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El decano
de la Facultad de Medicina de la Universidad Ces, Jorge Julián
Osorio Gómez, resaltó del informe del Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), el actual incremento
de cobertura del régimen subsidiado de 23.24%, pero señaló
que es importante analizar que hacia futuro ésta no se
amplíe con la estrategia de subsidios parciales, lo que
significaría aumento de cobertura a expensas de disminución
de servicios a cubrir, e implicaría mayor carga hacia
la oferta y unas mayores pérdidas para las empresas del
Estado.
También anotó que la ampliación de cobertura
con recursos propios no es lo más ortodoxo para las finanzas
de las provincias, ya que esto indica una desconcentración
económica del centro hacia la periferia, lo que daría
una perspectiva de control de déficit fiscal pero con
sacrificio local.
El directivo aclaró además que se avista hacia
el futuro la reducción en el número de Administradoras
de Régimen Subsidiado (ARS), pues comparando el decreto
515/04, la resolución 581/04 y el informe, se puede deducir
que quedarán aproximadamente 8 ARS, siempre y cuando
exista una adecuada hermenéutica jurídica.
Algunas lagunas
Según Osorio Gómez, el informe deja ver indicadores
indirectos de que continúan las fallas en el control
del sistema, tal y como lo indica el hecho de que aún
no se haya implementado el concepto de giro sin situación
de fondos establecido por el decreto 050/03, y añade
que lo mismo debe estar ocurriendo con el giro excepcional de
UPC-S.
Otro aspecto que indicó debería investigarse con
mayor profundidad, es el análisis de densidad familiar
y salarial, ya que el informe parece indicar la persistencia
de un fenómeno de selección adversa y de concentración
de riesgo por parte de algunas EPS.
También señala que debió incluirse un informe
sobre los costos operativos extramédicos
de la tutela, ya que existe una desviación de fondos
para el pago o defensa de coberturas invocadas por este recurso
legal.
Finalmente, explicó que el hecho de existir excedentes
en la Subcuenta de Prevención y Promoción del
Fosyga y su ejecución en años posteriores, implica
que se están sacrificando vigencias presentes para cumplir
ejecuciones futuras; además, sugirió analizar
con detalle el por qué se concentra la contratación
de recursos de promoción y prevención en pocas
instituciones. |
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Informe del CNSSS
se
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limita al tema de aseguramiento
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| Resumen
del documento elaborado por el doctor Antonio Yepes Parra |
El
ex viceministro de salud, Antonio Yepes Parra, afirma que el
informe 2003-2004 del Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud (CNSSS), refleja de manera palmaria la carencia de una
filosofía de la salud y la falta de decisión para
construir colectivamente una política pública
de protección social.
Asegura el directivo que el hecho de no abordar el proceso salud-enfermedad
de manera integral en el marco de los sectores sociales del
desarrollo, hace correr el riesgo, tal como lo demuestra el
informe, de limitarse al tema del aseguramiento, que no obstante
ser importante, es sólo un aspecto de un asunto social
de gran complejidad.
¡Ojo con los dineros de la salud!
Critica también Yepes Parra, el incumplimiento de las
diferentes administraciones del orden nacional al llamado paripassu
(peso a peso), pues el informe de la Subcuenta de Solidaridad
del Fosyga deja ver que en el rubro Aporte del presupuesto NacionalParipassu
se apropiaron $131.980 millones y no se recaudó nada,
y en el rubro Minhacienda-deuda Paripassu se apropiaron $121.644
millones y se recaudó el 32.15%, y para tratar de enmendar
el atropello se pagaron por parte del Ministerio de Hacienda
$82.624 millones como parte de la deuda acumulada en la sola
vigencia de 2003, sin contar la deuda acumulada en los años
anteriores. Esto, unido al hecho de que el Ministerio de Hacienda
tiene el 59.58% invertidos en títulos de deuda pública
(TES), y entre bancos comerciales e hipotecarios y las corporaciones
financieras suman un 31%.
De la información y otras deficiencias
Asevera el doctor Yepes que la información dentro del
sistema sigue constituyendo un gran escollo para su adecuado
funcionamiento, y que el deficiente proceso de giro y reporte
de información por parte de los entes territoriales no
se ha podido corregir con la expedición del decreto 050
de 2003, que no ha tenido real aplicación
Yepes Parra agrega que para la información estadística
del Consejo se utiliza el concepto de cobertura frente a las
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), cuando en el
sistema se utiliza el Sisbén para la asignación
de subsidios, lo cual genera datos de muy difícil interpretación,
como el cuadro de afiliación y cobertura del régimen
subsidiado en marzo de 2004, en el cual aparecen varios departamentos
con más de 100% de cobertura.
Para el ex ministro, una responsabilidad que el Consejo no ha
cumplido es la evaluación y actualización permanente
del Plan Obligatorio de Salud (POS), frente al comportamiento
de la situación epidemiológica del país:
El Consejo se ha limitado a la evaluación de la
UPC, abandonando el enfoque epidemiológico, buscando
resultados inmediatos, sin proyección a largo plazo,
requisito esencial en una política social; además,
el Comité Técnico de Medicamentos y Evaluación
de Tecnología, como asesor del Consejo, se ha limitado
a actividades rutinarias y a la solución de problemas
coyunturales, sin plantear una política pública
estructural en temas de tanto significado dentro del sistema.
¿Excedentes en subcuenta de
promoción?
Otro aspecto en el que hace hincapié el doctor Yepes,
es la ejecución de los dineros de la Subcuenta de Promoción,
toda vez que de un 100% de recursos apropiados solo se ejecutó
el 83.56%, destinando por ende excedentes de esta subcuenta
a otros programas de salud pública colectiva que, exceptuando
la adquisición de biológicos para el Programa
Ampliado de Inmunizaciones (PAI), no han tenido mayor impacto.
Finaliza el doctor Yepes Parra señalando que la misma
integración del Consejo (trece miembros más asesores
y funcionarios), con la participación mínima de
los usuarios, no permite un funcionamiento ágil, y se
corre el riesgo de que en algunos casos se recurra a ese organismo
a defender los intereses de determinado sector, cuando allí
se toman decisiones que tienen que ver con la garantía
del respeto a los derechos sociales de todos los colombianos,
como lo establecen las normas de la Carta Política. |
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