MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 5    NO 59   AGOSTO DEL AÑO 2003    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Entidades Adaptadas:
especie en vía de extinción
Adriana Leonor López Vela Periodista elpulso@elhospital.org.co

Creadas por la Ley 100 de 1993 y reglamentadas por el decreto 1890 de 1995, las Entidades Adaptadas han funcionado como un prolongado sistema de transición al amparo del cual los servicios de salud que prestaban las entidades públicas se han venido extinguido. De las 30 entidades creadas, hoy sobreviven cinco que tarde o temprano también desaparecerán.
Cuando en 1993 entró en vigencia la Ley 100 de Seguridad Social, muchos empleados del sector público quedaron ante una gran amenaza: la pérdida de los servicios de salud que de tiempo atrás les prestaban las propias empresas y entidades estatales en las que laboraban mediante cajas, fondos, instituciones de seguridad social o departamentos médicos, creados en buena medida al amparo de convenciones colectivas.
La amenaza radicaba en que si bien la Ley les daba la posibilidad a los empleados de acceder a los servicios de salud mediante la afiliación a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) privadas, con su grupo familiar como beneficiario, muchos derechos adquiridos laboralmente no les iban a ser reconocidos en el nuevo esquema. Sin embargo el gobierno, quizá con el ánimo de respetar la situación de los empleados vinculados con anterioridad a la vigencia de la nueva Ley, dio otras posibilidades tanto a las cajas, fondos y entidades de seguridad social del sector público como a las empresas y entidades estatales que prestaban tales servicios, pero asegurándose que nadie más, a partir de la nueva ley, tuviera las mismas posibilidades.
Las alternativas enumeradas en el artículo 236 de la Ley 100, señala que las empresas, fondos, cajas o entidades de seguridad social: “tendrán dos años para transformarse en empresas promotoras de salud, adaptarse al nuevo sistema o efectuar su liquidación, de acuerdo con la reglamentación que al respecto expida el gobierno nacional”.
Un total de 30 de esas entidades en todo el país optaron por la segunda posibilidad, es decir, la de continuar prestando los servicios de salud a los servidores que tenían vinculados, aunque tal decisión conllevara una condición que la propia Ley 100 señaló y que fue, desde un comienzo, un acta de defunción a largo plazo: la expresa prohibición de afiliar nuevos usuarios.
Asfixiantes exigencias
Las nuevas empresas, a las que se llamó Entidades Adaptadas al Sistema (EAS), tuvieron además que ajustarse gradualmente a los requerimientos de la Ley en cuanto su régimen de beneficios y financiamiento, de modo que pudieran participar de la Subcuenta de Compensación del Fondo de Solidaridad y Garantías, recaudando, mediante retención a los servidores públicos, en forma creciente y explícita, las cotizaciones establecidas por la misma Ley.
Casi dos años después, en octubre de 1995, el gobierno expidió el decreto 1890 mediante el cual reglamentó los artículos 130 y 236 de la Ley 100 y que en su capítulo segundo, artículo décimo, se refiere de manera expresa a las EAS.
Respecto de ellas, el decreto reglamentario señaló que “podrán continuar prestando el servicio de salud a aquellos servidores que se encontraban vinculados el 23 de diciembre de 1993, y hasta el término de la relación laboral o durante el período de jubilación”, siempre y cuando acreditaran ante la Superintendencia Nacional de Salud algunos requisitos como tener un número de afiliados superior a cinco mil, presentar el presupuesto o proyecto de presupuesto que permitiera establecer que la entidad disponía de los recursos necesarios para cumplir las funciones que le correspondían, acreditar capacidad técnica y administrativa, y el compromiso de financiar en su totalidad -a partir del 1° de diciembre de 1997-, el Plan Obligatorio de Salud (POS).
Frente a la primera exigencia, la de tener un mínimo de cinco mil afiliados, la norma daba ya una causal de liquidación, al señalar que “la entidad deberá conservar un número de afiliados y beneficiarios no inferior al treinta por ciento (30%) de los que inicialmente haya acreditado, ni menor en todo caso a dos mil (2.000), so pena de que deba procederse a su supresión y liquidación”. También era causal de liquidación, en términos del decreto reglamentario, el parágrafo segundo del artículo décimo que señalaba: “cuando las entidades que se adapten dejen de cumplir los requisitos a que se refiere el presente artículo, no podrán continuar prestando el servicio como entidades adaptadas”.
Lenta, pero segura agonía
Según reporte de la Superintendencia Nacional de Salud, fueron en total 30 las EAS que cumplieron todos los requerimientos estipulados en el decreto reglamentario, de las cuales, a septiembre de 1999, ya había 10 en proceso de liquidación. Y entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2002, otras 14 entidades habían desaparecido.
En lo que va corrido del 2003, de las seis entidades sobrevivientes entró a liquidación el Fondo de Previsión del Congreso de la República (Fonprecon), que contaba con alrededor de 9.400 afiliados, mientras las cinco entidades restantes agrupan alrededor de 63.820 afiliados entre trabajadores cotizantes, beneficiarios de los trabajadores activos, pensionados y beneficiarios de los pensionados. Las EAS supervivientes son el servicio médico de Empresas Públicas de Medellín, la Caja de Previsión de la Superintendencia Bancaria (Capresub), Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, las cuales, tarde o temprano, correrán la misma suerte de la liquidación.
Carlos Ignacio Correa, Jefe de la Unidad Servicios al Personal de Empresas Públicas de Medellín, señala por ejemplo que, aunque el Departamento Médico de la entidad sigue siendo sostenible, desde el 23 de diciembre de 1993 hasta la fecha se pasó de 23.000 afiliados a 17.000 aproximadamente. Así las cosas, en opinión del doctor Correa, la liquidación de la EAS de Empresas Públicas llegará cuando los afiliados se reduzcan hasta el 30% del número inicial, es decir unas 7.000 personas, pues financieramente los indicadores son positivos.
María Carolina Villamizar, directora general de la Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria (Capresub), no puede dar noticias similares. La entidad acarrea un déficit de $3.000 millones y, según concepto del Ministerio de Hacienda, más pronto que tarde se decretará su liquidación. “Las EAS nunca pudieron adaptarse al mercado y la competencia les impidió desarrollarse, además la Ley las condenó a desaparecer”, opina.
La situación para Capresub empeoró cuando los servicios que prestaba por convenio a la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda, le fueron retirados. “Nosotros ejecutábamos convenios con las Cajas que atendían esas entidades por la cercanía de las instalaciones, pero ahora solo recibimos las transferencias de la Superbancaria y en la relación costo-beneficio sale el déficit”, explica.
Por su parte, el Incora también encontrará la liquidación en los próximos meses, pero por una decisión externa, el decreto 1292 de mayo 21 de 2003, emanado del Ministerio de Agricultura, que ordena la liquidación del Instituto y, por ende, de su Servicio Médico Asistencial. “Nosotros manejamos recursos de un fondo autorizado por Minhacienda desde 1996 y estábamos supeditados o al agotamiento de ese fondo o a la reducción de los afiliados al 30% del número inicial. Pero el decreto de liquidación llegó justo cuando los recursos del fondo estaban a punto de extinguirse, creo que apenas nos alcanzaban para este año”, explica la doctora Doris Hernández, coordinadora del Servicio Médico Asistencial del Incora.
El panomara muestra pues, cómo la agenda escondida de la Ley 100 de 1993, que al parecer era acabar con los servicios médicos de las entidades públicas y las planes complementarios que los mismos ofrecían mediante convenciones colectivas, se está cumpliendo inexorablemente 6
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