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Medicamentos:
entre delincuentes, desinformación
y buenos propósitos
Marcela
Monge - Periodista, Medellín
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Con bombos y platillos, el Ministerio de Salud, el Invima
y la Fiscalía, presentaron sus balances positivos y
sus buenos propósitos sobre el control al tráfico
y comercialización de medicamentos con fechas de vencimiento,
condiciones físico - químicas alteradas y etiquetas
falsificadas, ante los ministros de salud de los países
andinos, que para tratar el espinoso tema se reunieron en
sesión extraordinaria en Cartagena, a finales del pasado
mes de enero.
No cabe duda, en los últimos años se ha avanzado
mucho en esta materia, e incluso, Colombia es líder
andino en el control de este tipo de delitos, pero también
es evidente -luego de intentar tomar una radiografía
de este negocio ilícito- que no existen estudios, investigaciones,
estadísticas o cifras aproximadas sobre la magnitud
que tiene el "cartel de los medicamentos", nombre
con el cual el Fiscal General de la Nación, Luis Camilo
Osorio, señaló a estos delincuentes ante tan
ilustre auditorio.
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Lo que
sí existe, es la voluntad unificada de los industriales,
de la Fiscalía, el Ministerio de Salud, el Invima y otros
organismos, para luchar contra este tipo de delitos que además
de usurpar la imagen de marcas y ganar dinero con posicionamientos
ajenos, afectan a la salud de las personas, principalmente cuando
se trata de adulteración de medicamentos, bebidas, alimentos
y algunos productos de consumo masivo.
El balance oficial
En su discurso de instalación de la Reunión Extraordinaria
de Ministros del Area Andina y Chile, el Ministro de Salud de
Colombia, Gabriel Ernesto Riveros Dueñas, señaló
que en los últimos dos años se han incautado más
de 18 toneladas de medicamentos falsificados, "en donde
cada gramo decomisado y destruido hubiera podido ser letal para
quien lo consumiera". Pero nadie más se atreve a
dar datos sobre el particular. La Unidad Nacional de Derechos
de Autor* de la Fiscalía General, ente encargado de judicializar
los casos relacionados con esta actividad ilícita, no
tiene cifras que indiquen cuál es el porcentaje de medicamentos
que en las droguerías del país está adulterado
o falsificado, y el Invima, entidad que precisamente vigila
los medicamentos, no entregó ningún dato, pese
a que su Director, Camilo Uribe, fue consultado sobre este y
otros puntos importantes para la realización del presente
artículo, con la suficiente anterioridad, cordialidad
e insistencia.
Así las cosas, sólo se tiene el dato que el Ministro
entregó en Cartagena y las notas periodísticas
que sobre desmantelamientos de laboratorios clandestinos, confiscación
de productos alterados y retención de productos de contrabando,
se ven con mayor frecuencia en los últimos años
en los noticieros de televisión.
Además, el doctor Riveros Dueñas indicó
que "el Gobierno Nacional ha realizado esfuerzos sin precedentes
para lograr la implementación de las Buenas Prácticas
de Manufactura, acorde con los lineamientos diseñados
por la Organización Mundial de la Salud".
El Gobierno ha invertido más de 300 millones de dólares
para certificar a los laboratorios nacionales y extranjeros
que operan en el país, con normas que se destacan como
las más exigentes de América Latina. Por no cumplir
con estas reglamentaciones, se cerraron en los últimos
años más de 200 laboratorios. |
En el caso de medicamentos y licores falsos
o adulterados, el consumidor siempre compra engañado
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El estudio de
la Andi
Además de contar con la Cámara Farmacéutica
para agrupar a los industriales de este sector productivo,
que en 1998 tuvo una participación total de la industria
nacional del 3.4%, la Asociación Nacional de Industriales
-ANDI- cuenta con una división que maneja el Proyecto
contra la Falsificación de Marcas, grupo que desarrolla
actividades con el objetivo de educar y concientizar a la
opinión pública y a diferentes organismos estatales
sobre el particular, así como de realizar propuestas
al Gobierno que permitan luchar contra la falsificación
de alimentos, bebidas, medicamentos y productos de consumo
masivo.
Ernesto Rengifo, gerente de este proyecto, indicó a
EL PULSO que "es muy difícil establecer el tamaño
del mercado ilícito de medicamentos. En el caso de
la piratería de licores, que es en el que mayor falsificación
se da, alcanza un 30% de la oferta". Esa cifra salió
como resultado de una investigación que el proyecto
realizó en asocio con la Universidad Externado de Colombia,
en la que se estudiaron 18 productos, entre alimentos, bebidas,
licores y de consumo masivo, y se determinó que las
cifras que se derivan de la falsificación ascendía
a cien mil millones de pesos.
Sin embargo, Rengifo reconoce que cuantificar cuánto
dinero maneja el mercado negro de medicamentos es bastante
difícil, pues el estudio es sólo una pequeña
parte de la realidad nacional.
Dicho estudio, establece que no todas las personas que participan
de esta actividad ilícita lo hacen de manera consciente.
A veces los tenderos o propietarios de droguerías menores
no saben que el producto que venden es adulterado, porque
el distribuidor ilegal suplanta a los distribuidores mayoristas
de las empresas, presentado muestras originales del producto
pero papelería e identificaciones falsas, situación
que a simple vista no es fácil de reconocer. Sobre
el particular, este estudio llama la atención sobre
"la imposibilidad de que las empresas ejerzan un control
absoluto sobre la forma como se realiza la distribución
a los minoristas, pues sólo en Bogotá hay más
de 25.000 droguerías".
De otro lado, y a pesar de que las empresas farmacéuticas
expresan que su preocupación, más que el impacto
sobre sus ganancias es la salud de los consumidores, la investigación
de la Andi indica que en la práctica, los controles
de los laboratorios se limitan a identificar la originalidad
del producto y a precisar los componentes que fueron adicionados
o suplantados, y/o el daño generado a los afectados.
Faltan esfuerzos y mano dura
Las prácticas ilegales más comunes en el caso
de la falsificación y adulteración de medicamentos
son: la fabricación de placebos, la mezcla de productos
legítimos con sustancias inocuas y la modificación
de las fechas de vencimiento, dependiendo de la modalidad,
la falsificación de las etiquetas y empaques.
El modus operandi de los miembros de la red ilegal de fabricación
y falsificación de medicamentos está más
que detectado, pero existen dificultades para su seguimiento
y posterior judicialización, pues generalmente los
operativos se realizan luego de que un laboratorio afectado
por la usurpación de su marca o un consumidor engañado,
denuncian estas irregularidades ante las autoridades.
El estudio de la Universidad Externado de Colombia y la Andi
señala: "en vista de que las instancias gubernamentales
encargadas del control y de la vigilancia son incapaces de
cumplir plenamente con sus funciones, la empresa asume por
cuenta propia tareas de naturaleza policiva". Es decir,
que mediante su departamento de seguridad o de detectives
privados, persigue a los falsificadores o adulteradores y
ubica el taller clandestino para luego dar aviso a la policía,
y son las otras instancias gubernamentales las encargadas
de realizar el allanamiento y capturar a las personas involucradas.
Y es que la División de Derechos de Autor de la Fiscalía
sólo investiga cuando se lo ordena la Dirección
Nacional de Fiscalías. A esto se suma la dificultad
expresada por un fiscal que entrevistó EL PULSO, y
que pidió reserva de su nombre por seguridad, de que
"estos delitos tienen muchas dificultades probatorias,
que varían de acuerdo con las garantías de los
derechos de autor". Agregó el funcionario que
"el control desde el punto de vista judicial es muy incipiente
hasta ahora, entre otras cosas porque la intervención
de la Fiscalía es posterior a la realización
del delito".
Además, este es un delito que se castiga con penas
cortas y multas, con el agravante de que no puede aplicarse
medida de aseguramiento, y si hay buena conducta y otros comportamientos,
se puede obtener la disminución de la pena, lo que
permite a muchos detenidos continuar con sus actividades ilícitas
rápidamente.
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Mucho se habla de la magnitud alcanzada
por el comercio de medicinas falsificadas, adulteradas o
vencidas, pero ningún organismo conoce a ciencia
cierta cuánto dinero mueve este negocio en el país
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El proyecto de
ley
Actualmente la condena para este delito es de 2 a 8 años
de prisión, y de acuerdo con el discurso del Ministro
de Salud, se subirá a 25 años si se aprueba
un proyecto de ley que en este sentido presentará el
senador Rodrigo Rivera. Sin embargo, al ser interrogado sobre
este asunto, el congresista risaraldense manifestó
que aún no está listo el proyecto, que está
trabajando para tratar de presentarlo en la legislatura que
comienza ahora en marzo, pero que
primero tiene que llegar a acuerdos con las asociaciones médicas
que lo están asesorando.
Sobre la posibilidad de que la condena sea de 25 años,
Rivera indicó que aún no se puede hablar de
un número exacto de años, pues primero se debe
establecer en el delito de falsificación y adulteración
de medicamentos una relación directa con un atentado
contra la vida. Aún así, el senador resaltó
la importancia de que está iniciativa salga adelante,
pues es urgente que se trate con mano dura a estos criminales
que cada día aumentan su capacidad de dañar
la sociedad, amparados en unas bajas condenas y en un proceso
judicial bastante blando.
Frente a la posibilidad de que se luche de manera contundente
contra falsificación y adulteración de medicamentos,
el panorama es esperanzador, confuso y con un amplio espectro
de desinformación. De todos modos, corresponde al Gobierno,
a los consumidores y a los fabricantes, actuar de manera conjunta
para poner a salvo la salud de todos.
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| *La
Organización Mundial del Comercio, OMC, define los derechos
de Propiedad Intelectual como aquellos que se confieren a las
personas sobre las creaciones de su mente, es decir, los relacionados
con los derechos de autor, la propiedad industrial, que protege
los signos distintivos (marcas de fábrica o comercio)
y la indicación geográfica de origen del producto;
y por último, las invenciones, las cuales se protegen
por patentes. En esta categoría se incluyen los dibujos,
los modelos y los secretos industriales. |
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Triunfos
y premios
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Por estos esfuerzos, el Invima recibió
el año anterior en Praga, el Premio Global Anticounterfeiting,
por sus sobresalientes logros en la lucha contra la falsificación
de medicamentos. Esta entidad le ganó a organismos
como el Servicio Secreto de los Estados Unidos y la Guardia
Civil Española.
Otro de los logros importantes que destacó el Ministro
de Salud en Cartagena y que está relacionado con el
esfuerzo gubernamental para garantizar la calidad de los medicamentos
que se consumen en el país, es el fallo a favor de
Colombia que profirió la Secretaria Andina frente a
una demanda interpuesta por Perú y Venezuela, contra
la verificación de las Buenas Prácticas de Manufactura
en territorio extranjero. Los demandantes argumentaron que
ello creaba un obstáculo para el libre comercio y la
venta de productos farmacéuticos, lo que según
ellos contradecía los principios establecidos por la
Comunidad Andina de Naciones. En el fallo, la Secretaría
desestima estas acusaciones al considerar que "las normas
establecidas en torno de la calidad de los medicamentos deben
primar sobre cualquier otro interés, incluidos los
legítimos derechos que se desprendan de la actividad
comercial entre los países miembros".
Vigilar también los
supuestos "genéricos"
No sólo los miembros de los carteles de los medicamentos
ponen en riesgo la salud de las personas que consumen sus
medicinas; también es prioritaria la vigilancia y el
control de los productos farmacéuticos de mala calidad.
Entre ellos, aquellos que bajo la fachada de ser genéricos
y a menor costo, sólo cumplen con las especificaciones
físico - químicas para contar con la aprobación
del Invima, pero que una vez el ente estatal saca los ojos
de su espalda, se convierten en medicamentos que no actúan
como deberían en el organismo.
En este sentido, llegó a EL PULSO una carta de un grupo
de médicos de la Sección de Enfermedades Infecciosas
de la Universidad de Antioquia y el Hospital Universitario
San Vicente de Paúl. Ellos manifiestan su preocupación,
porque "el hecho de que un medicamento tenga licencia
del Invima no asegura su calidad, ya que dicha entidad no
ejerce un control de calidad periódico sobre los lotes
que están saliendo al mercado. Como médicos
tenemos la experiencia, en múltiples casos informados
oportunamente, que medicamentos antihipertensivos no bajan
la presión".
El estudio realizado en 1999 por la Andi y la Universidad
Externado de Colombia sobre la falsificación y adulteración
de 18 productos, señala que en "en el caso particular
de los medicamentos se ha encontrado que productos farmacéuticos
de mala cantidad o que no contienen la composición
adecuada (tanto del principio activo como de los excipientes),
además de que no curan a los pacientes, les generan
otros males. Los problemas de morbilidad y mortalidad asociados
a los medicamentos de mala calidad, se agravan con nuestra
tendencia cultural a la automedicación".
Sobre este tema, los médicos que firman la carta, enfatizan
que "la responsabilidad no es sólo de quienes
hacen parte del 'cartel de los medicamentos', y reempacan
o distribuyen medicamentos vencidos o productos falsos. La
responsabilidad, como lo señalamos, es también
de las EPS, las IPS, el Invima, el Ministerio de Salud y en
general, todo el Sistema de Seguridad Social, que tiene la
obligación de responderle a los colombianos por la
calidad de los productos farmacéuticos y de velar por
su derecho a la salud".
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