Los grupos de trasplantes de
Colombia, especialmente los que operan en Medellín, tienen
un reconocimiento internacional y están entre los cinco
más importantes del mundo. Sin embargo, la mayoría
de las EPS no remiten los pacientes y no porque no existan (se
calcula que más 7.000 personas los requieren con urgencia
en el país sólo en riñón), sino
por un factor que resulta vergonzoso confesarlo en términos
éticos, médicos y humanísticos: no se hacen
porque se ha priorizado el rendimiento financiero de las EPS
sobre la vida o la calidad de vida de los pacientes. Como lo
asegura un especialista en trasplantes de hígado: "las
EPS se escurren" y los pacientes parecen como jugando “escondidijo”;
es "como si los escondiera el sistema, pasan de un hospital
a otro, y cuando por fin los remiten ya están en una
fase terminal" y poco o nada se puede hacer por ellos,
o como sin titubeos lo expresó otro fundador de un grupo
de trasplantes: "Para ellos -las EPS-, les sale más
barato un ataúd que un trasplante de riñón.
Obviamente, un trasplante de riñón vale $25 millones,
un ataúd $300.000. Esa es la parte fundamental y aquí
la estamos eludiendo". Y concluye: "el tema fundamental
es que en Colombia no hay una política de salud, sino
una política financiera que favorece a X o Y grupos".
Todas estas voces salieron el 5 de septiembre de 2003 del desnudar
esos intríngulis del sistema de salud en Colombia en
el tema de los trasplantes, con miras a crear un nuevo decreto
que los regule, y como un paso duro y crítico de los
grupos que operan en esta área médica en Cali,
Bogotá y Medellín ante el Ministerio de la Protección
Social, que deberá atender sus posiciones antes de promulgar
la nueva norma tras la petición expresa del Congreso
de la República que demandó dichos encuentros
al Gabinete, para permitir así una amplia discusión
y análisis de todos los sectores involucrados en el tema
y efectuar la próxima reforma del decreto 1546 del 6
de agosto de 1998. En esta reunión participaron además
de los grupos de trasplantes ya indicados, delegados especiales
de otras ciudades, clínicas, hospitales, bancos de tejidos,
médicos especialistas en trasplantes, trabajadores sociales,
investigadores y representantes de usuarios y donantes de los
servicios, además del ministro de la Protección
Social, Diego Palacio, el entonces viceministro de Salud, Juan
Gonzalo López, y otros funcionarios de esta cartera,
más los senadores gestores de esta reunión: Bernardo
Alejandro Guerra y Manuel Ramiro Velásquez, quienes propusieron
como locación a Medellín por celebrarse allí
los 30 años del primer trasplante realizado en el Hospital
Universitario San Vicente de Paúl.
Tras la reunión estaba el antecedente de candentes debates
en el Senado sobre tráfico de órganos en el país,
que hoy es motivo de investigación por la Fiscalía,
la Procuraduría y la Supersalud, entre otros entes fiscalizadores,
y que llevaron al senador Carlos Moreno de Caro a presentar
el Proyecto de Ley 09/03 "por el cual se prohíbe
la comercialización de órganos humanos para trasplantes",
cuyos ponentes fueron los senadores Bernardo Alejandro Guerra
y Angela Victoria Cogollos, el pasado 14 de abril, buscando
que se penalice como mínimo con 7 o 10 años de
cárcel a los nefastos mercaderes de órganos.
De la reunión de Medellín en el 2003 salieron
comisiones para trabajar en el proyecto y aunque el ministro
Palacio aseguró que entre los objetivos estaban lograr
una información nacional clara y disponible sobre lo
que está pasando con la donación y los trasplantes,
más fortalecer la operación descentralizada de
los trasplantes y centralizar la información, lo cierto
es que hasta el cierre de la presente edición (28 de
abril), no se logró conocer el avance concreto de los
grupos de trabajo y en cambio sí establecer que entre
las partes, Ministerio y grupos de trabajo, se hizo un pacto
de confidencialidad hasta que "salga el decreto en forma
oficial y con consenso de las partes".
Lo cierto es que un punto coyuntural que no ha permitido que
el decreto se dé a luz está en si quitar o no
la presunción legal de donación en Colombia: "La
clave es que hay muchas presiones ante al gobierno y el Ministerio
de la Protección Social, para que no se quite del decreto
la presunción legal de donación. En cambio, hay
un grupo, empezando por nosotros (Medellín), que pensamos
que la presunción legal de donación se debe quitar
del decreto, porque ahí es donde radica la ilegalidad
y el comercio de tejidos. Ahí es donde se está
dando el comercio ilegal. Porque, ¿quién controla
que la gente, que técnicos o inclusive médicos,
vayan a un anfiteatro a sacar tejidos para la exportación
y para beneficiarse económicamente de esas exportaciones?
¿Quién va a controlarlos sabiendo que la Fiscalía,
la Supersalud ni la Procuraduría tienen control sobre
eso? De manera que ahí es donde radica la ilegalidad
y donde se está haciendo el comercio ilegal que está
demostrado y es evidente en el país".
La voz de los grupos de Medellín que tienen como sede
de operaciones el Hospital Universitario San Vicente de Paúl
y la Universidad de Antioquia, la Clínica Cardiovascular
Santa María, la Clínica Las Américas y
el Hospital Pablo Tobón Uribe, tiene su peso, pues han
laborado en equipos multidisciplinarios desde los años
60´s y han logrado con trabajo riguroso, humanista, ético
y científico demostrar grandes avances y éxitos
notables en trasplantes de órganos y tejidos, reconocidos
por la comunidad científica mundial desde 1973. Para
completar, cuentan con el respaldo de los antioqueños,
quienes demuestran su confianza en la labor que desempeñan
con la cultura de donación que profesan (un 60% de la
población está dispuesta a ser donante) gracias
a las campañas constantes que han desarrollado hace más
de 30 años entidades nacidas en la ciudad como la Corporación
Colombiana para el Fomento de Trasplantes y la Asociación
Nacional de Trasplantados, haciendo que Medellín supere
hoy a Barcelona, considerada hasta hace poco la primera ciudad
a escala mundial en donación, y que el ciudadano corriente
se muestre orgulloso de los logros de sus científicos
y los sienta como propios, mientras la prensa regional hace
eco de este sentir -periódico El Colombiano- publicando
especiales para resaltar su historia, esfuerzos, méritos,
avances y éxitos (1), aunque los integrantes de estos
grupos siempre busquen discreción personal y sólo
destaquen ante los medios el trabajo interdisciplinario y de
grupo en beneficio de los pacientes.
Esa trayectoria ha permitido que otras regiones apoyen la posición
de Antioquia y la respalden. Sin embargo, se conoce que el lobby
es fuerte en Bogotá, que todas las regiones tienen un
trabajo de años y años por realizar, que Cali
ha logrado un gran avance en materia de trasplantes, especialmente
de riñón, y en cultura de donación; y que
Bogotá, aunque fue la primera ciudad en intentar un trasplante
en el país en 1965, tenga serias dificultades para conseguir
donantes y financiar campañas que les permitan la coordinación
de trasplantes, porque según cálculos recientes
esto les puede costar hasta $100 millones mensuales que no tienen
de dónde sacar, mientras que en Medellín son los
propios grupos de trasplantes quienes financian esta coordinación.
Hay que esperar a conocer el nuevo Decreto para ver qué
tanto se acogieron las propuestas de todos los involucrados,
como lo pedía el Congreso de la República, y para
verificar hasta qué punto se reconocerán los méritos
de lo trabajado en el país por los diferentes grupos,
qué respaldo efectivo se dará a quienes aún
tienen un largo trabajo por desarrollar en sus ciudades y qué
obligación se impondrá a las EPS para garantizar
a todos los ciudadanos el derecho a un trasplante oportuno y
a una vida digna y de calidad, sin que el Ministerio haga cálculos
mezquinos sobre qué otra cosa se podría hacer
con esa plata que se gasta en trasplantes bajo la formulita
de costo-beneficio.
1. (http://www.elcolombiano.com.co/proyectos/serieselcolombiano/textos/trasplantes/julio22/obsesion.
htm) |
