MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 5    NO 48   SEPTIEMBRE DEL AÑO 2002    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Normas de riesgos
profesionales: en suspenso

Algunos artículos del decreto 1295 de 1994, que determinan la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Esto podría quitarle piso jurídico al decreto, pues "afecta la visión global de la financiación del sistema e implica una redefinición del concepto de riesgo profesional", aseguró el anterior director de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo, Jorge Bernal.
Los efectos de la sentencia fueron diferidos hasta el 17 de diciembre de 2002, para que el Congreso expida una nueva ley sobre la materia regulada en el decreto 1295.

En esa ley se van a colocar las pautas o las reglas del juego en relación con las prestaciones económicas derivadas del accidente de trabajo y la enfermedad profesional. "Hay varias tesis: una de reformar todo el sistema y otra que plantea cambiar o adecuar los artículos que fueron declarados inexequibles por la Corte", afirmó Carlos Luis Ayala, Asesor Jurídico del Ministerio de Trabajo.
Cabe anotar que la Corte no tumbó las normas del decreto 1295 porque fueran contrarias a la Constitución, sino porque estableció que el gobierno se excedió en las facultades extraordinarias que se le habían entregado para organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Artículos inexequibles
La Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió declarar inexequibles los siguientes parágrafos y artículos del Decreto 1295 de 1994:
En el artículo 34, que define el derecho a las prestaciones, declaró inexequibles los parágrafos 1 y 2, por cuanto se refieren a asuntos relacionados con las prestaciones y, que no forman parte de la administración del sistema.
Los Artículos 36: incapacidad temporal; 39: reincorporación al trabajo; 40: incapacidad permanente parcial; 42: monto de la incapacidad permanente parcial; 45: reubicación del trabajador; 46: estado de invalidez; 48: monto de la pensión de invalidez; 50: monto de la Pensión de Sobrevivientes en el Sistema General de Riesgos Profesionales; 51: monto de las Pensiones; y 53: devolución de saldos e indemnización sustitutiva, fueron declarados inexequibles por cuanto regulan situaciones que tienen que ver con el régimen de las prestaciones, para lo cual no estaba facultado el Ejecutivo.
El Artículo 37 y sus parágrafos, que normatizan el monto de las prestaciones económicas por incapacidad temporal, fueron declarados inexequibles por cuanto modifican el monto de las prestaciones económicas, para lo cual tampoco tenía facultades el Ejecutivo.
El inciso 2º del Artículo 41 se declaró inexequible, por estimar que el gobierno nacional se excedió en las facultades al regular situaciones como la declaración de incapacidad permanente y parcial, que tienen que ver con el régimen prestacional.
Los artículos 49, 52 y 54 se declararon inexequibles, por cuanto no obstante limitarse solamente a remitirse y/ o reproducir el contenido de los artículos 47, 14 y 86 de la Ley 100 de 1993, se refieren a temas que regulan situaciones que tienen que ver con el régimen de las prestaciones, para lo cual no tenía facultades el Ejecutivo.
En cuanto al artículo 52 relacionado con el reajuste de las pensiones, la Sala estimó que es necesario precisar, que se declara inexequible por el exceso en la potestad que tenía el Presidente de la República para expedir el decreto impugnado, ya que esta materia no estaba contemplada dentro de la norma habilitante. Pero, la Corte dejó claro, que el derecho al reajuste periódico de las pensiones está previsto y consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política.
En cuanto al artículo 53, se declaró inexequible por modificar lo previsto en los artículos 253 y 256 de la Ley 100 de 1993, excediéndose en las facultades, pues lo regulado en estos no forma parte de la administración del sistema sino del sistema mismo.
El artículo 96 también fue declarado inexequible por comprender una materia no prevista en forma expresa en la ley de facultades, como es lo relacionado con la prescripción de los derechos derivados del sistema de riesgos profesionales.
Debe tenerse en cuenta que la Corte decidió inhibirse de pronunciarse con relación a los cargos formulados por vulneración a los artículos 25, 48, 53 y 98, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Sin efectos inmediatos
La decisión de la Corte sobre la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, no producirá ningún efecto inmediato sobre las actuales condiciones del Sistema, al menos hasta el 17 de diciembre de 2002, tiempo en el cual se espera que el Congreso expida la nueva legislación, ya que en caso de no expedirse antes de esta fecha, se volvería a las normas del Instituto de Seguros Sociales en la materia antes de la Ley 100.
Las Administradoras de Riesgos Profesionales entretanto, ya le ratificaron a sus afiliados la garantía de continuar prestando sus servicios normalmente.
En el país están afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales cerca de 3,7 millones de trabajadores, quienes gracias al fallo tendrán que recibir mejoras en sus condiciones.
Según Jorge Bernal, anterior Director de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo, el fallo podría llevar a una reorganización de todo el sistema, pues existe la posibilidad de que el pago de las cotizaciones deba ser revisado, además de una factible redefinición del concepto de accidente de trabajo y de enfermedad profesional.

Qué piensan algunas ARP Privadas
Para la Federación de Aseguradores Colombianos -FASECOLDA-, que agrupa a las 14 Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP- privadas, la declaración de inexequibilidad de algunos artículos del decreto 1295 de 1994, que regula el Sistema General de Riesgos Profesionales, no generará cambios en el sistema, ni a corto ni a mediano plazo.
William Fadul, Presidente Ejecutivo del gremio, explicó que el alto tribunal declaró inconstitucional sólo una parte de los artículos del Decreto-ley 1295 de 1994, en especial aquellos relativos a las definiciones y montos de las diversas prestaciones económicas que rigen los riesgos profesionales, más no tumbó la validez jurídica de todo el sistema. Por ende, los trabajadores afiliados al Sistema de Riesgos Profesionales están protegidos.
El Directivo de Fasecolda también recalcó que el contenido del fallo no produce efectos inmediatos y no tiene ninguna implicación en materia de afiliación de las empresas a su respectiva ARP.
En opinión de José Octavio Jaramillo, empleado de ARP Colpatria Medellín, el Sistema sigue soportado en el decreto 1295, pues sólo algunos artículos fueron declarados inexequibles. Las ARP privadas están a la espera de si el gobierno alcanza a presentar una ley antes del 17 de diciembre de este año, como lo estipuló la Corte Constitucional, aunque es posible que ante las reformas que el actual gobierno debe adelantar, como la Pensional, tal vez no alcance a presentar dicha ley y, por lo tanto, los artículos declarados inexequibles serían reemplazados por la legislación anterior, es decir la del Seguro Social. En todo caso, el sistema seguiría soportado.
ARP Colmena, anunció públicamente que el fallo sobre el artículo 1295 no altera ni produce ningún efecto sobre las condiciones actuales de funcionamiento de la ARP, por lo que continuará prestando sus servicios normalmente.
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