiado a un millón 234.000
personas.
La decisión fue tomada con base en un estudio de mercado
de las apuestas permanentes realizado en el año 2001,
en el que según las proyecciones para el quinquenio
2001-2005, Benedán debía transferir a la salud
recursos no inferiores a los $317 millones, obligación
que la Beneficencia planeaba cumplir mediante la adjudicación
a 20 concesionarios de contratos por $15.870 millones.
La realidad es que a la licitación abierta para explotar
el juego del chance solo se presentaron dos concesionarios,
lo que obligó posteriormente a la contratación
directa, con lo que se logró reunir solo seis explotadores
de chance e implicó una disminución del 70%
de los recursos que debieran percibirse para la salud.
Ahora la Beneficencia, que ya presentó su apelación,
y los ex gerentes, deberán hacer válidas las
razones por las que no garantizaron, en beneficio de la salud
de los antioqueños, el recaudo del monto mínimo
admisible que arrojó el estudio de mercado.
Esperar...
En conclusión: Nadie quiere asumir el grave peso de
infringir la ley. Vigilantes y vigilados esgrimen perfecto
acatamiento de ésta. Por lo pronto, habrá que
esperar y confiar en que así sea muy progresivamente,
esté mejorando la capacidad y la gestión de
los entes a los cuales compete vigilar por un buen manejo
de los sagrados recursos de la salud .
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