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En el universo nada
ocurre de manera aislada. Igual cosa parece que sucede en
el sistema de seguridad social. Dado que la Ley 100 entró
como plato fuerte, se pensó que ya estaba dicho todo
lo habido y por haber, y que en lo tocante con el sistema
de seguridad social, al menos en salud allí estaba
lo grueso y fundamental. Y era lógico creerlo por su
trascendencia y envergadura. Pero no, detrás de ella
se han venido una serie de determinaciones complementarias
que obligan a pensar que desde lo alto alguien tiene la visión
del paquete completo y que la reforma no ha terminado aún.
Por estos días se trabaja en el Congreso, por iniciativa
del Ejecutivo, el proyecto de ley 017. Con la aprobación
de la ley, en caso de que se de, se procura establecer los
criterios generales que regulen el ejercicio, entrenamiento
y empleabilidad del recurso humano para la atención
en salud.
Desde el punto de vista laboral, el golpe más rudo
de todo el contenido del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, sin duda alguna, lo han recibido los profesionales.
La situación laboral de los odontólogos, médicos
y demás profesionales, es lamentable. Muchos de ellos
se encuentran casi en exagerado grado de postración
y en el ambiente ha quedado la sensación de que lo
logrado es un triunfo de algunas mentes: el derrotar a los
médicos, y a fe que se ha logrado. Su situación
laboral ya es conocida, aunque no suficientemente debatida,
y su posición frente al ejercicio sagrado de su profesión
es cuestionado por indicadores de tipo financiero y estándares
y formatos tomados de la industria.
Hay que mirar y volver a mirar no solo el contenido sino lo
que entraña el proyecto 017. No podemos perder de vista
de donde venimos y eso por sí solo, debe poner a todo
el sector alerta, no sea que luego sea tarde. No estamos sugiriendo
la oposición cerrada, sino el análisis cuidadoso
y ponderado. Debe ponerse atención cuando se trata
de medir la formación profesional, la práctica
profesional y el entrenamiento del personal auxiliar; todos
son temas diferentes y de implicaciones distintas, como distintas
son las condiciones de los profesionales, de los técnicos
y de los tecnólogos.
De otro lado puede asegurarse, sin temor a equivocaciones,
que el éxito de la medicina y más específicamente
el éxito del ejercicio profesional, englobando en el
término a todas las profesiones del sector de la salud,
estriba en que se ha contado con una formación de muy
alta calidad y esto, por supuesto, es algo que debe preservarse.
La formación profesional debe responder, claro que
si, a las necesidades del país, pero también
debe cuidarse que responda al nivel de exigencia mundial,
donde con el esfuerzo y sacrificio de los profesionales, en
realidad hoy se encuentra. Después de lograr los triunfos
que hoy ostenta la medicina colombiana, no podemos dar pie
atrás para formar profesionales que respondan sólo
a los intereses del mercado y a las exigencias del capital.
A la idea de permitir que IPS y EPS formen el recurso humano,
así sea en compañía con entidades educativas,
debe ponérsele especial cuidado pues con ello se elimina
la autonomía universitaria para definir contenidos
de sus programas del área de la salud.
Todos los centros asistenciales que en convenio con las universidades
realizan actividades docente-asistenciales han hecho un gran
esfuerzo y han obtenido su recompensa con una mejor calidad
de sus servicios, una actualización permanente de su
personal y una cualificación de sus empleados, en virtud
de la constante auditoría que simultáneamente
se lleva a cabo con la prestación del servicio y la
docencia. Los hospitales universitarios particularmente, han
hecho un valiosa aporte como centros de práctica. Por
ello su función como centro de docencia y práctica
debe ser protegida desde el mismo Estado, pero sobre ello
debe ganarse más y más conciencia por parte
de las distintas universidades que sí deseen tener
sus estudiantes en un ambiente de avanzado estado de habilidades
y alto nivel de conocimientos. Tienen importancia del proyecto
de ley 017, las iniciativas de certificación y recertificación
del recurso humano para atención en salud por parte
del gobierno, la creación del Registro Único
de Recurso Humano para atención en salud, y los estímulos
e incentivos.
Igualmente es importante lo propuesto frente a las terapias
alternativas; allí se contempla que su ejercicio se
permitirá exclusivamente a profesionales con título
universitario.
Se propone que las políticas del recurso humano en
salud estarían bajo el mando del Consejo Nacional de
Recurso Humano de Salud, conformado por el Ministro de la
Protección Social, el Viceministro de salud, el Ministro
de Educación, un representante de las instituciones
educativas de educación formal, otro de las de educación
no formal y uno de las IPS públicas y/o privadas. Como
se ve propiamente, no hay representación alguna de
los profesionales de la salud como tales. Sería función
y responsabilidad del Consejo "estudiar la coherencia
de los contenidos, metodologías y sistemas de evaluación
de los nuevos programas de formación en salud y su
concepto será indispensable para realizar el trámite
respectivo ante el ICFES". Igualmente sería de
su ámbito, proponer las competencias laborales y profesionales
de los diferentes técnicos, auxiliares y profesionales;
asesorar el proceso de definición de estándares
básicos de calidad para la autorización de centros
de formación y escenarios de práctica; proponer
sistemas de certificación y recertificación;
estudiar la promoción de las culturas médicas
tradicionales y de las terapéuticas alternativas; y
gestionar recursos nacionales e internacionales para financiar
políticas del recurso humano en salud. La ley concede
facultades extraordinarias al presidente de la república
por seis meses a partir de su entrada en vigencia, para expedir
normas con fuerza de ley que definan los requisitos y calidades
para el ejercicio de las profesiones de salud y sus especialidades.
Esta es una buena manera de dejar las cosas inconclusas para
que después con ninguna oposición y sin ningún
debate, el Ejecutivo legisle a su amaño lo que no quiso
exponer en el Congreso.
Queda la duda de si se tendrán en cuenta todos los
estudios que sobre recurso humano ha hecho el país
para diagnosticar y recomendar su manejo, desde la propuesta
de Harvard en 1995 y su consecuente Programa de Apoyo a la
Reforma en Salud, PARS, que incluso con dineros del Banco
Interamericano de Desarrollo -BID-, financió 4 proyectos
para recurso humano.
El proyecto 017 está crudo e inconcluso y requiere
de profundos y juiciosos análisis antes de ponerlo
como ley. Que se discuta para ganar en conciencia y que se
archive. |
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