En el ambiente de las transacciones, de las operaciones comerciales, de los márgenes y rendimientos, y de los demás paradigmas financieros en que se encasilla hoy la vida, y en el que se encasilla también la salud, o mejor la prestación de los servicios de este sector, es lógico esperar que la salud pública no tenga mayor relevancia.
Y no la tiene puesto que ella, la salud pública, parece que no es negocio para quienes en aquellos asuntos de las transacciones, desarrollan su actividad, y tampoco es de interés para quienes deben alentar e impulsar el desarrollo de la Carta Constitucional, por no hablar de su contenido, ni de sentimientos, ni actitudes humanitarias, que debería ser lo primordial que motivara toda empresa con componente humano.
Pero no. El mundo ya no está para estos pensamientos que van en contravía de sus intereses, de sus negocios, y de lo que se entiende por el éxito.
Si la enfermedad, por el hecho de estar atada de manera inseparable a un sujeto padeciente tuviera la suficiente importancia en la conciencia de los gobiernos y las gentes, y si no se apreciara ese acontecer infortunado de enfermar como una mera oportunidad comercial y al sujeto que sufre la enfermedad como elemento componente de un mercado que hay que satisfacer, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y las demás acciones que propenden, en buena lógica, por la búsqueda y el logro de un ser humano sano, serían el eje de las tareas de salud. Y allí, en ese contexto, el destino de los todos los demás esfuerzos, como los medico-asistenciales o los de aseguramiento, serían secundarios, pues para lograr una buena calidad de vida para todos, hay que partir de la prevención de la enfermedad y de la promoción de la salud.
La salud pública con su trascendencia y su innegable importancia, no es un tema “taquillero” en el país: parece tema sólo de publicaciones y foros, pero no ha logrado calar dentro de los proyectos “vendibles”, porque ahora todo tiene que ser vendible para recibir las venias y aprobaciones de los organismos que, desde fuera, dicen cómo debe operar un sistema de salud y cuáles son sus propósitos y cuáles sus alcances.
Y entonces, por ese desapego que por muchos días vivimos, tuvimos que volver a hablar con apresuramiento de campañas de vacunación, de enfermedades inmunoprevenibles, de vectores, de malaria, de tuberculosis y de otra serie de vergüenzas. ¿Por qué? Se ha dicho que la Ley 100 no tiene nada que ver con el asunto y que todo lo ocurrido es solo consecuencia de otras políticas que no han sido bien interpretadas.
Pero sea lo que fuere, la realidad es contundente: no hay adecuada salud pública. Estudios válidos y rigurosos así lo demuestran, y orientan el principio de realidad: en los años 90, especialmente después de 1993, no fue que aumentaran las enfermedades, sino la falta de preparación gubernamental y del sistema de salud para atenderlas. Fue así que en los últimos años se acumularon las evidencias que nos exigen recuperar los indicadores de salud pública, una obligación histórica y una responsabilidad social y humanitaria que nos compromete a todos, pero muy especialmente al sector público y a la comunidad, con el apoyo inexcusable del sector privado. A fin de cuentas, es toda la sociedad, pero mucho más el sector productivo, el que se beneficia con poblaciones saludables que generan riqueza, en ambientes con riesgos biológicos y sociales controlados.
En gracia de discusión aceptemos que el descuido en salud pública no es consecuencia directa y exclusiva de la Ley 100 de 1993; pero entonces debemos aceptar de todas maneras, que no se ha visto la voluntad política suficiente y necesaria para que el país retome ese importante tema de la salud pública.
Aunque ya era hora, el tiempo dará la razón. En el futuro, no sólo todos estaremos de acuerdo con la teoría, sino que de hecho se llegará el momento de ver realizaciones claras en el campo de la salud pública, que propendan y logren el mejor estar de las gentes, todo como una política nacional en este campo de la salud real, y no de la salud como negocio.