MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 5    NO 59   AGOSTO DEL AÑO 2003    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Reforma a la Justicia insistirá en nueva reglamentación de tutelas
Se revive la discusión técnica de su uso ciudadano. En opinión de los constitucionalistas, la sola idea es una afrenta contra los derechos civiles del ciudadano.
Carlos Mauricio Montoya Q. Periodista elpulso@elhospital.org.co
Casi un año después de haber archivado el Proyecto de Acto Legislativo 010 de Reforma a la Justicia, que incluía entre otras la reforma del artículo 86 de la Carta Magna acerca de los trámites de la tutela, el congreso bicameral colombiano se prepara para discutir en dos debates, durante dos períodos (legislaturas) consecutivos, el nuevo rostro de la tutela.
La discusión se hace aguda en la medida que aumenta el número de los directores de las instituciones públicas avocados a pagar con cárcel demandas de los usuarios de los diferentes servicios, significando esto en voz de los demandados, un desgaste del aparato judicial que no resuelve el problema estructural de las instituciones. La reforma es desde luego apoyada por las EPS, dada la afectación de sus recursos financieros, pues las tutelas interpuestas han terminado afectando los márgenes de ganancia de estas entidades, precisa Bernardita Pérez, constitucionalista.
El Acto Legislativo contempla modificaciones como recortes a las facultades de la Corte Constitucional, supresión del Consejo Superior de la Judicatura e impulso a los mecanismos alternativos de justicia.
¿El mismo proyecto?
“¡No! El proyecto se va a presentar por primera vez, debido al retiro que el ministro Fernando Londoño efectuó a finales del año anterior, por no contar con suficiente tiempo para dos legislaturas continuas”, señala Gabriel Ignacio Gómez Sánchez, jefe del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Sin embargo, según Alberto Ceballos, presidente del Consejo Seccional de la Judicatura en Antioquia, el proyecto es casi el mismo, y por tanto el nuevo Acto Legislativo genera gran inconformidad, al no haber tenido en cuenta las apreciaciones de los altos mandos de la administración de justicia, presentadas desde el año anterior.
El trámite del Acto Legislativo que apenas comienza necesitaría dos legislaturas ante el Congreso, por tanto, asegura Gómez, es necesario que los proyectos en curso den doble vuelta y se abra a debate público la reforma, ya que las peticiones al Ministerio del Interior y Justicia no han sido escuchadas. Ni siquiera la acción del presidente del Tribunal Superior de Medellín, Juan Guillermo Jaramillo, que se dio a la tarea de reunir los magistrados en el Recinto Quirama al final del año anterior con el único fin de producir un documento de participación, logró despertar la atención del ministro Londoño.
El jurista Gómez Sánchez, observa que la Reforma no está pensada sobre un diagnóstico general de la administración de justicia colombiana, aunque si constituye una clara reacción contra algunas de las instituciones de justicia como la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, y muy en concreto, contra la Acción de Tutela.
La academia en general espera ver qué posición adoptará el Congreso frente a las reformas y espera que el trámite se inicie para empezar a recoger firmas en contra del proyecto. Debe ser siquiera un millón de firmas para hacer presión política en el Congreso y evitar el trámite de esa reforma contra la tutela, un proyecto totalmente “desatinado”.
Reconocidos observatorios como los realizados por el Centro de Investigaciones Jurídicas, Cijus, y el observatorio de Justicia Constitucional, ambos de la Universidad de los Andes en Bogotá, acerca de los beneficios sociales de la tutela, informan y registran ampliamente acerca del uso que hacen los ciudadanos de ella, de quienes son los accionantes más frecuentes y cuáles son las entidades más demandadas.
Investigación: Tutela en Antioquia
Adelantada por Gómez Sánchez del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Antioquia, observa que son los conflictos sociales los que llevan a instaurar las tutelas. Agrega que dada la transformación del Estado en los últimos 5 años, la disminución del tamaño de la administración pública, la supresión de cargos y la decisión en el año 1999 de realizar el reajuste salarial por debajo del Índice de Precios al consumidor, IPC, todo esto ha hecho que quienes interponen la acción de tutela lo hagan con mayor decisión. La investigación señala que en el año 2000 las tutelas aumentaron por el no reajuste de salarios y que la entidad más demandada a nivel nacional es el Instituto de Seguros Sociales.
El investigador Gómez Sánchez precisa que si no existiera la tutela, la gente se inventaría otro mecanismo para reclamar y/o ejercer sus derechos, bien sea en la vía judicial o por fuera de ella, como son las acciones por las vías de hecho.
Momento de transformación judicial muy delicado
Quienes trabajan desde el escenario judicial en Colombia no dudan en aseverar que el momento que vive la justicia es de mucho cuidado, para no ir a levantar el delgado tejido social que se ha construido con la tutela, pues si se llegase a restringir su uso sólo como mecanismo no judicial, es decir, que sea sólo útil en conciliación y arbitramentos -como quieren los abogados más tradicionales de vieja data- sería un acto dañino, nefasto para el trabajo elaborado en la década que lleva de su existencia. Además, en la protección de los derechos fundamentales, varios de ellos contenidos en este proyecto, se pretende eliminar la procedencia contra las sentencias judiciales (decisiones judiciales).
Es una percepción de los más tradicionales litigadores afirmar que la tutela produjo efectos de inseguridad jurídica para el desarrollo de sus actividades, pues en el caso de una decisión por hurto, la decisión del juez no se podría cuestionar, ocasionando decisiones arbitrarias para la defensa. Lo que más duele a los tradicionalistas es que la tutela se haya convertido en un mecanismo excepcional para la defensa. A este respecto, la constitucionalista Bernardita Pérez Restrepo, cuestiona: “¿y qué hay con que se convierta en un elemento de inseguridad jurídica, cuando lo que se está protegiendo es la garantía de los derechos?” Y frente a la precisión de que el ejecutivo quiere dejar la tutela sólo como mecanismo no judicial útil en conciliación y arbitramento, la constitucionalista expresa: “¡Cómo no, claro! Si al Ministro Londoño no le gustan sino los arbitramentos que funcionan en la justicia privada!”.
Qué arguye el Estado contra la tutela
Según el Secretario General de la Defensoría del Pueblo, Darío Mejía Villegas, “uno de los argumentos contra la tutela es que ha generado congestión en los despachos judiciales, aparentemente en los altos tribunales, pero ese punto ni siquiera ha sido cuantificado. La Defensoría inclusive ha animado a que se estudie ese punto y se debata. Otro punto es el de la tutela sobre sentencias, que obedece a una interpretación de derecho constitucional que llaman de unificación o cierre, en la cual el tribunal define e interpreta en última instancia la Constitución, pasando por encima de los demás tribunales que no tienen esa competencia de definición constitucional”.
La proliferación de las tutelas en el área de la salud es el otro argumento en contra de la llamada “Tutela Social”, la cual tiene que ver con los derechos sociales, económicos y culturales, señalando que este tipo de tutelas genera grandes costos contra el erario público.
Presión política para evitar trámite de la reforma “desatinada”
Carlos Gaviria Díaz, senador y exmagistrado de la Corte Constitucional, explica que el gobierno propone impedir que la tutela sea utilizada para proteger esos derechos económicos y sociales consagrados en el Estado Social de Derecho radicados en la Constitución colombiana de 1991, ya que al impedir su protección por la vía judicial, se convierten en letra muerta. La abogada constitucionalista, Bernardita Pérez, agrega que la academia en general espera ver qué posición adoptará el Congreso frente a las reformas y espera que el trámite se inicie para empezar a recoger firmas en contra del proyecto. Debe ser siquiera un millón de firmas para hacer presión política en el Congreso y evitar el trámite de esa reforma, en opinión de la constitucionalista, un proyecto totalmente “desatinado”
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