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Villavicencio se presentaron denuncias cuando la alcaldía
no prorrogó los contratos de tres ARS con las que venía
operando y se los entregó a tres empresas nuevas.
Ante las numerosas denuncias, el presidente Uribe prometió
tomar medidas urgentes y drásticas, y en un principio
de modo catalogado por algunos como impulsivo, dijo que cerraría
la ARS que supuestamente pertenecía a paramilitares,
y el ministro de la Protección Social Diego Palacio
anunció que tenía todo listo para cerrar la
EPS Barrios Unidos de Quibdó (ARS acusada de ofrecer
dinero a cambio de afiliados), pero ninguna de las dos licencias
se canceló: Barrios Unidos sigue funcionando y Tayrona
por voluntad propia pidió que se le cancelaran todos
los contratos, según dijeron sus representantes legales
José Gómez y Luz Zea, para evitar seguir siendo
estigmatizados, y agregaron que aunque no iniciarán
ninguna acción legal contra el presidente Uribe, consideran
que sus declaraciones los pusieron a ellos y a sus empleados
en riesgo, en un departamento en el que existe presencia guerrillera.
Ante lo polémico del asunto, el tema se desvió
hacia la importancia de que siga existiendo o no el régimen
subsidiado y de que los recursos sigan siendo manejados o
no por las ARS. Fue así como en el lanzamiento del
PADE en la Universidad Militar, el presidente de la república
insistió en que la clave para mejorar la operación
del régimen subsidiado está en la alianza estratégica
entre los hospitales y las ARS, mecanismo propuesto en el
Manifiesto Democrático durante su campaña presidencial,
que se constituye en una estrategia fundamental para recuperar
el sector salud del país, teniendo en cuenta que las
ARS asignan los recursos de subsidios para beneficiarios de
los niveles 1 y 2 del Sisbén.
Al explicar las acciones que el gobierno implementó
para mejorar el sistema de las ARS, el Mandatario recordó
que a su llegada encontró que las ARS dedicaban a gastos
administrativos el 15% y en una primera etapa lo redujo a
10% y recientemente al 8%.
Medidas drásticas deben esperar
Por su parte, el ministro de la Protección Social aseguró
que las investigaciones acerca de irregularidades en el manejo
de los recursos de salud continúan: “Veníamos
trabajando en manera muy silenciosa. Estas informaciones que
se han recogido no brotan al azar, sino que son el resultado
del esfuerzo adelantado y de las denuncias concretas recibidas,
que han permitido hacer evidente el proceso de corrupción
que hay”. Señaló también que no
solamente hay problemas con las ARS, sino que también
se adelantan otras investigaciones en el departamento de Chocó,
a donde se giraron $1.000 millones para reconstruir el hospital
de Bahía Solano y hay $500 millones que no aparecen;
de los $700 millones que se giraron para Bojayá se
gastaron $250 millones en otras cosas, y de los recursos para
el Plan de Atención Básica, hay $3.000 millones
que no se encuentran.
Ante la posibilidad de cerrar las ARS, el ministro Palacio
aseguró que no todas son malas, y que no se puede castigar
a aquellas que están haciendo una buena labor; que
están entregando cumplidamente el carné a sus
afiliados; que cumplen con las actividades de promoción,
prevención y educación; que indican a sus usuarios
cuáles son los hospitales que los atienden y que brindan
los medicamentos a los que tienen derecho en el Plan Obligatorio
de Salud (POS).
Finalmente, indicó que durante este gobierno, con el
fin de mejorar la calidad y prestación del servicio,
se bajó el costo de intermediación del 15% al
8%, se depuraron las bases de datos donde se encontraron cerca
de 700.000 personas que estaban en más de una lista
de afiliados, y no se han aprobado nuevas ARS, pues se exige
el cumplimiento de ciertos requisitos, con lo que se evita
que aparezcan aquellas ARS que recogían plata, se quebraban
y desaparecían.
ARS y régimen subsidiado son
necesarios
Enrique Peñaloza Quintero, investigador del Cendex
de la Universidad Javeriana, y quién realizó
varios estudios sobre ARS y régimen subsidiado, considera
que “más allá de la corrupción,
hay razones que validan el régimen subsidiado, y no
hay que perder de vista en la toma de decisiones, la historia
de la situación. Hay que recordar que en los momentos
en que los pacientes han dependido totalmente de los hospitales,
se han creado restricciones de oferta y de cobertura, en perjuicio
de los usuarios que han tenido que limitarse a ver con paciencia
como crecen las listas de espera. Además, ese 8% de
la intermediación que cobran las ARS no es un ahorro:
es un dinero que evidentemente sería invertido (al
ser los hospitales quienes manejen los recursos), en gastos
de administración hospitalaria derivada del mismo manejo
del dinero”.
Como resultado de estas investigaciones surgió la propuesta
de la regionalización, que consiste en operación
regional con giros directos desde el Fosyga a las aseguradoras,
que preferiblemente deben tener una operación departamental
(no municipal), y así evitar el paso de los recursos
por las alcaldías, de manera que el viaje de los dineros
sea menos largo y la llegada de los dineros más directa
y más oportuna. Señala que la regionalización
propuesta no ha tenido eco, porque los alcaldes consideran
que les quita autonomía a los municipios para hacer
contratos, razón que defienden sin pensar en el beneficio
de los usuarios, verdadera razón de ser de la existencia
de los fondos.
Fernando Ruiz, director del Cendex, considera que el régimen
subsidiado debe continuar, porque mejora el acceso de la población
pobre a los servicios de salud. Según estudio realizado
en Bogotá, Manizales y Campoalegre, se demuestra que
los más pobres están asegurados y que cada usuario
asistió a 3.6 consultas por año en promedio,
gastando $27.350 en servicios de salud contra $64.294 gastados
por cada usuario que no está en el régimen subsidiado,
que asistió solo a 2.65 consultas por año. Lo
anterior deja claro que la falta del régimen subsidiado
generaría inequidad. El investigador considera que
la principal dificultad en el funcionamiento del régimen
está en la función de gerentes que se les asigna
a los alcaldes y a los secretarios de salud, quienes no están
preparados para esto, dando lugar a manejos políticos
de esos recursos y a demoras en la entrega de los dineros,
todo lo anterior en perjuicio de la salud de los más
pobres. También existe un gran problema en la inexistencia
de sistemas de información adecuados, por lo cual no
se pueden hacer cálculos reales para elaborar presupuestos
ni se puede crear una base de datos con información
epidemiológica cierta que permita hacer promoción
y prevención.
A pesar de las dificultades en medio de las que funciona,
no se pude negar el impacto positivo del régimen subsidiado
en las comunidades, que según estudio del profesor
Oscar Rodríguez del Centro de Investigaciones para
el Desarrollo de la Universidad Nacional, manifestaron altos
niveles de satisfacción con el servicio que reciben
a partir de estos subsidios.
Un nuevo régimen subsidiado
El proyecto de Ley 236 que reformaría la Ley 100, propone
en su artículo 38 la creación de un nuevo régimen
subsidiado, que tendría como propósito financiar
la atención en salud, organizar la prestación
de los servicios y manejar el riesgo de todas las personas
pobres y vulnerables y sus grupos familiares que hayan sido
previamente identificados como elegibles para recibir los
subsidios públicos en salud. Quienes actualmente estén
cobijados por el Sisben I y II quedarán automáticamente
afiliados al nuevo régimen subsidiado, y se habla de
un nuevo sistema de se-lección que analizará
la necesidad de incluir nuevos afiliados. Aquí se contempla
a quienes cambien de residencia, como el caso de los desplazados,
pero se deja la responsabilidad de establecer su acceso a
los servicios de salud al Ministerio de la Protección
Social.
En este nuevo régimen se tendría en cuenta el
sistema de regionalización, pues estaría coordinado
por el Fondo Territorial Colombia para la Salud (FOCOS), ente
que se crearía y que tendría como responsabilidad
contratar las EPS que prestarán sus servicios en cada
región, y hacer directamente a ellas los giros en forma
mensual. Las EPS serán seleccionadas por el Ministerio
de la Protección Social mediante el sistema de concurso
público de competencias.
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