MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 5    NO 59   AGOSTO DEL AÑO 2003    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

A estudiar las tutelas
en el sistema de salud
Francisco de Paula Gómez Director Ejecutivo de la Cámara Sectorial de Salud ANDI depaula@andi.com.co

La tutela es un instrumento de carácter jurídico innovador que puso a disposición de los colombianos la Constitución de 1991. La tutela se define por medio del artículo 86 de nuestra Carta Magna y como instrumento está diseñada por definición, para que toda persona pueda lograr la defensa inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales ante un juez de la república, en caso de no ser posible por otra vía, o porque las circunstancias y el tiempo no lo permitan así. Hasta allí, pudiera pensarse que no existe algo de qué preocuparse, pero la realidad muestra que la tendencia dentro del sistema de salud es buscar solucionar una buena parte de los problemas de los usuarios por medio de la interposición de tutelas.
Cuando se tutela por motivos de salud, se invoca fundamentalmente el derecho a la vida o el derecho a la salud como conexo a uno de los derechos fundamentales de los colombianos. Ese terreno jurídico es de difícil definición y ha supuesto la oportuna y eficaz resolución de miles de demandas legítimas de parte de los ciudadanos, pero también se ha prestado para la confusión y para lo que se ha venido llamando “la judicialización” de la salud.
Para finales del año 2000, el Fosyga ejecutó $4.158 millones para cubrir tutelas; en el año 2001 la cifra ascendió a $4.960 millones, ya para el año 2002 se ejecutaron $23.963 millones y para este año se tienen apropiados $60.000 millones que según parece van a ser insuficientes, lo que demuestra un crecimiento geométrico de la situación y coloca en serio peligro la estabilidad financiera del sistema.
Para el caso, tanto el Fosyga como las EPS son los que más vulnerabilidad presentan ante el fenómeno de crecimiento de este tipo de demandas, y en algunos eventos, un solo fallo millonario y equivocado podría colocarlos en una gran dificultad financiera.
La tutela en sí misma no es el problema, pues existen varias situaciones que se han venido presentando de manera simultánea y que contribuyen al notable incremento de demandas por esta vía:
1. En definitiva, pareciera existir una brecha importante entre los alcances constitucionales y los alcances de la Ley 100, pues los jueces a la hora de fallar terminan siempre invocando los alcances de la Constitución y desestimando lo normado por la Ley 100; igualmente, se evidencia que los planes de beneficios del POS se quedan cortos como reglamentación de la Ley 100, a la hora de hacer un análisis desde la perspectiva constitucional (Ver grafico ilustrativo anexo).
El planteamiento descrito plantea un serio dilema, pues de ser correcto, la avalancha de tutelas y demandas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y a sus diferentes actores, será permanente y tendrá tendencia creciente.
2. Desconocimiento de la rama judicial de los diferentes aspectos relacionados con la salud y con el SGSSS: Este hecho es evidente y se pone de manifiesto en muchísimos casos.

Asimismo como existen ramas laboral, penal, civil, no es descabellado proponer el desarrollo de una rama de la Protección Social, pues de hecho es bien complejo todo lo que allí se maneja; los grados de especialización y de conocimiento son muy particulares, llevando a que jueces sin ese conocimiento específico o sin marcos de aproximación conceptual adecuada, terminen cometiendo errores.
3. El abuso: Son comunes los casos de ciudadanos(as) que tutelan exigiendo todo tipo de intervenciones y tratamientos que no hacen parte de los diferentes planes de beneficios que otorga la Ley 100 de 1993, que intentan que se les paguen costosos e innecesarios tratamientos, y que incluso llegan a realizarse procedimientos en el exterior que perfectamente pudieron hacerse en Colombia, para luego venir a solicitar grandes reembolsos.

Es comprensible que las personas se angustien inmensamente cuando enfrentan la muerte o la enfermedad de sus seres queridos o de ellos mismos; sin embargo, debemos entender que en muchas ocasiones no es ese el motivo real de una reclamación y que en ocasiones se esconde un crudo sentido económico, azuzado en muchos casos de manera irresponsable por profesionales del derecho y de la medicina.
4. La mala atención a los usuarios: Para nadie es un secreto la cascada de tutelas que ha recibido durante los últimos años el ISS, impulsada en muchos casos por sus propios funcionarios. En muchas ocasiones, el afiliado a una EPS que no le brinda los servicios que requiere, se ve abocado a recurrir a las instancias legales para obtener lo que en derecho le corresponde, tal como ha venido sucediendo en un buen número de casos.
Infortunadamente, la excepción termina convirtiéndose en regla y la tutela se ha venido posicionando en la conciencia ciudadana como un elemento de presión automática para obtener cualquier atención en salud, sin discriminar y entender que para todos los casos, simplemente no corresponde.
En suma, cada vez es mayor la presión que el Sistema General de Seguridad Social en Salud recibe a través de tutelas, al punto que se vislumbran serios riesgos para la estabilidad del sistema de salud y para muchos de sus agentes, sean estos EPS, entes territoriales o IPS. Debe colocársele seria atención a este tema por parte del Ministerio de la Protección Social y del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, so pena de sufrir irremediables daños económicos para el conjunto de los diferentes actores del SGSSS, y de afectar la viabilidad misma de la reforma en el corto plazo.
Propongo entonces, que tanto el Ministerio de la Protección Social como los diferentes actores del SGSSS, iniciemos un análisis concienzudo del tema de tutelas y conjuntamente con la rama judicial, busquemos alternativas de solución posible, de manera que se respeten los derechos que la Constitución ha otorgado a los colombianos, y que la viabilidad del SGSSS no sea afectada. Queda la propuesta.

 

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