Periódico EL PULSO

En esa ley se van a colocar las pautas o las reglas del juego en relación con las prestaciones económicas derivadas del accidente de trabajo y la enfermedad profesional. "Hay varias tesis: una de reformar todo el sistema y otra que plantea cambiar o adecuar los artículos que fueron declarados inexequibles por la Corte", afirmó Carlos Luis Ayala, Asesor Jurídico del Ministerio de Trabajo.
Cabe anotar que la Corte no tumbó las normas del decreto 1295 porque fueran contrarias a la Constitución, sino porque estableció que el gobierno se excedió en las facultades extraordinarias que se le habían entregado para organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Artículos inexequibles
La Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió declarar inexequibles los siguientes parágrafos y artículos del Decreto 1295 de 1994:
En el artículo 34, que define el derecho a las prestaciones, declaró inexequibles los parágrafos 1 y 2, por cuanto se refieren a asuntos relacionados con las prestaciones y, que no forman parte de la administración del sistema.
Los Artículos 36: incapacidad temporal; 39: reincorporación al trabajo; 40: incapacidad permanente parcial; 42: monto de la incapacidad permanente parcial; 45: reubicación del trabajador; 46: estado de invalidez; 48: monto de la pensión de invalidez; 50: monto de la Pensión de Sobrevivientes en el Sistema General de Riesgos Profesionales; 51: monto de las Pensiones; y 53: devolución de saldos e indemnización sustitutiva, fueron declarados inexequibles por cuanto regulan situaciones que tienen que ver con el régimen de las prestaciones, para lo cual no estaba facultado el Ejecutivo.
El Artículo 37 y sus parágrafos, que normatizan el monto de las prestaciones económicas por incapacidad temporal, fueron declarados inexequibles por cuanto modifican el monto de las prestaciones económicas, para lo cual tampoco tenía facultades el Ejecutivo.
El inciso 2º del Artículo 41 se declaró inexequible, por estimar que el gobierno nacional se excedió en las facultades al regular situaciones como la declaración de incapacidad permanente y parcial, que tienen que ver con el régimen prestacional.
Los artículos 49, 52 y 54 se declararon inexequibles, por cuanto no obstante limitarse solamente a remitirse y/ o reproducir el contenido de los artículos 47, 14 y 86 de la Ley 100 de 1993, se refieren a temas que regulan situaciones que tienen que ver con el régimen de las prestaciones, para lo cual no tenía facultades el Ejecutivo.
En cuanto al artículo 52 relacionado con el reajuste de las pensiones, la Sala estimó que es necesario precisar, que se declara inexequible por el exceso en la potestad que tenía el Presidente de la República para expedir el decreto impugnado, ya que esta materia no estaba contemplada dentro de la norma habilitante. Pero, la Corte dejó claro, que el derecho al reajuste periódico de las pensiones está previsto y consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política.
En cuanto al artículo 53, se declaró inexequible por modificar lo previsto en los artículos 253 y 256 de la Ley 100 de 1993, excediéndose en las facultades, pues lo regulado en estos no forma parte de la administración del sistema sino del sistema mismo.
El artículo 96 también fue declarado inexequible por comprender una materia no prevista en forma expresa en la ley de facultades, como es lo relacionado con la prescripción de los derechos derivados del sistema de riesgos profesionales.
Debe tenerse en cuenta que la Corte decidió inhibirse de pronunciarse con relación a los cargos formulados por vulneración a los artículos 25, 48, 53 y 98, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Sin efectos inmediatos
La decisión de la Corte sobre la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, no producirá ningún efecto inmediato sobre las actuales condiciones del Sistema, al menos hasta el 17 de diciembre de 2002, tiempo en el cual se espera que el Congreso expida la nueva legislación, ya que en caso de no expedirse antes de esta fecha, se volvería a las normas del Instituto de Seguros Sociales en la materia antes de la Ley 100.
Las Administradoras de Riesgos Profesionales entretanto, ya le ratificaron a sus afiliados la garantía de continuar prestando sus servicios normalmente.
En el país están afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales cerca de 3,7 millones de trabajadores, quienes gracias al fallo tendrán que recibir mejoras en sus condiciones.
Según Jorge Bernal, anterior Director de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo, el fallo podría llevar a una reorganización de todo el sistema, pues existe la posibilidad de que el pago de las cotizaciones deba ser revisado, además de una factible redefinición del concepto de accidente de trabajo y de enfermedad profesional.