Ya va tomando cuerpo la idea de eliminar o al menos limitar los privilegios que tienen los regímenes especiales que hoy existen en la seguridad social, específicamente para las Fuerzas Armadas, el magisterio y Ecopetrol. Es posible que se expongan razones para mantener unas condiciones superiores a las que tiene el 52% de los colombianos y totalmente desbordadas frente a las que tienen el 48% restante, que no tienen empleo, no son beneficiarios y no han logrado conseguir un cartón del Sisben, pero que como los demás mortales, también crecen, se reproducen y mueren, eso sí, en silencio. En el actual sistema de seguridad social, por la modalidad de acreditación de derechos, unos no tienen derechos, otros los tienen restringidos y otros más, tienen todos los derechos que nadie tiene. El componente pensional y el componente de salud de la seguridad social deben revisarse a la luz de lo que es la Nación y a la luz de la realidad del país. Suena por lo menos odioso que en la situación actual que vive Colombia, se otorguen a algunos, por la razón o por la fuerza, condiciones superiores. En realidad, no se solucionará el problema de injusticia igualando para todos los beneficios que la mayoría tiene, pero no quedará el mal sabor de la discriminación franca y de pésimo gusto que hay con el grueso de personas, colombianos todos, hijos de la misma tierra, con la misma sangre, igual lengua e idénticas costumbres. El componente pensional arrastra grandes diferencias desde hace muchos años; diferencias que se han venido mermando ante la evidencia de lo injusto e inequitativo de sus beneficios. Y esto sí puede atribuirse en gran parte, además de la toma de conciencia, a la Ley 100 de 1993. No así el componente de salud. Aquí la misma ley fue la quien ahondó diferencias y creó otras nuevas y nos precipitó en la crudeza de la acreditación de derechos, todos diferentes al fundamental y esencial cual es el de ser colombiano y estar enfermo. Los hospitales constatan día a día la situación que viven miles y miles de conciudadanos que no pueden relatar ante ningún médico su enfermedad, pues no logran burlar las porterías porque no sacan de su bolsillo ningún papel diferente al de su cédula de ciudadanía. Por eso no se les concede a esos pacientes ni un minuto para explicar su cara de dolor o la palidez de su rostro. Esto lo saben médicos, enfermeras, bacteriólogas, trabajadoras sociales, directivos, todo el personal de salud, incluidos los estudiantes. Y también lo sabe el Ministerio de Salud, la Superintendencia del ramo, la Defensoría del Pueblo, las personerías, las direcciones seccionales, las secretarías de salud, en fin, todos. Todo el mundo sabe que cientos y cientos de pacientes no pueden exhibir ningún documento ni acreditar ningún derecho en los hospitales y clínicas, y por tanto ningún pagador recibe las facturas pasadas por su atención; los prestadores aprendieron eso y en consecuencia, los pacientes no son admitidos. Ante tan vergonzosa ignominia, sólo EL PULSO ha alzado la voz de protesta. El mercado de la salud -mercado la volvieron- es así: duro, impersonal, frío, terrible; hijo este comercio, de la teoría neoliberal y de la economía de la salud, y expósito de las sociedades médicas y de los tribunales de ética médica. Es terrible. Ya sí es tiempo de poner en el banco de trabajo toda esa maquinaria monstruosa y hacer los cambios que la gente necesita y por los que clama, y no por los que están asentados en modelos sobre premisas exclusivamente económicas y financieras, ajenos al sentimiento, al dolor, a la angustia y a la soledad, porque la salud y sus servicios sólo tienen sentido y razón en función del ser humano. Y es tiempo también de ajustar todo lo concerniente a los regímenes especiales en el campo pensional. Siendo todos de la misma patria, no hay hijos de mejor patria.