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Declarar
que la salud es un derecho humano y un servicio público,
que debe obedecer a los principios de universalidad, eficiencia
y equidad, como quedó consignado en la Constitución
de 1991, implica un desarrollo de todo el Sistema de Seguridad
Social hacia la atención de las necesidades en consonancia
con las demandas y las expectativas de la sociedad, o mejor,
se convierte en una obligación de Estado que se debe
asumir con todas sus implicaciones.
Pero, qué a pasado a partir de este planteamiento,
qué caminos y qué vacíos deja la Ley
100, cuál es hoy la realidad de la salud en el país
y dónde están sus recursos, estas fueron algunas
de las preguntas a las que pretendió responder el foro:
¿Dónde están los dineros de la salud?,
realizado en Medellín el pasado 27 de agosto y al que
asistieron más de 800 personas.
Para Antonio Yepes Parra, uno de los responsables de esta
convocatoria, lo primero que llama la atención es la
respuesta de todos los actores de este sector. Directivas
de EPS e IPS, sindicalistas, proveedores, trabajadores de
la salud, facultades de medicina, entre otros, quienes demostraron
su interés por reflexionar en torno a un tema que compromete
no sólo sus recursos y conocimientos, sino la visión
sobre la salud en una coyuntura crítica de país
que exige a la mayor prontitud, la aplicación de medidas
correctivas.
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El país invierte 10% de su PIB
en el sector salud, pero el Sistema está al borde
del colapso.
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El panorama
no es nada alentador, según los cálculos previstos
y de acuerdo con lo presentado por el senador Luis Guillermo
Vélez Trujillo. Las previsiones indican que alrededor
de febrero o marzo del próximo año, el Fosyga
no va a tener ninguna capacidad de respuesta, lo que significa
que prácticamente se avecina un colapso del Sistema,
situación a la que hay que salirle adelante para evitar
que un país que está invirtiendo el 10% del PIB
-lo que sólo ocurre en países ricos industrializados-
, se vea sujeto a las condiciones tan precarias en las que se
encuentra.
Yepes Parra, exconstituyente y ex director del Seguro Social,
señaló que los factores a tener en cuenta para
evitar que el Sistema colapse, tienen que ver con el rescate
de la salud pública. En este sentido, explicó
que el desarrollo de la Ley 100 ha tomado al Sistema de Salud
como un Sistema meramente asegurador y eso no es un tema tan
sencillo que pueda resolverse exclusivamente a través
de un seguro. "La salud es un problema multicausal, social,
cultural y político que exige entonces medidas de salud
pública, el Estado no la puede descuidar, las enfermedades
epidémicas, los eventos catastróficos deben ser
objeto de cuidado y en este momento están completamente
descuidados. Ese es el primer punto, en mi concepto, que obliga
a una reestructuración".
En segundo lugar, Yepes Parra afirmó que el Sistema de
Salud no puede seguir siendo únicamente asistencialista,
reparativo e individualista. "El Sistema tiene que tener
una promoción de la salud y una prevención de
la enfermedad muy intensa, es un fenómeno muy complejo
y requiere de la participación no sólo de los
actores directamente involucrados con el sector sino de profesionales
y trabajadores de otras disciplinas: las comunicaciones, de
los educadores, de los sociólogos, etc, porque hay que
pasar a un modelo familiar, integral y comunitario que exige
acciones asumidas en equipo para prevenir las enfermedades,
para que se dé el autocuidado y lógicamente eso
conlleva a una mejor calidad de la salud y a una reducción
de costos".
Como tercer elemento, se señaló la obligación
de formar al personal de la salud en el campo de lo comunitario,
de la salud familiar, integrando conceptos como promoción,
prevención y atención primaria.
"Creo que esos son los tres pilares que hay que abordar
rápidamente porque de no ser así, es imposible
conseguir resultados a corto plazo", concluyó Yepes
Parra.
Asimismo, se señaló que es urgente reglamentar
muy bien la intermediación en salud y especialmente a
nivel del régimen subsidiado, "hay excesiva intermediación,
sobre todo en el ámbito municipal, lo cual dificulta
los controles, demora los pagos a los prestadores de los servicios
y a los proveedores, entre otros problemas".
El otro punto a tener en cuenta, según se discutió
en el foro, tiene que ver con la necesidad de evitar la evasión
y la elusión que son tremendamente grandes en Colombia.
El doctor Antonio Yepes manifestó que para ello hay que
poner un registro único de los afiliados, pues no es
concebible que una persona registre un salario para salud, otro
para pensiones, otro para el Sena y otro para Bienestar Familiar.
"Con un registro único, en una inscripción
única de aportantes, es posible detectar la evasión
y la elusión rápidamente".
Para ilustrar la magnitud de este problema, durante el encuentro
se manejó una cifra cercana al 40% en lo que tiene que
ver con evasión y elusión. "Un sistema con
un porcentaje de esas proporciones, lógicamente no tiene
ninguna viabilidad", agregó Yepes Parra.
Responsabilidad constitucional
Igualmente, la crisis del sector salud obliga al Gobierno Nacional
para que aumente la inversión en esta área, además
lo obliga a definir una política de salud como responsabilidad
de Estado.
Yepes Parra recordó cómo ese 1% de los aportes
en el Régimen Contributivo que debían hacer los
ciudadanos y el Gobierno Nacional en igualdad de condiciones
y bajo criterios de reciprocidad, se ha ido disminuyendo por
parte del Estado al punto de estar hoy por el orden del 0.25%.
"Hay que insistir en que el Estado tiene la responsabilidad,
la cual se apoya con la solidaridad de los contribuyentes, trabajadores
y empleadores, quienes también aportan el 1%".
De otro lado, se debe revisar muy bien el Acto Legislativo 012,
mediante el cual se determinan las transferencias a las regiones.
"Es indudable y existen cuentas muy claras de la Contraloría
General de la República que indican que los aportes para
salud y educación que se hacen a los entes territoriales,
se van a disminuir considerablemente en los próximos
8 años, entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque
el Congreso va a empezar a trabajar próximamente en la
reforma de la Ley 60 de 1993, la cual tiene que ver con este
régimen de transferencias".
Antonio Yepes indicó además que hay que ponerle
mucho cuidado a las condiciones laborales de los trabajadores
de la salud y buscar que éstas sean equitativas, no sólo
en lo referente a salario sino en lo que tiene que ver con estímulos
y capacitación. "A este personal se le debe permitir
una atención de los pacientes muy amplia, de promoción
de la salud, un trabajo dirigido a la atención básica
primaria y con criterios de medicina social que es la única
manera de extender una red de servicios e integrar la de los
niveles territoriales".
En este sentido agregó la fuente consultada: "por
la competencia para obtener mejores rendimientos financieros
no se está estableciendo una auténtica red de
servicios que ya el país tenía establecida y que
se ha venido desmoronando".
Finalmente, se concluyó que el motor de este proceso
de redireccionamiento es el Estado, el cual es responsable de
la salud de sus ciudadanos reconociéndola como un derecho
humano y un servicio público.
"Le corresponde al Gobierno Nacional tomar una iniciativa
muy audaz y en cabeza del Ministerio de Salud donde está
el centro del Sistema de Salud Pública. Igualmente, se
debe discutir con todos los sectores y presentar proyectos de
ley para hacerle modificaciones a la Ley 100, yo no creo que
sea necesario derrogar esta Ley, sino hacerle cambios sustanciales
como los que hemos anotado". |
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