MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 5    NO 57   JUNIO DEL AÑO 2003    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Derechos de propiedad intelectual
Equilibrio entre la creación
y el consumo

Cuando la Organización Mundial del Comercio -OMC- dispuso crear el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -ADPIC-, se proponía básicamente encontrar un equilibrio entre el fin social -a largo plazo-, de incentivar la investigación que permitiera continuar con la creación e invención de fármacos en el futuro y a la vez lograr que a dichas creaciones pudiera tener acceso toda aquella población que lo requiriese.
El objetivo primordial era -y lo sigue siendo-, el de atender de manera efectiva los problemas de salud pública que padecen países en desarrollo, particularmente aquellos generados por el VIH/sida, la tuberculosis y el paludismo, entre otros.
En ese orden de ideas, entre los objetivos del Acuerdo se cuenta: “el que la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual contribuyan a la promoción de la innovación tecnológica, en beneficio recíproco de los productores y los usuarios de conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar social y económico...”.

Un sano equilibrio entre inventor y usuario
Este sano equilibrio que pretende alcanzar la OMC con este Acuerdo abarca tres aspectos: El primero es el hecho de que al protegerse la propiedad intelectual, los inventores se sentirán incentivados a continuar con su tarea creadora, al tener la seguridad de que obtendrán beneficios a cambio. Ello garantiza la constante invención de fármacos, sólo para poner un ejemplo.
De igual forma, al protegerse la propiedad intelectual se está garantizando el constante crecimiento tecnológico y la transferencia de dicha tecnología, gracias a la divulgación de la que debe ser objeto, logrando con ello cumplir con el objetivo social de la misión científica.
Y por último, permite a los gobiernos ajustar o condicionar la protección de los derechos de autor, gracias a la flexibilidad que brinda el Acuerdo sobre los Adpic, con el fin de propender por el bien común. Esto en casos excepcionales, pero siempre sin perder de vista, que el bien social y común de la población supera cualquier otro interés (basta aclarar que el uso por el gobierno de una patente sin autorización de su titular, sólo está permitido si se cumplen determinadas condiciones establecidas, con el fin de proteger los intereses legítimos del titular de la patente).
Este Acuerdo abarca no sólo los derechos de autor, sino las marcas de fábrica o de comercio, los esquemas de trazado de circuitos integrados y los secretos comerciales.
Si bien el Acuerdo sobre los Adpic entró en vigor en 1995, al finalizar el año 2001 la OMC reconoció en la Declaración de Doha, entre otras cosas, la preocupación que surge a partir del impacto que tendría la protección de la propiedad intelectual sobre los precios, razón por la que plantea que el Acuerdo no deberá impedir que los gobiernos miembros adopten medidas para proteger la salud pública, promoviendo el acceso a los medicamentos haciendo uso de las disposiciones que hacen relación a la flexibilidad.

“Se debe mantener
la política de genéricos”
Aspectos como el aumento de precios en los productos comerciales y las condiciones requeridas por los tratados internacionales sobre la protección a la propiedad industrial, relacionadas con la calidad de los medicamentos, así como la concientización de médicos y pacientes de que la diferencia de precios entre las marcas de mayor prestigio y sus genéricos no significan diferencias de calidad, son los que, a juicio de la senadora Dilian Toro, el gobierno nacional no puede dejar de lado en la nueva política farmacéutica.
Respecto del primer punto, la senadora señala que el gobierno ha reconocido tímidamente el hecho de que sí se han cometido algunos excesos por parte de varios laboratorios, por cuanto en un debate realizado en el Congreso de la República se observó que los precios en realidad, han estado fuera de control.

“En primer lugar, por el régimen de libertad de precios que impera. Segundo, porque la Comisión Nacional de Precios del Ministerio de Desarrollo que vigila la industria farmacéutica, no está sancionando, y los droguistas, determinantes en los precios, no sienten que tienen quien los vigile”, sostiene la congresista.
Agregó que esa imposibilidad del gobierno de controlar los precios se hizo evidente con la circular que emitió la Comisión el 2 de mayo de 2002, y que pretendió obligar a la industria farmacéutica a marcar en los empaques y envases el “precio sugerido al público”, lo que representaba una ventaja para el consumidor. Sin embargo, la medida fue rechazada: “Las agremiaciones sostenían que la circular violaba el régimen de libertad de precios, contribuía a elevar más aún los costos de los medicamentos por la rotulación y podía generar negociaciones indebidas con el margen de utilidades entre laboratorios y comercios. A los tres meses de discusiones, la Comisión suspendió la rotulación de los precios”, dijo. Es por ello que un cambio radical en la política de precios, es sin duda, uno de los aspectos primordiales que debe enfrentar la nueva política farmacéutica nacional, que se está debatiendo.
Respecto de la calidad de los medicamentos, de acuerdo con las condiciones exigidas en los tratados internacionales, la senadora sostiene que aunque actualmente un porcentaje muy importante de los fabricantes cumplen los estándares internacionales para la producción de medicamentos, todavía existen quienes aún no los cumplen, y señaló: “Si partimos de que los indicadores de bioequivalancia y biodisponibilidad son claves para garantizar la calidad, y que según la OMS, su evaluación es requisito en las múltiples pruebas de calidad de un producto, especialmente en los genéricos, la preocupación aumenta porque no se tiene información sobre como se están desarrollando los estudios e investigaciones en estos aspectos desde el Invima, como rector de la política en el país”.
Las propuestas
Revisar las políticas de libertad de precios; garantizar un seguimiento a la calidad y al control de precios, que dicho sea de paso, debe descentralizarse; revisar el funcionamiento del Invima y el papel del Ministerio de Desarrollo al respecto, son algunas de las propuestas que lanza esta senadora conocedora del tema. “Es necesario revisar también cómo está operando el registro y la vigilancia con el Invima para detectar medicamentos fraudulentos y falsificados. Este es un elemento fundamental para garantizar a la población la calidad de todos los medicamentos, especialmente los genéricos”, agrega en su lista de propuestas que considera, debe ser estudiada en la nueva política farmacéutica.
Igualmente, plantea que el gobierno central debe adoptar una política de inversión que promueva la investigación y el desarrollo de fármacos genéricos para problemas de alto costo, tal y como lo han realizado países como la India y China, y adicionalmente, realizar foros y debates con la comunidad científica y el público para posicionar los medicamentos genéricos en el país. En esencia, la senadora reconoce que se le debe brindar una política de protección a las empresas que vienen realizando altas inversiones en investigación y desarrollo, razón por la que a su juicio, se debe mantener la política de genéricos, con algunos cambios fundamentales en su aplicación.

Colombia negociará medicamentos para el sida con multinacionales
El gobierno nacional hizo pública la negociación que adelanta con las casas productoras de compañías farmacéuticas multinacionales, para la compra de medicamentos y de reactivos para el tratamiento del VIH-sida. En dicho acuerdo participaron los países del Grupo Andino, además de Chile, Paraguay, Argentina y Brasil.
La negociación, que ya pasó por una serie de acuerdos técnicos de revisión de protocolos, de productos, de criterios de calidad, había sido programada para la primera semana de junio en Lima, con asistencia de los ministros de salud de todos estos países, negociando directamente con las casas productoras de compañías multinacionales y también de compañías generadoras de genéricos que tienen certificación por la OMS, al igual que aquellos que tengan certificación de algunos países productores, como puede ser el caso de Argentina y México.
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