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Antes
de 1990, los maestros no tenían un régimen unificado
en salud y existía cierto desorden en la afiliación
y atención de los maestros: los antiguos maestros nacionales
estaban afiliados a Cajanal, mientras los demás eran
afiliados a Cajas Departamentales de Previsión, al
Seguro Social, a divisiones de salud de algunas cajas de compensación
o eran adscritos a los servicios departamentales de salud,
por ejemplo en Antioquia, que los atendía el sistema
hospitalario público departamental; cada educador entonces,
era atendido en su ente territorial (departamento) por alguna
institución.
Con la Ley 91 del 28 de diciembre del 1989, que empezó
a regir el 1° de enero de 1990, se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, que se encarga de
atender las prestaciones por salud, pensiones y riesgos profesionales
de los maestros, o sea que asume cierta especie de funciones
de Empresa Promotora de Salud -EPS-, Administradora de Fondos
de Pensiones -AFP- y Administradora de Riesgos Profesionales
-ARP-.
El Fondo encarga a la Fiduciaria La Previsora la realización
de unas convocatorias abiertas para empresas prestadoras del
servicio de salud que deseen atender el servicio de los maestros,
y que deben cumplir unos requisitos técnicos, jurídicos
y financieros, además de estar inscritas en el Ministerio
de Salud como empresas aptas para prestar dicho servicio a
nivel nacional.
Esa convocatoria se hace por departamento, se venden unos
términos de referencia para cada uno, las IPS interesadas
los compran y hacen una oferta para atender los maestros y
sus familias. En este momento, la Fiduciaria tiene tantos
contratos como departamentos, y otro más para el Distrito
Capital de Santa Fe de Bogotá.
Esa convocatoria se publica en los medios nacionales de información
y en algunos periódicos regionales; en los pliegos
se especifica a las IPS cuáles son los términos
de referencia sobre población a atender, inclusive
con una composición por sexos, número de beneficiarios,
recursos disponibles para atender ese contrato, duración
del mismo, y a su vez, éstas deben acreditar unos requerimientos
mínimos de red de servicios, niveles de prestación,
medicina ocupacional, sistemas de información, y programas
de promoción y prevención en salud que deben
asumir en el contrato. Las empresas se seleccionan mediante
unos sistemas de porcentajes mínimos que deben cumplir
y se gana el contrato la empresa con más alto puntaje.
La mayoría de contratos en este momento están
vigentes por 18 meses, o sea que terminan en diciembre de
2003, y a medida que van terminando se hacen nuevas convocatorias.
Aportes
Los aportes que recibe el Fondo de Prestaciones del Magisterio
son de 5% que pone el maestro de su salario y 8% que pone
el Estado. Con ese 13% se tiene que financiar la salud y el
sistema pensional de los maestros; la distribución
que la Fiduciaria hace de esos dineros es entre 8 y 9% para
salud, según el valor del contrato, porque hay contratos
que valen más de 9%, otros que valen menos.
Por mandato de la Ley 100, el 1% de esos recursos se tienen
que transferir al FOSYGA para el Fondo de Solidaridad, o sea
que se suma alrededor de 10%, y el 3% restante es lo que se
acumula en el Fondo Pensional para responder por la creciente
deuda de pensiones en el magisterio. Así las cosas,
ese 3% no alcanza ni alcanzará para cubrir ese déficit,
que es el problema actual más importante que arrastra
el Fondo de Prestaciones en Pensiones, porque se trata de
unos aportes realmente insuficientes. En el régimen
general, las pensiones valen el 13.5%, es decir que los maestros
están un 10.5% por debajo del aporte que hace el resto
de empleados y trabajadores en Colombia, lo que tiene al borde
del colapso al Fondo y sus reservas técnicas.
Retomando el tema de salud, antes se determinaba el valor
de los contratos departamentales por porcentajes, pero si
la nómina de un departamento era más profesional
que la de otro departamento, el porcentaje del primero, así
tuvieran el mismo número de maestros, era mucho más
alto que en el otro donde la nómina era menos profesional,
porque ganaba menos según el escalafón. Para
corregir el tema de la inequidad que presentaba el porcentaje,
se procuró establecer un valor de la atención
por grupo familiar en cada departamento, procurando mantener
el mismo a nivel nacional para ofrecer una oferta integral
y similar de servicio a todos los maestros del país.
Plan de beneficios
A los maestros se les ofrece un servicio de salud integral,
no tienen que hacer copagos ni pagar cuotas moderadoras, los
hijos se atienden integralmente hasta los 18 años en
algunos departamentos y en otros hasta los 23 o 25 años
si están estudiando en la universidad.
Se considera una atención integral, porque no tienen
limitaciones en la atención, ni exclusión de
enfermedades ni de preexistencias; en medicamentos no hay
exclusiones, porque se dispone de un vademécum nacional,
pero en caso de necesitar un medicamento que no se consigue
en el país, se trae del extranjero con cargo a los
recursos del Fondo de Prestaciones. Igual sucede con las prótesis
o aparatos. Se procura reforzar el tema de la promoción
y la prevención, además de manejar niveles de
administración que racionalicen la frecuencia de la
consulta médica para controlar gastos.
A los pacientes de alto costo se les cubren todos los gastos
en los términos de referencia que tienen las empresas
contratistas, porque una de las exigencias que se les hace
es el garantizar la atención en nivel 4 y el reaseguro
para casos de enfermedades catastróficas; sin embargo,
hay algunas excepciones que son cubiertas directamente por
el Fondo, como tratamientos para el -VIH- sida, implante coclear,
medicamentos o prótesis especiales que es necesario
importar, trasplantes, entre otros.
En este momento están afiliados al Fondo alrededor
de unos 270.000 mil educadores, a los cuales debe garantizar
el cubrimiento en salud junto con su grupo familiar.
Problemas en contrataciones
El servicio de salud para el magisterio ha presentado algunas
complicaciones; en el departamento de Antioquia por ejemplo,
el sistema evolucionó de manera abrupta. El servicio
de salud de la caja de compensación de Comfenalco atendió
durante 10 años, de 1990 al 2000, la población
del magisterio y sus hijos hasta el primer año de vida;
en el año 2000, la caja de compensación Comfama
entró a competir por ese contrato, ofreciendo la atención
de los hijos hasta los 18 años, lo que dobló
sin embargo la población a atender con los mismos recursos.
Comfenalco ofreció lo mismo y atendió los hijos
también hasta los 18 años, pero el año
de operaciones con este sistema al parecer le dejó
pérdidas por cerca de $3.000 millones, por lo que se
retiraron. Comfama vuelve a competir ofreciendo atención
a los hijos hasta los 25 años y se gana el contrato,
pero en unos 16 meses de ejercicio declaró haber perdido
casi $6.000 millones, por lo que también se retiró.
Ahora la atención la presta la Fundación Médico
Preventiva, de Santander, que tiene experiencia en contratos
del magisterio en varias regiones del país, como en
el departamento del César, donde atienden los maestros
desde 1990, y otros más como Atlántico, Santander.
Esta empresa tiene experiencia en manejar los recursos limitados
que le entregan en cada contrato, aplica controles para el
uso de los servicios y por ello, los educadores de Antioquia
pasaron de tener un servicio como el de Comfenalco donde todo
se les daba de manera expedita a pasar por una serie de filtros
para acceder al servicio de manera racional. Comfama en cambio,
atendía por eventos y todo maestro era atendido en
cualquier clínica que deseara con solo presentar el
carnet, pero ese sistema no soportó el gasto, porque
si se tienen 100 pesos para atender 100 personas, no se puede
gastar más de esos 100 pesos ante el peligro de la
quiebra. Se trata entonces de destinar los recursos para atender
a cada usuario, con un promedio por persona y arduo trabajo
gerencial, administrativo y operativo. Además, se ofrece
el servicio para los hijos hasta los 25 años, mientras
en otros departamentos la atención es hasta los 18
años. Antioquia pasó de tener afiliados los
hijos hasta 1 año de edad, a tenerlos hasta los 25,
pero eso sí, con el mismo recurso financiero.
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