|
Docenas de declaraciones de funcionarios y asesores del actual
gobierno nacional, partiendo incluso desde el mismo presidente
Álvaro Uribe, anuncian y promueven la necesidad de
otro “ajustico” a la reforma pensional aprobada
en diciembre de 2002 por el Congreso de la República,
con el fin de garantizar el pago a futuro de las pensiones
de la mayoría de los colombianos. Entretanto, para
los regímenes de excepción de los trabajadores
de Ecopetrol, magistrados de las Altas Cortes, presidente
de la República, educadores y parlamentarios, se espera
que los puntos 8, 9 y 14 del Referendo sean aprobados como
único mecanismo de reforma constitucional en el mismo
sentido.
En últimas, ¿cuánto
hay en las reservas?
Contar bien los recursos existentes para determinar cuánto
dinero hace falta para el pago de obligaciones pensionales,
es la solicitud que muchos congresistas le hacen al Estado
acerca de la cifra sobre la cual se calcula el monto general
de las pensiones para el año entrante. Cuando el Ejecutivo
expresa que el faltante para el pago de pensiones es de un
billón $700.000 millones, el Legislativo tiene razones
para pensar que debe ser la mitad, $900.000 millones: Aunque
entienden que las metodologías técnicas originan
diferentes coeficientes de variación, ellos afirman
que no debe haber tal desfase.
“Sistema pensional del Seguro
Social es viable, aún con ladrones”
Existe una tesis muy estudiada por consultores internacionales,
que señala como en el Seguro Social co-existe un seguro
que es quizás el más costoso, denominado “Riesgos
profesionales y de accidentes de trabajo”, que tiene
liquidez para rato por su excelente funcionamiento. Este seguro
representa altísimos costos de rehabilitación
y muchas de las veces recae en invalidez, que es prácticamente
lo mismo que jubilación, pero en edad más temprana.
Curiosamente, al seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedad
Profesional no se le ha acabado la plata porque la Nación
no ha podido saquearla, dados los cálculos financieros
hechos por el mejicano Gonzalo Arroba en el Estudio Actuarial
(matemático y financiero) del ISS que ordenó
estudiar el gobierno de Lleras Camargo y que se aplica desde
Lleras Restrepo. El actuarial Arroba diseñó
en el año 1972, los dos sistemas: el de jubilaciones
y el de Accidentes de Trabajo, último éste que
funciona de maravilla. El de jubilaciones “no da pie
con bola, todos los días se le acaba la plata y todos
los días le hacen un cariñito... ¡te vas
a jubilar 3 años después, con 100 semanas más
y con 10% menos!... medidas superficiales que no resuelven
nada; la constancia está en que cada 2 o 3 años
se revisan las cuentas, el gobierno pide excusas por cuentas
mal hechas y así continúa el ciclo”, señala
el consultor internacional en cálculo actuarial, Iván
Restrepo Lince.
Ajusticos al ISS: Más barato
para el Estado, más caro para el trabajador
Los “arreglos” a pensiones son reformas coyunturales
exageradamente cortoplacistas, que permiten que exista un
flujo de caja para 2 o 3 años pero que de continuar
así, tornará risible e insostenible el sistema
pensional, con el agravante para quienes trabajan temporalmente
que de jubilarse lo harán en el doble o triple de tiempo
de los trabajadores corrientes, ó simplemente no les
alcance la vida para jubilarse, pues la edad estaría
alrededor de los 80 o 90 años.
Esto sucede porque quienes han tomado las decisiones de seguridad
social de los trabajadores en los últimos 30 años
han sido los ministros de Hacienda, quienes no tienen ni idea
de este tipo de cálculos sociales. Cuando el actuarial
Arroba hizo el estudio, previó que si las personas
por retiro forzoso o por políticas laborales mantuvieran
sus garantías ganadas en convención pero con
niveles de sensatez matemática y social, los porcentajes
de los valores podrían ser promediados gradualmente
reduciéndose desde las 1.000 semanas a las 500, de
acuerdo con el número de años trabajados. La
política es contraria a la actual, ya que si un ciudadano
lleva 900 semanas y debe retirarse por motivos de fuerza mayor,
el Estado le dice: “Señor, a usted le faltan 400
semanas más, de manera que busque donde cumplirlas,
y si tiene 65 años deberá buscar otro trabajo
por 5 ó 8 años más...”, señala
Restrepo Lince.
Pensiones colombianas se exportarían
a Miami y Panamá
Todo parece indicar que el gobierno desea equiparar la edad
de jubilación de mujeres y hombres en los 62 años
de edad. Al respecto, el perito Restrepo Lince aduce que de
continuar planteándose este tipo de reformas, lo que
va a pasar es que “las pólizas 'sensacionales'
de las compañías de seguros nacionales o internacionales
manejarán convertibilidad de pesos a dólares
y con garantías, con la prelación internacional
dada su plataforma fiscal segura, y eso ya lo saben los fondos
de pensiones y compañías aseguradoras de Miami
y Panamá, que ya ofrecen por e-mail jubilación
más temprana, con menos dinero de cotización
y mejores opciones de vida con capital asegurado, colocado
en portafolios de inversiones mundiales”.
Aunque la prioridad es sacar adelante las reformas planteadas
en el Referendo, el ministro de la Protección Social,
Diego Palacio, afirmó que sometería a consideración
del presidente Uribe Vélez y del Congreso de la República
la nueva reforma pensional que propondrá igualar la
edad de jubilación para hombres y mujeres, y pagar
pensiones por debajo del salario mínimo. Al respecto,
el congresista ponente de la reforma pensional, Carlos Ignacio
Cuervo, piensa que mientras la idiosincrasia del pueblo permita
discriminaciones frente a la equidad de género, este
tipo de medidas no deben implementarse.
Algunos efectos fiscales del Referendo
El punto 8 del Referendo adiciona un texto al artículo
187 de la Constitución Política, que elimina
la existencia de pensiones con cargo a los recursos públicos
superiores a 25 salarios mínimos legales vigentes (SMLMV),
exceptuando los derechos adquiridos amparados por los regímenes
pensionales exceptuados. Es decir: se congelarían pensiones
y salarios superiores a 25 SMLM que se pagan con cargo al
Presupuesto General de la Nación a partir del 1º
de enero de 2005 y hasta diciembre 2006, todos salvo quienes
aparecen en regímenes exceptuados como los maestros,
que se les mantienen sus derechos hasta el 31 de diciembre
de 2007.
Si el Referendo se aprueba, como el 75% de los pensionados
está por debajo de dos salarios mínimos en pensión,
la medida afectaría al 25% de los pensionados que tienen
mesadas pensionales muy altas. Además, a partir de
enero de 2005 y de 2006 no se incrementarían ni salarios
ni pensiones que estén por encima de 25 SMLMV.
Gravar las pensiones
Miguel Urrutia Montoya, director gerente del Banco de la república,
considera que gravar las pensiones es algo corriente, dado
que constituye uno más de los ingresos de la gente
y por tal no deben tener ningún privilegio. Urrutia
afirma que la gente de bajos ingresos tiene impuestos mínimos
y que lo que es injusto es no gravar las pensiones altísimas
de los ejecutivos. El legislador Carlos Ignacio Cuervo por
su parte, afirma que: “el efecto fiscal de gravar las
pensiones debe hacerse sobre el mayor porcentaje que cofinancia
el Estado, es decir, en la cuota-parte que financia el mismo
y que no es parte de la capitalización ahorrada periódicamente
por medio de la cotización mensual durante la vida
laboral del trabajador”. Además, sostiene que
el cobro no debe afectar la mesada pensional de trabajadores
que devenguen menos de 3 SMLMV.
Pensiones Ecopetrol - Congreso
Cuando la Convención Colectiva de Ecopetrol definió
que los hijos de los trabajadores quedaban cubiertos en bachillerato,
carrera, posgrado y doctorado para estudiarlo en cualquier
lugar del mundo, el sistema empezó a filtrar información
de que los trabajadores adoptaron al resto de sus parientes
cercanos para mandarlos a estudiar a todos al extranjero.
Los funcionarios honorables del Congreso no gozan de tales
privilegios, pero si de pensiones que alcanzan hasta los 40
salarios mínimos. Lo que hay que hacer es que el Estado
se pare y diga: “Bueno señores: ¡sí
usted quiere vivir como rico, entonces pague un fondo de pensiones
privado. La Seguridad Social del Estado solo le garantizará
de 5 a 10 salarios mínimos para que viva dignamente.
Esto para equilibrar la carga pensional de los 500.000 trabajadores
jubilados de uno y dos salarios mínimos que sobreviven
con pensiones atrasadas, dizque porque no hay plata!”,
concluyó el actuario Restrepo.
|
