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La
Ley 647 del 28 de febrero de 2001, modificó el artículo
57 de la Ley 30 de 1992, estableciendo que el carácter
especial del régimen de las universidades estatales
u oficiales, incluiría la organización y elección
de su propia seguridad social en salud y que ese sistema propio
sería organizado por la universidad como una dependencia
especializada, con una estructura de dirección y funcionamiento
establecida para el efecto. Sin embargo, las universidades
pueden abstenerse de organizarlo, para que sus servidores
administrativos y docentes, y sus pensionados o jubilados,
elijan libremente su afiliación a las entidades promotoras
de salud previstas por la Ley 100 de 1993.
La administración y financiamiento de estos sistemas
debe realizarla la propia universidad, con las cotizaciones
en los términos y límites máximos previstos
en el inciso 1° del artículo 204 de la Ley 100.
El sistema puede prestar directamente servicios de salud y/o
contratarlos con otras instituciones prestadoras de servicios
de salud.
Estos nuevos sistemas solo pueden tener como afiliados a los
miembros del personal académico, a los empleados y
trabajadores, y a los pensionados y jubilados de la respectiva
universidad, garantizando el principio de libre afiliación;
esta afiliación se considerará equivalente para
los fines del tránsito del sistema general de la Ley
100 al sistema de las universidades o viceversa, sin permitirse
afiliaciones simultáneas.
Para efectos de beneficiarios y plan de beneficios, las universidades
deben tener en cuenta los contenidos esenciales previstos
en el Capítulo III de la Ley 100 y el aporte de solidaridad
será efectuado según lo establece el artículo
204 de la misma ley.
Según el Informe Anual del Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud a las Comisiones Séptimas de Senado
y Cámara de Representantes para el periíodo
2000-2001, el hecho de que las universidades públicas
que funcionaban como entidades adaptadas se convirtieran en
régimen especial acogiéndose a la Ley 647, impidió
en dicho período el ingreso financiero potencial de
más de $10.000 millones a la Subcuenta de Compensación
del FOSYGA, contribuyendo a su desbalance. Este hecho fue
calificado por muchos voceros del sector como una muestra
de insolidaridad con el sistema de salud por parte de unas
entidades como las universidades, que deberían ser
ejemplo y modelos de solidaridad, por ser instituciones de
instrucción superior donde se está formando
a los colombianos.
La Universidad de Antioquia fue la primera en constituirse
en entidad aparte del sistema de seguridad social en junio
de 2001 y poco después le siguieron otras universidades.
Ya en el Informe del Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud al Congreso para el período 2001-2002, el
CNSSS señaló que de las 30 entidades que adelantaron
el proceso de adaptación en 1997, solo 12 continúan
compensando y prestando sus servicios (abril 30/2002), y de
estas, por efecto de la Ley 647 que le permite a las universidades
públicas convertirse en régimen especial, se
impidió el ingreso de recursos superavitarios a la
Subcuenta de Compensación por valor cercano a los $20.000
millones anuales; sin embargo, por pronunciamiento del Consejo
de Estado, las universidades públicas que operaron
como entidades adaptadas, deben compensar al FOSYGA por todo
el tiempo transcurrido hasta el 28 de febrero de 2001.
En este panorama, veamos ahora como están funcionando
los nuevos sistemas de salud en algunos claustros oficiales
del país.
Caja de Previsión Social
de la Universidad de Cartagena
Con un presupuesto anual de $3.000 millones y con un superávit
presupuestal de $800 millones, funciona en este momento la
Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena.
La entidad, con 37 años de antigüedad, se transformó
hace 8 años en una EPS que comenzó con pocos
afiliados y en este momento cuenta con 2.325 adscritos.
En 1965, la Universidad creó su propio sistema de salud
y en 1994 lo reformó ajustándose a la Ley 100;
desde ese entonces, la Caja tiene autonomía administrativa
y financiera, es una EPS creada por ordenanza departamental
en 1994, con personería jurídica y financiera,
que presta servicios de IPS de primer nivel, y el segundo
y tercero lo compra a proveedores externos, clínicas
y hospitales de la ciudad, públicos y privados.
Relata el doctor David Osorio, gerente de la entidad, que
"antes de la Ley 100 los sistemas de salud de las universidades
eran sistemas de seguridad social que se definían de
acuerdo con las convenciones de los trabajadores; de cualquier
manera eran sistemas inequitativos, porque en algunas cajas
de previsión se les daba mas beneficios que en otros,
solo había cobertura para los hijos y los costos eran
sumamente altos, pues hasta se le daban cosméticos
a la gente".
Esta situación se empezó a revertir con la Ley
100 de 1993 y la Ley 647 de 2001: con la primera se aumentó
la cobertura al grupo familiar y se le dio una estructura
más organizada a la entidad, y con la Ley 647 se logró
evitar el giro de los aportes al sistema de salud y se permitió
la entrada de nuevos afiliados a la EPS universitaria, lo
que para el caso de la Caja de Previsión Social de
la Universidad de Cartagena, le salvó la vida.
Explica el doctor Osorio, que en estos momentos la entidad
busca su punto de equilibrio, tanto en número de afiliados
como en situación financiera, ya que ésta es
una época de transición propiciado por la Ley
647; se están adelantando programas de mercadeo con
el fin de que el 20% de los trabajadores vinculados a la universidad
que pertenecen a otras EPS, se afilien a la Caja. Además,
para generar ganancias adicionales, se venden servicios y
se distribuyen los medicamentos que están fuera del
Plan Obligatorio de Salud a precio del productor, se descuentan
los costos por nómina, se venden consultas con tarifa
SOAT a los familiares que no pueden estar afiliados, entre
otros.
Después de la Ley 647...
Según el doctor David Osorio, gerente de la Caja, gracias
a la Ley 647 y a la no compensación (que sumaba $900
millones anuales), se disminuyeron a los afiliados cargas
como el pago de diferencias, y con el dinero destinado a la
compensación se comenzaron a adquirir medicamentos
de mejor calidad, se ha mejorado la atención a los
usuarios y se logró pasar de una cartera de 90 días
a una de 30 días.
Para el futuro, la mayor perspectiva es capitalizarse con
el fin de asegurar la supervivencia de la entidad, que no
está exenta de tener que atender de imprevisto un número
alto de enfermedades costosas como la insuficiencia renal,
cáncer y otras, cuyo represamiento en caso de debilidad
financiera podría llevarlos a la quiebra.
Programa de Salud de la Universidad
de Antioquia
Luego de funcionar como una entidad adaptada y de haber sido
con la Universidad de Cartagena las únicas universidades
que en calidad de adaptadas compensaron efectivamente al sistema
hasta febrero de 2001, el año anterior el Consejo Superior
autorizó la constitución del Programa de Salud
de la Universidad de Antioquia, como una entidad aparte del
sistema general de seguridad social en salud.
Desde entonces ha venido consolidándose financieramente,
hasta tener hoy día un fondo de salud de $6.000 millones.
En la actualidad cuenta con un número aproximado de
7.400 afiliados y se espera que con las facultades de la Ley
647 y la expedición de algunos acuerdos del Consejo
Superior el pasado mes de julio, ingresen unos 7.500 usuarios
más que en este momento se encuentran vinculados a
otras EPS.
Según el doctor Luis Eivar López, coordinador
de este Programa de Salud, la Universidad de Antioquia es
la que tiene el plan más bajito de todas las universidades,
porque mientras algunas se gastan 3 y 4 Unidades de Pago por
Capitación -UPC- al año por usuario, en la Universidad
de Antioquia apenas es de 1.4 UPC por usuario al año.
Ha sido un reto grande mostrarle al sistema que a través
de un contrato de capitación en todos los niveles de
atención, se ha logrado mantener un costo, ofreciendo
inclusive un programa más amplio que el Plan Obligatorio
de Salud -POS-, con costos mínimos dentro de una banda
que permite margen de maniobra.
Al dejar de compensar al sistema de salud el año anterior,
se invirtieron esos dineros en iniciativas que hoy son el
respaldo financiero que la soporta, dice el doctor López:
"No se compensa al sistema, sólo se mantienen
los aportes de solidaridad; eso generó para la universidad
unos ingresos muy importantes para la salud, lo cual permitió
presentar un proyecto al Consejo Superior para la creación
de un fondo de salud, que quedó reglamentado y debe
tener el 20% de las cotizaciones. A la fecha es un fondo de
$6.000 millones, es un fondo patrimonial capitalizable en
5 años y que le da un soporte financiero al programa
de salud de la Universidad; otro elemento importante fue crear
un plan de salud que equivaldría al POS de la Ley 100,
que de entrada tiene el POS básico y una serie de actividades
y elementos que se fueron aprobando por convenciones colectivas
o por aprobación del Comité Técnico Científico".
Este plan de la Universidad incluye beneficios como un Manual
de Medicamentos más amplio, psicoterapia individual
y prolongada, estudio y tratamiento de alergias, tratamiento
de foniatría, entrega de aparatos ortopédicos,
sillas de ruedas, stents intravasculares, audífonos
y lentes intraoculares y para queratocono, auxilio para lentes
de contacto y para lentes cada vez que se requiera, cubrimiento
de urgencias en el exterior y no cobro de copago ni de cuotas
moderadoras, entre otros.
La prestación de servicios se contrata con la IPS Universitaria,
creada hace 3 años junto con la Fundación para
el Apoyo a la Universidad de Antioquia, y que funciona bajo
normatividad privada y en forma autónoma. Con ella
se contrata todo el plan de salud, atiende directamente primer
y segundo nivel y el resto de atenciones las contrata con
otras IPS de más alta complejidad. Se esperaba que
alcanzara el punto de equilibrio en 6 años y al parecer
se adelantará para este tercer año de funcionamiento.
A la entidad se le monitorea la calidad en el servicio: en
48 horas debe dar cita con médico general, para especialistas
en 5 díasy todas las consultas no programadas, paramédicas,
sicología y optometría, por debajo de 72 horas.
Acerca de la recurrente acusación contra los sistemas
de seguridad social de las universidades por una presunta
insolidaridad al dejar de compensar al sistema, el doctor
Luis Eivar López respondió que los altos niveles
de optimización en el servicio alcanzados por la entidad
son el mejor argumento ante la no compensación: "Si
se trabaja con eficiencia y hacemos rendir recursos para una
población importante y grande, estamos mostrando que
hay eficiencia y eso le tiene que costar algo al sistema"
CAPRUIS
Capruis, la Caja de Prevision Social de la Universidad Industrial
de Santander (UIS) funciona desde 1970, en abril de 1994 delegó
el reconocimiento de las pensiones de sus servidores en el
Consejo Superior Universitario y en 1995 hizo lo mismo con
el pago de cesantías, dedicándose así
de manera exclusiva a la seguridad social en salud de los
servidores y pensionados de la Universidad.
Cuenta el doctor Gonzalo Patiño, gerente de la entidad,
que en febrero de 1996 Capruis fue autorizada para funcionar
como entidad adaptada, en éste momento cuenta con 3.109
usuarios de los cuales 1.228 son afiliados cotizantes y 1.881
son beneficiarios. Presta los servicios de salud de nivel
uno a los servidores activos y pensionados de la institución
y a su grupo familiar, y las demás especialidades las
presta con médicos adscritos a la Caja.
Capruis no compensa al sistema, pues según lo explica
su gerente, el doctor Gonzalo Patiño, no tienen afiliados
compensados por no ser una EPS ni una entidad adaptada, ya
que después de la Ley 647, del acuerdo 024 de 2001
del Consejo Superior de la Universidad y de dos sentencias
de la Sala Plena de la Corte Constitucional, tiene un sistema
propio de excepción de Seguridad Social en Salud, que
no contempla la compensación.
Después de la Ley 647, la Caja fue ratificada como
persona jurídica, con patrimonio, rentas, organización
y dirección propios. Se financia con las cotizaciones
de sus afiliados de la Universidad Industrial de Santander
y su principal expectativa es la consolidación como
una de las mejores entidades de salud en su género.
UNISALUD
El servicio de salud de la Universidad Nacional funciona como
Caja de Previsión desde 1946, atendiendo salud y prestaciones
económicas; en 1993 se separaron estas dos funciones
y ahora solo presta servicios de salud. En 1995 Unisalud se
convirtió en una entidad adaptada, en 1997 dejó
de serlo por efectos del Acuerdo 69 de 1997 que reglamentaba
la autonomía universitaria y ahí tomó
su forma actual.
Según la doctora Maria Nella Ortiz, directora de Unisalud
Bogotá, el funcionamiento de la entidad es satisfactorio
en lo financiero y en lo social. En Bogotá, Unisalud
contaba con 13.313 afiliados hasta junio de éste año,
en toda Colombia son cerca de 20.000 personas. El año
anterior invirtieron en gastos de salud más de $13.000
millones.
Acerca de la compensación al sistema, la doctora Maria
Nella Ortiz explicó que Unisalud no se vio en obligación
de realizarla porque no alcanzaron a hacerla: según
la Ley 100, ésta compensación debía iniciarse
el 23 de diciembre de 1996 y el Acuerdo 69 del Consejo Superior
que salió el 1° de septiembre de 1997 ya había
determinado que no se debía compensar. Actualmente,
la entidad presta servicios de primer nivel y tiene IPS contratadas
con cerca de 400 médicos adscritos. Las instalaciones
en Bogotá funcionan con 15 médicos generales,
3 enfermeras, ginecólogo, pediatra, ortopedista, 3
optómetras, 10 odontólogos y un laboratorio
clínico.
La Directora no quiso referirse de manera directa a las reservas
financieras de Unisalud, pero explicó que se tienen
reservas para eventualidades y poseen reaseguro de enfermedades
hasta por $50 millones.
Hoy en día, el 76% de los empleados de la Universidad
Nacional en Bogotá están afiliados a Unisalud
y al igual que en otras entidades, allí se adelantan
planes para lograr que el número de adscritos ascienda
hasta el 100% del personal de la universidad. La planta de
empleados de esta Caja fue congelada hace varios años
y en este momento opera con 75 empleados, incluyendo a los
especialistas.
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