Periódico EL PULSO

Luego de que el Gobierno nacional rompiera los diálogos con las FARC y anunciara la recuperación de la antigua "zona de despeje", se produjeron una oleada de pronunciamientos de la Procuraduría, el mismo Ministro de Salud y algunos organismos de ayuda internacional, en los que se clamaba por el respeto de los derechos humanos de la población civil de la zona, en especial por el derecho a la vida y el acceso a la atención en salud.
También se diseñaron medidas de emergencia en los Departamentos de la antigua Zona de Distensión, así como en el resto del país, ante el temor de una intensificación del conflicto.
A pesar de los esfuerzos, ninguna preparación es suficiente ante la capacidad de destrucción de la guerra, expresó a EL PULSO Juan Carlos Giraldo, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Y tiene razón, pues los planes de contingencia no logran solucionar una realidad que se vive desde hace años: En el país, la infraestructura existente no alcanza para garantizar a todos los colombianos el acceso a los servicios de salud. Las causas de esto son múltiples: la falta de presencia del Estado en amplias regiones del país, la corrupción y la falta de dineros para la salud, y por supuesto, la dificultad para acceder a los servicios de salud que se aviva en las zonas donde se cruza el fuego de las fusiles y en donde las fuerzas bélicas controlan a su antojo lo que puede y no puede ser en su territorio.
La historia de guerra no es nueva, el conflicto no se intensificó ni se declaró el 20 de febrero cuando el presidente Pastrana anunció que retomaría el Caguán. En su página de Internet, el Comité Internacional de la Cruz Roja, indica que "la violencia está profundamente arraigada en la memoria colectiva, debido a los incontables alzamientos y guerras civiles que han jalonado la historia de Colombia desde su independencia".
Así que los planes de contingencia para garantizar la atención médica en medio del conflicto, no son más que planes de refuerzo en medio de la guerra y el olvido, que se toman frente a los ojos vigilantes de la comunidad internacional preocupada por la situación de derechos humanos en el país. El derecho a la salud es uno de ellos, de los más importantes e inviolables, aunque en la práctica se viva lo contrario.
¿Infraestructura suficiente?
Una de las razones por las que no todos los colombianos tienen acceso a la salud, es la falta de infraestructura hospitalaria en algunas zonas marginadas del país. Un ejemplo de esto es la situación que se da en el Guaviare; de acuerdo con César Augusto Jaramillo Martínez, Secretario de Salud de ese Departamento, "tenemos gran dispersión de la población, hay un hospital de segundo nivel, cuatro de primer nivel, 35 puestos de salud y cuatro centros de salud. Además, sólo se cuenta con un médico por cada diez mil habitantes; de acuerdo con estos datos, tenemos aproximadamente un 60 % de demanda insatisfecha".
Sin embargo, el doctor Luis Fernando Correa, coordinador de Emergencias del Ministerio de Salud, manifestó a EL PULSO que "hasta el momento, la infraestructura instalada ha sido suficiente para brindar atención en salud. Si la situación del conflicto armado se tornara más difícil, la oferta de servicios de salud podría expandirse de manera rápida, como lo describen los denominados Planes Hospitalarios para la Atención de Emergencias Externas"
Para los funcionarios del Ministerio, una clara demostración de su capacidad de respuesta fue la atención y coordinación que prestaron en el Eje Cafetero con motivo del terremoto, tragedia que originó más de cuatro mil heridos, que se atendieron rápidamente en distintas ciudades del país.
El doctor Correa insistió en que "la ciudadanía puede estar tranquila de que se llevarán a cabo los ajustes necesarios y de que se procurará el mayor de los esfuerzos para garantizar los servicios de salud a todos afectados de un eventual incremento del conflicto armado".
Pero el conflicto ya deja víctimas en diferentes zonas del país, en las que el accionar de los violentos no permite que la buena voluntad de la cobertura en salud para todos se presente.
El padre Sante Cervellin, Coordinador de la Sección de Movilidad Humana del Secretariado Nacional de Pastoral Social, considera que no hay condiciones para garantizar el acceso a los servicio de salud a los desplazados, pues no existe en zonas marginadas la infraestructura hospitalaria de II y III nivel de atención que se necesitaría para cubrir la emergencia; además, la cobertura del régimen subsidiado es insuficiente y escasa, y no existe una política clara en salud para la población desplazada. Como si fuera poco, la inversión pública en agua potable y saneamiento básico es escasa.
El poder de los guerreros
En su investigación sobre las infracciones a la Misión Médica en el conflicto armado colombiano, el Comité Internacional de la Cruz Roja indica que" la guerra genera un impacto en la población, que incluso va más allá del tiempo y el espacio en que ocurre una acción bélica. Por ejemplo, los combates o patrullajes de grupos armados cerca de un Centro de Salud, hace que algunas personas de la comunidad prefieran no utilizar los servicios de la institución, lo cual agrava su condición de salud y posterga la consulta, lo que en determinadas enfermedades que requieren de atención médica inmediata, puede comprometer su supervivencia".
Así, el ejercicio de fuerza, aún por parte del Ejército que representa a la fuerza legítima del Estado, puede poner una barrera a la población para acceder a los servicios de salud. Un ejemplo de ello es el caso que se presentó a comienzos de marzo en el Guaviare, cuando el Ejército ordenó el cierre del aeropuerto de Miraflores y con ello, no permitió la remisión de una pequeña de ocho meses de edad, que sufría una neumonía grave y necesitaba ser trasladada de urgencia a un hospital de tercer nivel, que como se indicó anteriormente, no hay en ese Departamento. La pequeña falleció esperando que se levantara una restricción que obedecía a una estrategia de defensa.
De acuerdo con información del Ministerio de Salud, el conflicto armado que vive el país también afecta la oportunidad en la prestación de los servicios de salud en actividades tan importantes como las relacionadas con la Promoción de la salud y la Prevención de la enfermedad. Algunos programas como los de vacunación y el control vectorial, se ven afectados particularmente en áreas rurales -principales escenarios del conflicto-, ante los constantes bloqueos y amenazas que los actores armados ejercen sobre el personal de salud o la comunidad; con alguna frecuencia, se pone en peligro la supervivencia de heridos y enfermos, al no permitir la adecuada movilización de las ambulancias. Ejemplo de lo anterior es la muerte de una auxiliar de enfermería en el municipio de Venadillo, Tolima, que no pudo ser oportunamente atendida por el bloqueo intencional de la vía durante la toma de la guerrilla al citado municipio, ocurrida recientemente.
A este panorama nada fácil, se suman los ataques a la misión médica, situación que además de atentar contra las normas del Derecho Internacional Humanitario, afecta seriamente la prestación de servicios de salud a la población civil, al poner en peligro la supervivencia misma de los heridos y enfermos en las zonas del conflicto, y dejar sin médicos ni enfermeras a poblaciones que en la mayor parte de los casos están marginadas.
Frente a los atropellos contra la integridad y la vida del personal de salud, el Ministerio del ramo y diversos organismos de protección, han llamado a los actores del conflicto a respetar a la Misión Médica y a atender los parámetros que establece el Derecho Internacional Humanitario.
Ayuda internacional
La presencia en el país de organizaciones internacionales que trabajan en zonas marginadas, sitiadas por los actores del conflicto o con población desplazada, es una clara evidencia de que la infraestructura, los recursos y la buena voluntad ministerial o de las di-recciones locales de salud, no es suficiente para garantizar el acceso de muchos colombianos a los servicios de salud.
Afortunadamente, son varias las instituciones que tienen como principio la ayuda a la población más necesitada, en especial si además de la escasez y el olvido tienen que padecer las horribles vivencias de la guerra. Médicos sin Fronteras, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Pastoral Social de la Iglesia Colombiana (que trabaja con recursos y asesoría de Cáritas Internacional), son algunas de las entidades que intervienen para dar, entre otras ayudas, atención en salud.
Sus profesionales y voluntarios también son víctimas de la guerra en muchas ocasiones y por ello, han tenido que dejar de ayudar a muchos en algunas zonas. En el caso del Comité Internacional de la Cruz Roja, su labor de retirar y atender a los heridos en las zonas de combate, tuvo que ser suspendida a causa de graves agresiones contra su Misión Médica.
De todos modos, la ayuda de estos organismos es valerosa, y deja en evidencia que a causa de la marginalidad, las trabas de la Ley 100 y la corrupción, aún hay mucho por hacer para garantizar la salud en este país, que de acuerdo con la descripción que aparece en la revista Nº 43 de Médicos Sin Fronteras, atraviesa "cien años de pobreza, violencia y desigualdad, cien años de soledad para una población que subsiste en una de las mayores crisis humanitarias del continente americano".