MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 5    NO 48   SEPTIEMBRE DEL AÑO 2002    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

"En general lo que están buscando es cambiar todos los regímenes: en salud, en pensiones, en todo, modificar los sistemas especiales. Todo va en esa dirección", dijo el crítico económico, Eduardo Sarmiento.
Para el analista, la intención de eliminar los regímenes especiales del nuevo gobeierno nacional, "continua con la política de recorte de privilegios de los trabajadores, de 'botar' la gente, quitarle las pensiones, eso es un poco la orientación, no nos digamos mentiras".
Aunque enfatizó que todavía no hay un proyecto de ley anunciado, el tema no tiene mucha estimación entre los servidores públicos y la discusión será ardua, pero "aún resta esperar a que se presente la propuesta al Congreso, porque eso no lo puede sacar el Gobierno por decreto.
"La Ley 100 fracasó en muchos aspectos: la gente no tiene acceso adecuado a los sistemas de salud, se redujo la cobertura en el sistema de pensiones, nada de eso funcionó y ahora se pretende hacer una serie de reformas que no arreglarán lo que dañaron", indicó.
Para el crítico económico, Colombia está sumergiéndose en un modelo de seguridad social que no ha redimido los problemas en América Latina. "Se dice que en Chile es donde mejor ha funcionado el modelo, pero operado muy mal, pues ha degenerado graves problemas financieros a las instituciones. Ello, sin hablar de Argentina donde ha sido la debacle".
La privatización de la salud y la seguridad social que ha resultado de la Ley 100, es para Eduardo Sarmiento un concepto equivocado, un fracaso.
"El sistema de privatización de la salud, bajó la calidad del servicio médico y lo grave es que la mayor parte de los beneficios en materia de salud, quedaron entre los intermediarios financieros", concluyó.

Contraloría “raja”
al sistema de salud militar
De inequitativo, falto de información y de organización para el funcionamiento, fue calificado en un informe sectorial de la Contraloría General de la Nación, la operación del sistema de salud de las fuerzas militares.
Un análisis de la situación de los subsistemas de salud en que se fundamentan la prestación de este servicio en las fuerzas militares y realizado por la Contraloría, dice que la operación en el último lustro ha hecho que se revalúe la operación de los regímenes especiales de salud.
Junto con el Magisterio y los empleados de Ecopetrol, el sistema de salud de las fuerzas militares constituye un caso especial, pues son regímenes por fuera de la Ley 100 de 1993, que han operado en forma distinta al resto del sistema de salud.
Sin embargo, el esquema ha tenido dificultades financieras, organizacionales y fiscales. Aunque se ha superado algunas de ellas, el sistema ha obligado a que cada fuerza maneje y planee su propio servicio de sanidad.
"No hay un eje central, -según el informe sectorial-, que contraste con el esfuerzo fiscal del Gobierno Nacional para el mantenimiento de este esquema de exclusividad. Esfuerzo que implica un aumento real de los recursos destinados desde el presupuesto para la ejecución de estas actividades". Sólo en el año 2000, la dirección de sanidad militar ejecutó $193.442 millones, sin incluir el costo del personal que presta servicios en la dirección.
Por otra parte, advierte la Contraloría, el principio en el que se fundamenta la existencia del régimen especial está dado por el carácter de la actividad de los militares y de la policía que enfrenta el conflicto social y el control del orden público, pero los subsistemas incluyen personal que no está expuesto a estas situaciones y que cumplen funciones burocráticas y de oficina de las dependencias de las Fuerzas Armadas. De los 536.335 afiliados que figuraban inscritos en el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares al año 2000, un 10% trabajan en dependencias o áreas que no los involucraba directamente en el conflicto armado y de orden público en el país.
"No existe una verdadera concepción de conjunto organizacional, pues cada una de las fuerzas administra según sus propias necesidades las infraestructuras existentes, los recursos humanos, técnicos y financieros", advierte el ente fiscalizador.
Para la Contraloría, debido a la complementariedad que existe entre los servicios que prestan las instituciones de salud de las fuerzas del orden, se desperdicia la capacidad instalada.
Añade el informe que es grave la falta de información de la que adolecen los subsistemas y que esta carencia no solo está relacionada con bases de datos sobre afiliados, atenciones, etc, sino con el control de las cuentas que sistemáticamente deberían rendirse a entidades como la Superintendencia de Salud para controlar el gasto.
Esta condición requerida a las instituciones de salud privadas, no se cumple en las dependencias oficiales que controlan el orden público en Colombia y contempladas en el Sistema General de Salud.
"Los establecimientos de Sanidad militar no necesitan calcular ninguna clase de costos. No calculan índices de eficiencia, productividad, eficacia, impacto, calidad y equidad, pues la gestión militar se limita a gastar el presupuesto. Además deben gastarlo en su totalidad, para no sufrir recortes presupuestales en el año siguiente", concluye el informe de la Contraloría.
“Es aspiración del capital financiero
nacional e internacional”: USO
Para los alrededor de 5.000 trabajadores vinculados a Ecopetrol, la intención de eliminar los regímenes especiales de salud y de pensiones, es una aspiración del capital financiero internacional y nacional para apropiarse de mas recursos.
Rodolfo Gutiérrez, presidente de la Unión Sindical Obrera -USO-, dijo que "aprobar las pretensiones del Gobierno sería conceder conquistas obreras de mas de cincuenta años y acabar con las garantías básicas de los trabajadores, para favorecer el capital financiero".
Desde hace catorce años, el Gobierno de turno ha trabajado para reforzar el modelo neoliberal en este país, explico el líder sindical, al informar que en lo que respecta a Ecopetrol, el régimen pensional está resuelto gracias al Fondo creado para ello y que hoy tiene $4 billones.

Estos recursos permitirán responder al pasivo pensional estimado en $7.2 billones, pues las proyecciones para el 2007 así lo aseguran y por lo menos estará saneado el 75% del pasivo.
Al evaluar la intención del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, el dirigente sindical aseguró: "No compartimos las reformas que se han hecho y en especial la de salud y de seguridad social, porque no es bueno entregar a manos del capital privado una responsabilidad tan grande".
De hecho, agregó que un estudio realizado hace cuatro años conjuntamente con Ecopetrol y la organización sindical, demostró que comparativamente con las EPS y el servicio prestado en forma directa por la empresa, la atención con un régimen especial como el que ahora tienen les reportaba a los trabajadores un 70% de mejor calidad y a la empresa un ahorro del 30% en costos.
A los operarios petroleros diseminados en las 25 estaciones del oleoducto, las dos refinerías y más de diez centros de producción en el país, la salud no les cuesta un peso, excepto el 1% del salario que aportan para el Fondo de Solidaridad y Garantía.
En cambio, los operarios petroleros reciben atención integral en materia de salud directamente con la empresa, que a su vez contrata con médicos, especialistas y clínicas para garantizar la salud de sus trabajadores.
"Es un servicio sin limitaciones, que incluye desde médico general hasta hospitalización, traslado ambulatorio, especialistas, exámenes y cobertura total para cualquier enfermedad".
No obstante, al parecer subsisten problemas debido a las contrataciones con especialistas, por la calidad de los contratos que recientemente ha realizado Ecopetrol con médicos y hospitales.
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