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En el
sector salud existen temas recurrentes: surgen, se discuten
y se archivan hasta nueva oportunidad. Esta situación
tiene sus raíces en el aplazamiento de toma de decisiones
sobre temas cruciales para el sector, pues tienen tantos interesados
que los convierten en madejas con miles de hilos, que dificultan
desenredarlas. La necesidad de un manual tarifario es discutida
de tiempo atrás, y su importancia es reconocida por todos.
En foro realizado en Medellín en la Facultad Nacional
de Salud Pública de la Universidad de Antioquia el pasado
18 de febrero, acerca de los proyectos de ley 024 (recurso humano
en salud) y 052 (reforma a la Ley 100), se explicó que
el manual tarifario no solo está planteado para el intercambio
y prestación de servicios entre prestadores y aseguradores
en una escala macro, sino también entre cada profesional
y trabajador de la salud con su empleador directo, sea IPS o
EPS. Esta es la razón por la cual el tema se encuentra
propuesto dentro del proyecto de ley 024 de recurso humano en
salud, al asignar como función del nuevo Consejo Nacional
de Recursos Humanos en Salud, en el artículo 6º,
el dar concepto favorable a la definición que el
Ministerio de la Protección Social realice sobre el manual
de tarifas, y en el numeral siguiente, dar concepto
sobre los salarios mínimos para las diferentes profesiones
y ocupaciones del área de la salud. Es en estos
puntos donde han surgido las diferencias del sector salud frente
al tema.
El gobierno ve el manual tarifario como un elemento necesario
dentro de los ajustes que requiere el sistema, y que se realizarán
con más intervención del Estado, según
declaró en el foro el viceministro de salud, Eduardo
Alvarado, mientras los profesionales, trabajadores y sus agremiaciones
lo ven como la herramienta necesaria para regular la posición
dominante de las EPS, como un bastión para salvaguardar
su derecho a unos ingresos acordes con el nivel de capacitación,
y una defensa contra la pauperización de quienes laboran
en el sector salud.
¿Dar concepto favorable al manual?
La función asignada al Consejo de Recursos Humanos de
dar concepto favorable a la definición que
el Ministerio de la Protección haga del manual de tarifas,
ha sido rechazada por todas las agremiaciones. El doctor Sergio
Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana,
señala una falta total de autonomía para el nuevo
Consejo: Un Consejo es autónomo, legisla mediante
acuerdos, y sus decisiones adquieren una vez aprobados fuerza
de ley, como ocurre con el Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud, mientras el Consejo de Recursos Humanos no tiene nada
de autonomía. Además, agrega, en la constitución
del Consejo falta representación de la parte sindical
y obrera, de los trabajadores, para acordar el manual tarifario
que es un asunto laboral.
Asmedas también ve la posibilidad de que el Manual en
vez de dignificar el ejercicio profesional, se convierta en
una nueva amenaza. El doctor Carlos Giraldo, presidente de Asmedas
en Antioquia, señala como la seguridad social del personal
de la salud está atravesada por criterios de mercado
que han regulado hasta ahora los pagos de los médicos
y demás personal de la salud, poniendo en duda su implementación:
difícilmente se puede creer que desde una instancia
gubernamental se pueda regular lo que por todas partes se deja
al libre juego del mercado, excepto que desde el gobierno quiera
perpetuarse lo que ha pasado con el sistema, que ha puesto a
los trabajadores de la salud a financiarlo a través de
un recorte progresivo de los salarios.
El doctor Stevenson Marulanda, presidente del Colegio Médico
Colombiano, quien participó en la redacción del
proyecto de recurso humano, opina que como aparece redactado
se convierte en una obligación taxativa e imperativa
desde la norma, porque obliga al Consejo de Recursos Humanos
a dar un concepto favorable al manual que expida el gobierno,
por lo que considera que el termino favorable debe
suprimirse y solamente dejar la función de dar
concepto frente al tema.
Piso ético y freno a oferta de profesionales
El doctor Marulanda llama la atención sobre otro factor
que debe considerase a la par que la existencia del manual:
el exceso de oferta de profesionales. Un piso tarifario
lo concibo como un piso ético. En el mercado de la salud
hay abusadores, y al no haber regulación del Estado propicia
para un manejo ético del tema, se han aprovechado. He
llamado al piso tarifario el piso moral, donde quien
tenga la posición dominante no pueda determinar tarifas
por debajo inclusive de los precios de costo; pero si hay más
oferta de profesionales, el piso tarifario queda en el subsuelo:
habría que contener la oferta de profesionales si vamos
a seguir en esta economía de mercado; las dos cosas son
complementarias para contener el canibalismo y las conductas
depredatorias, indicó.
Manual tarifario, recertificación y contratación
Durante la última semana de enero pasado, en el municipio
de Chinauta, se reunieron las principales agremiaciones de trabajadores
del sector, para estudiar el estado actual de la reforma a la
Ley 100 y el proyecto de recurso humano. Allí se advirtió
del riesgo de que la recertificación (proceso obligatorio
que regula el proyecto 024), sea utilizado por los empleadores
como condición para la vinculación laboral, e
inclusive, para determinar tarifas o tipos de contratación.
Si bien ambos temas aún no se han correlacionado, es
evidente que en un futuro cuando estén implementados,
podría darse una dependencia directa en detrimento de
los salarios y la estabilidad laboral de los trabajadores de
salud.
Para la presidenta de Acofaen, Gloria Esperanza García,
los mínimos no son buenos, y los referentes prácticos
que viven los profesionales de la salud -con capacitación
en postgrado, pero que laboran con formas de contratación
casi infames que no reconocen el nivel profesional,
y que subsisten a partir de lo que ofrecen las cooperativas-
constituyen un mal antecedente para la existencia de un manual.
Hay peligro de que esas tarifas se vayan a lo mínimo
de lo mínimo, y que no sea una política de dignificación
de los trabajadores de la salud a partir de salarios que correspondan
con su nivel de formación. Hoy es lo mismo salir con
una especialización, para ser contratado por el mismo
mínimo: no se da respuesta estructural al problema que
es más un asunto de empleo, de mercadeo y de sueldo.
Asimismo, alertó sobre otra amenaza: presumimos
que esto depende de un contexto más amplio como el TLC,
y quizá se está abonando el terreno para otras
cosas; además, tener que emitir un concepto favorable
al manual tarifario, como establece el proyecto, convierte la
decisión sobre tarifas en instancia de trámite:
el Ministerio determinará todo, con parámetros
que cuestiono por la falta de participación de las organizaciones.
Se percibe entonces un aroma de desconcierto, pues mientras
se esperaría un manual tarifario que ayude a regular
el mercado, los trabajadores sienten con temor un tufillo de
que los mínimos establecidos en dicho manual traigan
mayor detrimento de su situación actual, más cuando
en el Consejo de Recursos Humanos tendrían asiento las
aseguradoras, pero no los trabajadores. |
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¿Qué
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