Con el nombre de la Interrupción Voluntaria del Embarazo -I.V.E.-, se abrió la polémica en el país sobre el aborto, con muchos y muy variados argumentos de quienes defienden y apoyan tal decisión de la Corte Constitucional, de despenalizar el aborto en ciertas y determinadas circunstancias.
No es posible negar como, una vez más, la Corte Constitucional en uso de las facultades interpretativas de la Carta Constitucional, asume funciones que le son asignadas al Legislativo, aumentando cada vez más la necesidad de generar de alguna manera límites en su actuación, pues de todos es conocido el famoso “choque de trenes” con el cual la prensa nacional denominó las diferencias de opinión entre las altas cortes.
Otro aspecto que salta a la vista en esta oportunidad, es la ausencia de una verdadera política en materia criminal, puesto que aspectos tan importantes como el de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, debe ser sometida a consideración de la Corte Constitucional en miras a definir si es o no ajustada a los lineamientos de la Constitución vigente respecto del aborto.
Otro de los actores importantes en esta discusión ha sido la Iglesia, que sin lugar a dudas juega un papel muy importante en la vida nacional, como quiera que la mayoría de nuestra población profesa la religión católica, y como se nos ha enseñado, tiene una tarea clara como Maestra y guía de la feligresía.
En este orden, no podemos olvidar que la Constitución en su Preámbulo, si bien invoca la protección de Dios, consagra en su artículo 19 la libertad de cultos y el artículo 18 garantiza la libertad de conciencia, además de ordenar que ninguna persona será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelida a revelarlas ni obligada a actuar contra su conciencia.
Siendo así, corresponde a todos los cultos religiosos dentro de su creencia, el instruir a sus fieles, sobre el cómo actuar ante la presencia del embarazo no deseado, que ha sido despenalizado por la Corte.
En el fondo de esta discusión, sólo queda la decisión de la mujer de decidir sobre el cómo actuar, acorde con su conciencia, su credo y sus convicciones personales, no debiendo la prensa hacer de esta situación personal-personalísima, un espectáculo.
Otro punto candente en este tema ha sido la posición asumida frente a las instituciones de salud, las cuales como personas reconocidas por la ley, también tienen su conciencia y el derecho a que sus creencias y principios institucionales sean respetados, ya que de lo contrario se estarían violando sus derechos constitucionales.