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Mientras Hermes lleva y trae información, los paladines
del Ministerio de Hacienda continúan sumando, restando,
multiplicando y dividiendo para encontrarle una solución
al acertijo. Lo que ellos no saben es que cuentan con la astucia
del supremo mercado en donde las disposiciones ya fueron impartidas
para todos los países latinoamericanos, y solo resta
que los buenos alumnos obedezcan; claro que desconocen que
no hay una fórmula única para todos los países
y que cada cual tiene que buscar la combinación de
pilares que más se adecue a su realidad (Stiglitz).
En esta búsqueda de cimientos para fortalecer el sistema
financiero y cumplir compromisos fiscales internos y externos,
se diseñó el nuevo proyecto de reforma pensional
que el gobierno espera sea aprobado por el Congreso de la
República en su próxima legislatura, arguyendo
la necesidad de una reforma fiscal con propósitos sociales,
para no dejar mares de población excluidos del sistema
de seguridad social.
Propuestas de la nueva reforma pensional
El proyecto que se presentará al Congreso el próximo
20 de julio, busca eliminar los regímenes especiales
y exceptuados, con excepción del aplicable a la fuerza
pública; quitar para el sector público las pensiones
mayores a 25 salarios mínimos mensuales (hoy, $8.9
millones de pesos); acabar con la mesada 14 para los nuevos
pensionados; determinar como mínimo vital para fines
de pensión el equivalente al salario mínimo
legal vigente; y que las reglas especiales acordadas en convenciones
colectivas de trabajo o en acuerdos estarán vigentes
solo hasta el 31 de diciembre de 2007. Además, se contempla
la modificación del artículo 48 de la Constitución
Nacional, el cual tendrá como pretensión la
sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad
Social.
Aspectos a tener en cuenta
Para el presidente de Asofondos, Luis Fernando Alarcón
Mantilla, una posible reforma de la Ley 100 en materia pensional
debería eliminar todo lo que se refiere a los regímenes
especiales, ya que en su opinión es una de las inequidades
más grandes que existe en el sistema y que no tiene
ninguna sustentación.
Agrega el directivo que otro tema a reformar es la prohibición
de negociar en convenciones colectivas beneficios pensionales,
particularmente en las empresas del sector público:
“Nos parece que en eso se necesita una gran transparencia;
por ejemplo, sabemos que buena parte de la carga y de los
problemas financieros de empresas estatales se originan en
unos regímenes pensionales absurdos, tremendamente
generosos, que han sido pactados en convenciones colectivas”.
La reforma colombiana debe contemplar tres sistemas que recomienda
el Banco Mundial: uno primero de reparto al que coticen todos,
que permita la solidaridad entre ricos y pobres, jóvenes
y viejos, y hombres y mujeres, que le garantice a los trabajadores
de bajos ingresos una pensión que les asegure que no
se empobrecerán más cuando lleguen a viejos.
Un segundo sistema, constituido por los fondos privados de
pensiones a los cuales deben contribuir los trabajadores después
de cierto nivel de ingresos. Y un tercer sistema voluntario,
también de ahorro individual, para los sectores más
ricos que desean y pueden lograr una pensión más
alta.
Complementando estas recomendaciones, Julio Roberto Gómez,
Secretario General de la Confederación General de Trabajadores
Democráticos (CGTD), en un artículo publicado
por el periódico El Tiempo (16 de abril de 2004), agrega
además que se “debe encontrar el modelo más
eficiente para financiar los pasivos actuariales, de manera
que cumpla con las siguientes cinco metas: aceptabilidad social,
sostenibilidad financiera, factibilidad política, coherencia
con las realidades económicas y las de mercado de trabajo,
y gestión orientada en primer término al usuario.
Infortunadamente, la factibilidad política por lo general
limita el desarrollo de las cuatro restantes, primordialmente
por su carácter cortoplacista. Por lo tanto, plantear
una reforma simplista como la re-ducción de beneficios
y el aumento de contribuciones, dejando de lado o tocando
parcialmente los retos estructurales de cada régimen
y su mutua relación, nos conduciría a un alivio
coyuntural y, en algunos años (no muchos), al enfrentamiento
de un nuevo debate para reformar el sistema pensional de los
colombianos”.
Argumentos para otra reforma
“El problema es estrictamente presupuestal”, afirmó
la viceministra de Hacienda, María Inés Agudelo,
en la Comisión II de la Cámara de Representantes
durante un debate sobre la deuda pública externa citado
por el parlamentario Efrén Antonio Hernández,
donde anunció que como a mediados de este año
se acabarán las reservas del Instituto de los Seguros
Sociales, el gobierno nacional tendrá que responder
por el pago de 9,6 billones de pesos en el 2004. Además,
indicó que hoy día el pasivo pensional del sector
público colombiano se calcula en 279 billones de pesos
de 1999, lo que representa 161 puntos del Producto Interno
Bruto (PIB).
Con la declaración de la viceministra hasta el más
incauto terminaría apoyando otra reforma pensional,
pero no se puede olvidar que no es la primera vez que los
colombianos escuchamos los mismos argumentos para justificar
los déficit presupuestales del Estado, y que en medio
de nuestra "miopitis colectivus cronicus" siempre
terminamos pagando. Así lo aclara el senador Luis Carlos
Avellaneda, al afirmar que “existe un problema fiscal
preocupante, originado supuestamente por el sistema pensional
actual, el cual, según proyecciones oficiales, se agravará
en el futuro. Es la misma motivación utilizada cuando
se presentó al Congreso el Proyecto de Ley que se convirtió
en la Ley 797 de 2003”. Y aclara que el problema fiscal
“corresponde a la decisión inoportuna del gobierno
de efectuar una reforma estructural al sistema vigente de
1993, que estableció el régimen de capitalización
individual administrado por las Administradoras de Fondos
Privados de Pensiones, AFPs, eliminando un régimen
de reparto simple que utilizaba el sector público y
debilitando el régimen administrado por el ISS”.
Las pensiones no tienen por qué cargar con el peso
del déficit fiscal resultado del desequilibrio de los
mercados financieros, y su costo no debería recaer
sobre la población en general a través de más
reformas. El actual sistema SOLIDARIO de Seguridad Social
colombiano SÍ es viable, según sostiene el actuario
Iván Restrepo Lince, quien afirma que “los aportes
para la seguridad social son razonablemente suficientes (...)
pero Planeación Nacional dice lo contrario: que los
aportes hay que ajustarlos continuamente, que las edades,
cotizaciones mínimas y porcentaje del sueldo para la
jubilación hay que deteriorarlos anualmente”.
Un parte de tranquilidad
El viceministro de la Protección Social, Eduardo José
Alvarado, da un parte de tranquilidad al afirmar que el “desafío
no es solo para el ISS, sino para todo el Régimen de
Prima Media, que tiene que ser el de autojustificarse como
sistema (...) definitivamente la premisa para el tratamiento
pensional en Colombia debe ser: LAS PENSIONES SON SAGRADAS
Y CON ELLAS NO SE JUEGA”. Además, se atrevió
a concluir que: “nosotros no vamos a hacer la solución
que han hecho otros países de América Latina,
que simplemente no pagan las pensiones. Eso ni lo contemplamos.
Discutir el Régimen de Prima Media es algo que llevará
un tiempo, tenemos que reflexionar serenamente sobre el tema”.
Definitivamente esta declaración es un acto de valentía
que hasta el propio Zeus desde el Olimpo se enorgullecería
de escuchar, sobre todo si tenemos en cuenta que desde hace
mucho tiempo las reformas del mercado laboral están
en el centro de las políticas del Banco Mundial y del
Fondo Monetario Internacional y en el marco de la aplicación
de las Políticas de Ajuste Estructural (PAE) y del
llamado Consenso de Washington, por tanto no dependen ni de
nosotros ni del viceministro. Por consiguiente, se necesita
más que la astucia de Ulises y los “buenos deseos
en política social” del gobierno, para que la
reforma pensional cumpla las metas que se ha fijado y podamos
disfrutarla en la vejez y no en las postrimerías de
la muerte.
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