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Durante los días siguientes al 9 de mayo, Día
de la madre, se dio en Barranquilla una intoxicación
masiva por cococho -alcohol metílico extraído
de la madera no apto para consumo humano-, que dejó
18 personas muertas y la pérdida de la vista en 4 personas
más. Según las autoridades sanitarias, el incidente
se originó en destilerías clandestinas de Barranquilla
donde se elabora ron, aguardiente e incluso whisky adulterados.
Marina González, directora de la fiscalía seccional,
señaló que se abrieron procesos contra siete
personas: tres que podrían ser responsables de homicidio
y cuatro de imitación o simulación de alimentos,
productos o sustancias, según contempla el Código
Penal.
El brigadier Mario Fernando Ramírez, comandante de
Policía del Atlántico, reveló que se
detuvieron 41 personas y decomisado 4.500 botellas con licor
adulterado, así como tapas y cajas de cartón.
Agregó que cerrarán 12 establecimientos comerciales
por vender bebidas embriagantes sin las debidas estampillas,
y recordó la recompensa de $5 millones a quien suministre
información de lugares en donde se fabriquen y distribuyan
licores que no cumplan con los requisitos legales.
En cuanto a soluciones para el problema, el Secretario Distrital
de Salud de Barranquilla, el médico Jorge Daza Barriga,
antes de renunciar a su cargo el 16 de mayo por amenazas a
su vida a causa de las investigaciones sobre el caso, propuso
legalizar la producción clandestina del 'cococho'.
El alcalde Guillermo Hoenisgberg descartó esa posibilidad,
con el argumento de que esa decisión le corresponde
al gobierno nacional.
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