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desventaja y para desprestigio
de la descentralización y del papel que deben tener
las autoridades locales y territoriales, que vienen recibiendo
recursos sin instrucciones y sin orientación firme,
que permita ejecutarlos adecuadamente.
La esencia del punto radica en que la Salud Pública
no consiste en un paquete de “acciones colectivas”.
Está muy bien que en el debate que le vienen haciendo
los economistas a los gobernantes bajo el paraguas de la “Reforma
del Estado”, se insista de una forma pedagógica
en separar los bienes públicos de los privados, y que
se estudie el concepto de las externalidades. Precisión
que es útil para alinderar las cosas deben cuidar los
gobiernos porque son públicas, dejándole las
demás a la ciudadanía, el sector privado y las
fuerzas productivas de la economía, porque pueden hacerlas
mejor.
Sin embargo, esta simple diferenciación entre actividades
colectivas, individuales y mixtas, empaquetadas en Plan Obligatorio
de Salud (POS) y PAB, no es suficiente para fijar una política
de salud pública. De ese modo lo único que hemos
visto es un continente insustancial al que le caben gastos
que resultan pertinentes porque aparecen en una lista de mercado,
pero que son impertinentes si quisiéramos indagar por
su finalidad y su opción estratégica de conjunto.
Es decir, al PAB le cabe una interminable cantidad de gastos,
que vienen siendo acaso un poco más que "telenovelas".
Si alguna cosa redescubrieron los países del norte
hace más de veinte años, comenzando por Canadá,
es que la salud pública se hace como “estrategia”.
Además, el asunto de la Carta de Ottawa y las cinco
estrategias de la promoción de la salud no son un capricho,
sino la rectificación de diez años de dificultades
y de intentar, para darse cuenta que si no se investiga primero,
y se pone luego en práctica un conjunto de políticas
acompañadas de intervenciones educativas, de servicios,
de pruebas y de comunicaciones, la cosa no marcha y no llega
a ninguna parte.
La salud pública como práctica no es simplemente
un servicio. Tampoco son actividades ó acciones colectivas,
porque la única manera de hacer realidad la salud pública
es a través de una postura política. Como práctica,
consiste en un conjunto de estrategias, llámense programas,
proyectos ó planes que obedecen a un diagnóstico,
y una decisión deliberada como adopción de una
orientación explícita. Política que se
desarrolla como intervenciones o actividades, pero bajo un
concepto intencionado que les da sentido, y no al revés,
porque en ausencia de un propósito voluntarista de
ir a alguna parte, un agregado de acciones por sí mismas
no le da sentido a nada. Y por supuesto, no era casualidad
que los canadienses y los norteamericanos dijeran que la política
pública de salud fuese la plataforma de todas las otras
estrategias de promoción de la salud. Sin la política
pública todas las acciones quedan en la nada, asimismo
como estamos quedando nosotros encartados con listados de
acciones en el PAB y en los componentes de promoción
y prevención, que nos dejan el sabor de no estar llegando
a ninguna parte en muchos lugares del país.
Por eso, es una fortuna que el Sr. Ministro de la Protección
Social le haya dicho sí a la revisión de la
Ley 100 en la ciudad de Medellín el pasado 21 de mayo,
y que sin rodeos las directivas ministeriales estén
dispuestas a fortalecer la salud pública. Sin embargo,
sin contrariar la taxonomía de los servicios de salud
como colectivos, individuales ó mixtos, es necesario
adelantarse a esa discusión, fijando las prioridades
de salud pública y los mecanismos para gestionarlas
desde el Estado, a través de todos sus niveles y responsables,
garantizando que existan las personas capacitadas, los insumos,
los preparativos, las intervenciones y los servicios que hagan
realidad un mejor estado de salud.
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