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Las direcciones departamentales de salud de Boyacá
y Antioquia (en su orden), fueron ponderadas por la ONG “Transparencia
por Colombia” como las de menor riesgo de corrupción
en el país, seguidas de sus homólogas en Meta,
Norte de Santander, Cauca, Caquetá y Tolima (todas
consideradas con riesgo moderado), dentro de un estudio acerca
del tema realizado en distintas dependencias de los gobiernos
departamentales, y en donde aparecen como las secretarías
de salud más vulnerables a la corrupción, las
de Córdoba, Vichada, Arauca y Guainía, calificadas
como de muy alto riesgo. Esta medición no es indicativa
del nivel de corrupción de una entidad o sector, sino
de los peligros de corrupción que tiene.
Cómo se mide la transparencia
Luego de dos años de la publicación del Índice
de Integridad de las Entidades Públicas Nacionales
y con el compromiso al cumplir sus primeros cinco años
en el país, la Corporación Transparencia por
Colombia (TPC), capítulo de Transparency International
(TI), publicó el “Índice de Integridad
de los gobiernos, Asambleas y Contralorías Departamentales
2003-2004", con el respaldo de la GTZ (Agencia para la
Cooperación Técnica Alemana) y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). Dicho Índice se propone como fundamento
para el diseño de estrategias en la lucha contra la
corrupción, que conciernen a los elementos de un régimen
democrático.
El estudio mide riesgos de corrupción en las entidades
de gobierno (como las di-recciones de salud) en tres aspectos:
1- Transparencia, evaluada como la capacidad de las entidades
para hacer visible su gestión; 2- Investigación
y Sanción, medido como la capacidad de las entidades
de corregir las denuncias sobre irregularidades cometidas
por sus funcionarios; y 3- Institucionalidad y Eficiencia,
o cumplimiento de los procedimientos establecidos para cumplir
las funciones que corresponden a cada entidad (misión).
Para contrastar los resultados del Índice de Integridad
Departamental, la Corporación TPC con el apoyo del
DANE, aplicó también la primera Encuesta de
Desempeño Institucional en el nivel territorial, para
conocer si los procesos de contratación, la vinculación
de personal o la programación presupuestal se llevaron
a cabo gracias a tráfico de influencias. De igual manera
se preguntó por prácticas indebidas, como fraccionamiento
de contratos, negociación reiterada con los mismos
proveedores o el pago de sobornos.
Resultados Integridad Departamental
Revisando los resultados del estudio, cuyos registros son
en su mayoría del año 2003, se destacan varios
aspectos. Entre las dependencias estudiadas en los 32 gobiernos
departamentales “se sigue rajando el país”:
51% tienen niveles de corrupción altos o muy altos,
36,5% riesgo medio y 12,5% riesgo moderado, con un promedio
de 46,1%. Ningún departamento presenta en su consolidado
bajo riesgo de corrupción según los parámetros
de Transparencia Internacional, y Boyacá es el líder
con apenas un 66%.
Ahora bien, la preocupación por los bajos índices
se hace aún más severa cuando se compara con
la Encuesta de Desempeño Institucional. En un 70% del
total de las entidades analizadas, la percepción de
los funcionarios sobre el desempeño de sus instituciones
es mejor de lo que muestra la construcción objetiva
del Índice, con una diferencia promedio (enorme) de
23,8 puntos porcentuales. Todo esto puede atribuirse a que
los funcionarios no tienen sentido crítico frente a
la debilidad frente a la corrupción, porque tienen
temor de expresarlo o porque son parte del fenómeno;
o sea, son miopes, pusilánimes o simplemente cínicos
frente al mismo.
Salud departamental en ciernes
Respecto de las secretarías de salud, a las que se
analiza bajo la lupa por haber estado envueltas en uno de
los mayores escándalos de corrupción a nivel
territorial, el estudio explica que “la calificación
promedio es de 49,2%, bastante baja considerando la importancia
crucial del sector. Un 37,5% de las secretarías se
ubica en muy alto o alto riesgo de corrupción y sólo
el 12,5% aparece con riesgo moderado. Es más, en el
rango de alto y muy alto riesgo se encuentran 6 de las 8 secretarías
de los nuevos departamentos, que acumulan los mayores recursos
de régimen subsidiado”.
Frente a salud, el informe concluye que “aún hay
mucho espacio para mejorar en el sector, no sólo tomando
en cuenta la información objetiva recogida en el Índice,
sino también la opinión de las personas que
trabajan en las secretarías”.
¿Para dónde vamos?
El gasto público en salud en Colombia ha oscilado en
los últimos años alrededor del 4,5% del Producto
Interno Bruto (PIB) total, con un crecimiento constante; incluso,
el gasto total del sector se estima cercano al 10% del PIB.
Por tanto, el problema con la salud no sólo radica
en su importancia como sector social, como destaca el informe,
sino en que, hablando a calzón quitado, mueve mucha
plata, y es dinero que manejan en una alta proporción
los entes territoriales y algunas entidades privadas (EPS/ARS),
y la verdad, ninguno de estos actores se ha mostrado muy escrupuloso
en cuanto a su sensibilidad por la salud de los colombianos.
Y si a esto le sumamos la debilidad de los filtros para controlar
el arduo flujo de recursos en el nivel territorial, cabe preguntar:
¿Para dónde va ese dinero? O bueno, ya algunos
lo sabrán, pero el resto nos lo seguimos preguntando.
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