MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 5    NO 49   OCTUBRE DEL AÑO 2002    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

Evaluación y reestructuración
Académicos y gobierno buscan luces para régimen subsidiado
Olga Lucia Muñoz López Periodista, Medellín elpulso@elhospital.org.co

Iván Jaramillo Pérez, uno de los investigadores y coordinador técnico del estudio de la Universidad Nacional (U.N.) de Bogotá para la "Evaluación y reestructuración del régimen subsidiado", que constituyó la base del estudio sobre este tema para el Programa de Apoyo a la Reforma en Salud, hizo para El Pulso este análisis, del cual extractamos los puntos esenciales para nuestros lectores.

En primera instancia, Jaramillo Pérez recordó que este sistema cubre hoy a 12 millones de personas y que el mayor problema radica en el manejo financiero, porque el dinero no llega oportunamente a las ARS y, por ende, a los hospitales. Aunque esto no es una novedad, lo cierto es que el estudio de la Nacional reveló que realmente es el Fosyga el que genera esas demoras por su manejo fiduciario y por las presiones fiscales del Gobierno.
Las condiciones para pagar hacen que los giros se tarden de 90 días (70%) a 180 días(30%) y tras esta demora se gastan un mes más en los municipios y cerca de 45 días en los departamentos, porque al recibir los recursos los ponen a dar rendimientos financieros para solventar las crisis fiscales propias. Así, los hospitales reciben los pagos tres o seis meses después y sin intereses por mora. La U.N. propone que el Ministerio de Hacienda gire cada 40 días y no cada 75 días como lo hace hoy. Que los municipios reciban todos los recursos, eliminando el paso por los departamentos y haciendo contratos más simples, mientras que el Fosyga gire los anticipos sin requisitos y los otros recursos cuando reciba las bases de datos y la carnetización. Así, los municipios pueden hacer anticipos a las ARS y estas a los hospitales y si hay moras, pagar los intereses. La Ley 715 acogió la propuesta de agilizar los giros y los intereses por mora, mas no tocó ni al Fosyga ni los anticipos a las IPS. Los municipios se escogieron porque ellos administran recursos del régimen subsidiado en un 40% por la descentralización del primer nivel y en un 40% por los fondos de salud pública.
En el corto plazo, lo principal es solucionar las moras y las deudas con los hospitales y mejorar la intermediación financiera. Para ello se proponen las cajas de compensación familiar, porque el estudio encontró que trabajan sin ánimo de lucro, son cumplidas en los pagos y son las mejores administradoras del régimen subsidiado, mientras que las EPS privadas como -Unimec- y las pequeñas ARS solidarias, son las peores. Lo ideal para Jaramillo Pérez sería que los hospitales públicos y las redes privadas conformen sus propias ARS y que cada una de ellas ofrezca el 50% de los servicios con una red propia.
Los estudios reconocen los beneficios del Sisben, pero tienen presente que los 2.7 millones de desplazados significan "la pobreza migrante" del país y que sus enfermos los reciben son los hospitales, así que ellos pueden clasificarlos e ingresarlos con prioridad al Sisben. La otra propuesta - que ya es acuerdo- es compensar a las ARS que muestren mayor concentración de los enfermos de alto costo. Otra alternativa es lograr universalizar el régimen subsidiado pasando de 11 millones a 17 millones. La financiación es otro factor clave y aunque se prevé la afiliación de un millón de personas hasta el año 2005, posteriormente sólo se calcula un incremento entre 100.000 y 200.000 personas. Este crecimiento dependerá de los recursos que posean los municipios (diferentes a las transferencias) y éstos están restringidos por las repercusiones económicas del Acto Legislativo 01 del 2001. Se proponen entonces subsidios parciales con cofinanciación de los municipios, el sistema general de transferencias y el Fosyga.
Universidad y Ministerio
En síntesis, tras la investigación realizada, la U.N. hizo las siguientes recomendaciones: entregar toda la contratación del aseguramiento a los municipios. Eliminar la contratación tripartita y encomendar la vigilancia a los departamentos. El Fosyga debe estimular a otras fuentes financieras para ampliar y sostener el Régimen Subsidiado. Aplicar la Ley 60 de 1993 por ser más equitativa, para distribuir los recursos provenientes de los Ingresos Corrientes de la Nación y del Situado Fiscal. Destinar los recursos de ampliación de cobertura del Fosyga para corregir las inequidades históricas del régimen subsidiado. El pagador único del régimen subsidiado debe ser el municipio, para evitar moras, desvíos y gestiones innecesarias. Hacer unidad de caja exclusiva para los recursos de la salud y que sean los Fondos Locales de Salud los que reciban los giros por participación en los Ingresos Corrientes de la Nación. Los departamentos no deben coadministrar recursos. Se deben hacer los giros del Fosyga y del situado fiscal directamente a los Fondos Locales de Salud.
La U.N. propuso el 27 de junio de 2001 un Proyecto de Decreto al Ministerio de Salud para manejar las moras y las deudas con el régimen subsidiado, mediante el cual se modifica el flujo de los recursos, la periodicidad, la contabilización y los presupuestos, entre otras disposiciones.
El Ministerio de Salud propone. en el PARS, "un ajuste técnico al proceso de selección de beneficiarios, creación de los sistemas descentralizados de recaudo de fuentes de financiamiento en el ámbito municipal, pago anticipado de la UPC-S, regionalización de la operación de las ARS consideradas con los mismos requisitos y obligaciones de las EPS, y un sistema de inspección, vigilancia y control organizado principalmente sobre la identificación y protección de los derechos y deberes de los afiliados".
Así, pretende crear un sistema único de identificación de beneficiarios, estratificado, y que permita establecer subsidios totales y subsidios parciales. Actualizar el Sisben y revisar todas las afiliaciones. Ampliar la participación ciudadana, fortalecer la veeduría institucionalizada y socializar el control. Reestructurar, fusionar o cerrar algunos hospitales públicos, asumiendo el costo político. Ajustar el contenido de los programas a las posibilidades financieras territoriales, definir los paquetes para vinculados y aplicar duras restricciones económicas en todos los niveles territoriales.

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