MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 5    NO 57   JUNIO DEL AÑO 2003    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

¿Cuántas IPS se habilitaron?
Juan Carlos Arboleda Zapata -Periodista elpulso@elhospital.org.co

Un mes después del pasado 17 de abril, fecha en que vencía el plazo para que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) se habilitaran mediante inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, la mayoría de los entes territoriales aún no habían reportado la información al Ministerio de la Protección Social. Por esto el titular de esta cartera, Diego Palacio Betancourt, hizo un llamado a las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud para que cumplan con lo establecido en el Decreto 2309 de 2002, que determina la obligatoriedad de reportar al Ministerio la información pertinente durante los 5 primeros días hábiles de cada mes.

A mediados de mayo, sólo los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Quindío, San Andrés, Valle y Vichada habían enviado el reporte al Ministerio, mientras que el Distrito de Bogotá lo hizo parcialmente.
Las IPS que no se hubieran registrado oportunamente no pueden estar funcionando ni pueden ser contratadas por EPS, ARS y demás administradores de planes de salud, ya que el plazo era perentorio debido a que la ley establecía unos términos de cumplimiento; sin embargo aún se continúan presentando algunas para ser registradas y si bien no existen inscripciones extemporáneas, esto se puede realizar debido a que la actitud del Ministerio y de las Secretarías de Salud de los departamentos tiene como objetivo llevar a cabo el proceso de habilitación antes que entrar en una etapa de sanciones. De todas maneras, ya comenzaron acciones de cierre de IPS y se espera que en los próximos días comience el trabajo de visitas de verificación de los compromisos adquiridos por las IPS en la habilitación.
A pesar de la demora de las secretarías para enviar la información, está planteado un trabajo de 90 días para realizar el mapa de habilitación, de tal manera que se tenga la información necesaria para saber con qué se cuenta en todo el país a nivel de prestación de servicio. A partir de allí, dentro de la norma está planteado que cada 30 días se deben reportar las novedades, de tal manera que la información pueda estar actualizada incluyendo el número de prestadores por servicios, por niveles, por municipios.
Según la doctora María Elvira Cajigas de la Dirección de Calidad del Ministerio de la Protección Social, “las IPS que no se habilitaron no deberían haber prestado servicios hasta que se vuelvan a inscribir, pero si alguien no se inscribió hasta el 17 de abril, puede ir hoy y se inscribe, lo que pasa es que la norma supone que desde el 17 de abril hasta la fecha de la inscripción, no tiene porque prestar ningún servicio. ¿Qué pasa si lo está haciendo? Cada Secretaría de Salud está tomando las medidas que correspondan”.
Ciertamente así ha venido sucediendo. En el departamento de Nariño, según informó el doctor Guillermo Rodríguez, subdirector de salud, “nosotros estamos justamente visitando los puestos de salud y consultorios para tratar de cerrarles hasta que se habiliten, sólo que ya en el proceso de habilitación se les exige el cumplimiento del 100% de todos los requisitos. La diferencia era que antes los habilitábamos y ellos nos firmaban un plan de cumplimiento a 31 de diciembre de las necesidades que tenían que resolver, pero en este momento deben proceder a habilitarse con el cumplimiento del 100% de los requisitos”.
En el departamento de Antioquia también han comenzado las brigadas de visitas, que tuvieron en la primera semana como resultado el cierre de 8 entidades.
Y en Bogotá, la Secretaría de Salud está trabajando con más calma frente a quienes no se habilitaron: miran la base de datos que se tenía frente a los que se habilitaron, depuran la base de datos y si luego de eso se detectan entidades que no se inscribieron, se procede a la sanción. Serán estas entidades las primeras en las listas de visitas, sin descartar que quienes apenas ahora se están presentando para el proceso, sean sometidos a una investigación que podría acarrearles una sanción, según declaró el doctor Norberto Acosta, abogado de la oficina de Vigilancia en Desarrollo de Servicios.
Vigilancia y sanciones
Una vez terminada la fase de inscripciones por parte de los prestadores, las secretarías de cada ente territorial así como la Superintendencia de Salud, deben comenzar un proceso de visitas verificadoras. Para ello la norma establece un período de tres años, pero se espera que no dure tanto y que cada dependencia ya esté trabajando en la elaboración de cronogramas que les permita comenzar este trabajo. El problema que se detecta acá, es el número y la capacidad del personal para ejecutar las visitas y aunque esta es una función administrativa, las seccionales han optado en su mayoría por buscar mecanismos de contratación con terceros para llevarlas a cabo, pues son autónomas en el tema. En Bogotá
ya comenzaron con personal de planta pero la Secretaría está contratando unas personas que apoyarán con un grupo más grande. Lo mismo sucede en departamentos como Antioquia y Nariño.
En Antioquia la Dirección Seccional priorizó para este año verificar instituciones de alta y mediana complejidad; para ello sacó invitaciones públicas con el fin de contratar en empresas externas, uniones temporales y universidades, esa tarea de la verificación, obviamente con todo el control de la Dirección Seccional, según informó el doctor Luis Fernando Suárez Vélez, Director de Vigilancia y Control de la Seccional.
Frente a las sanciones se pueden presentar varias circunstancias: Primero, que se hayan declarado servicios que no se estén prestando; en este caso se viola el principio de la buena fe, porque declararon de manera unilateral, se les cree, pero en la verificación se encuentra que lo declarado no corresponde; esto genera una investigación y una medida de seguridad contra ese establecimiento, de suspender los servicios que está ofertando. Segundo, que haya declarado pero que no cumpla, porque no encuadra dentro de los estándares que se exigen en la norma; en ese sentido, al desaparecer los planes de cumplimiento llevaría a la suspensión del servicio o servicios que no cuadran en los estándares. Tercero, no declara servicios que si se están prestando y que en el momento de la investigación se “cojan” en flagrancia; el artículo 52 del decreto 2309 dice que ningún prestador podrá prestar servicios que no haya habilitado, por lo que ese sólo hecho llevaría a la suspensión del servicio y a iniciar la investigación, aunque se motivará a ese prestador, pese a que exista una investigación, a que siga el proceso de habilitación. Cuarto, encontrar riesgos para el usuario o prestador (por ejemplo se encuentra una persona que no es profesional, medicamentos vencidos, no se cumplen requisitos de frío para vacunas o un equipo de rayos X irradiando porque no tiene normas técnicas); la ley obliga a cerrar inmediatamente esos establecimientos por cuanto ahí hay un riesgo para la comunidad. De todas formas, la norma permite ante cualquiera de las opciones que ameriten abrir investigaciones, que el prestador dentro de unas etapas procesales, tenga la posibilidad de defenderse y aportar pruebas.

Resultados parciales
Hasta el pasado 15 de mayo, solo el 39% de las Direcciones Departamentales y Distritales de salud del país habían reportado 16.807 prestadores de servicios de salud inscritos en el registro especial. Son 3.728 de Antioquia; 315 de Bolívar; 1.561 de Bogotá; 878 de Caldas; 75 de Chocó; 812 de Córdoba; 1.105 de Cundinamarca; 565 de Huila; 641 de Meta; 998 de Nariño; 599 de Quindío; 104 de San Andrés; 5.388 del Valle y 38 de Vichada, según comunicación del Ministerio de la Protección Social.
Aparentemente se han presentado problemas no sólo en el envío oportuno de la información por parte de los entes territoriales, sino que también se encuentran envíos parciales o grandes inconsistencias en los números, por cuanto en un sondeo de cifras con algunas Seccionales de Salud realizado por El Pulso, detectamos por ejemplo que mientras en el informe del Ministerio aparece Antioquia con 3.728 entidades habilitadas, en esta seccional aparece que el número de habilitadas fue de 6.161, que representan el 92% de las existentes en el departamento. Un caso más notorio se encuentra en Bogotá, en donde el Ministerio reporta 1.561 pero la Secretaría Distrital informó haber recibido más de 12.000 inscripciones. Un caso completamente contrario es el del departamento de Nariño, en donde el doctor Guillermo Rodríguez, subdirector de salud, nos informó detalladamente como: “Antes del proceso de habilitación teníamos 1.304 prestadores de servicio. En IPS públicas había 119 de las cuales se habilitaron 88; IPS privadas había 141 y se habilitaron 129; y 1.045 consultorios independientes de los cuales 594 se habilitaron. El censo total son 1.304, de los cuales fueron 811 habilitados, osea el 62.2%”; pero ante el Ministerio el número de inscritas se aumenta a 998.
Es de esperar que las inconsistencias entre los números del Ministerio, encargado de recopilar y unificar datos, y los entregados por las seccionales, se deba sólo a un período de ajuste y confirmación de datos, porque de lo contrario nunca se sabrá verdaderamente cuantas IPS cumplen en Colombia con los requisitos para prestar sus servicios .
 



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